Hacienda no trata igual a todos los que practican deporte. La crisis y las necesidades perentorias de ingresos que generó al sector público desembocaron en un marco fiscal desigual, que garantiza un tipo reducido del 10% para los servicios prestados en instalaciones públicas, pero que penaliza con un 21% los contratados en instalaciones privadas. Así es desde el paquete fiscal de emergencia aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que decretó una elevación general de los tipos del IVA (del 8% al 10% en el tramo reducido y del 18% al 21% en el general) y una reducción drástica de los servicios encuadrados en el tipo reducido del 10%, que también afectó a la rúbrica de 'servicios deportivos prestados a personas físicas'.
Han pasado siete años desde entonces y los sucesivos gobiernos han ido recuperando el tratamiento fiscal favorable para algunos de los servicios 'penalizados' en el pack fiscal de 2012. No ha sido el caso de las instalaciones deportivas privadas, que en vísperas del 10-N quieren volver a poner en el foco en la opinión pública la necesidad de 'normalizar' su carga fiscal como estrategia "para fomentar el acceso a la actividad física y luchar contra el sedentarismo y la obesidad".
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), la patronal que agrupa a las principales empresas gestoras de instalaciones deportivas de España y que preside Adolfo Ruiz Valdivieso -propietario hasta hace poco de la cadena Go Fit Fisico- , lleva meses reivindicando ante el Consejo Superior de Deportes, el ministerio del ramo e incluso el Ministerio de Hacienda la corrección de esta anomalía fiscal que establece un régimen tributario distinto para los usuarios de instalaciones deportivas según el tipo de gestión pública o privada de éstas. Sin éxito. También han llevado sus reivindicaciones a los partidos políticos. Siempre han recibido comprensión y buenas palabras, pero hasta la fecha no han logrado que sus peticiones se trasladen a la ley.
Lo que reivindican es volver al tipo reducido del 10% para los servicios que ofrecen a sus usuarios o, en su defecto, establecer algún tipo de deducción fiscal del mismo modo que ocurre en países como Alemania, donde la inversión de los ciudadanos en practicas actividades deportivas se premia con una desgravación en cuota de hasta 450 euros.
"Los usuarios de instalaciones deportivas sufren el máximo impositivo en España, a pesar de que deciden invertir parte de sus ingresos en practicar actividad física en instalaciones adecuadas con profesionales especializados", explica Alberto García Chápuli, gerente de la asociación empresarial. El argumentario de FNEID hace especial hincapié en la contribución de las instalaciones deportivas a la promoción de un modo de vida activo y a la lucha contra el sedentarismo y la obesidad, y en los ahorros potenciales que esta actividad física puede generar el sistema sanitario. Desde ahí califican de incomprensible que mientras el marco fiscal establece un tipo reducido del 10% para las consumiciones de alcohol que se sirven en espectáculos en vivo, grave con un 21% la actividad deportiva en sus instalaciones. "No tiene sentido".
La medida no solo beneficiaría a los gimnasios. FNEID representa a todas las instalaciones deportivas privadas, así que también se aplicaría a piscinas de gestión privada, campos de golf, pistas de padel, pistas de esquí..."En un país de servicios y tan orientado al turismo como España, tener un tipo de IVA del 21% también es una barrera al desarrollo del cada vez más demandado turismo deportivo", asegura García Chápuli.
Retornos y bajada de tarifas
Más aún cuando la factura fiscal para las arcas públicas de recuperar el tipo del 10% apenas superaría los 40 millones de euros. FNEID recuerda que la subida de IVA del año 2012 proporcionó 40 millones de euros a las arcas públicas, pero a cambio aceleró el cierre de 800 instalaciones y mandó al desempleo a un tercio de la masa laboral del sector. Por contra, la organización recurre a datos del propio Consejo Superior de Deportes para poner de manifiesto que cada euro de más invertido en actividad física representa un ahorro de casi tres euros en gasto público sanitario y farmacéutico, al reducirse el riesgo de padecer enfermedades.
El asunto no es menor a la luz de los datos de los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud sitúa el sedentarismo como el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel global, especialmente en las sociedades desarrolladas, y los datos de las estadísticas oficiales señalan que más de 6,5 millones de adultos y cerca de un millón de niños padecen obesidad.
Las proyecciones del sector indican que una rebaja fiscal, que las empresas del sector se comprometen a acompañar con una reducción generalizada de tarifas al contrario de lo que ocurrió con el cine, podría incrementar hasta un 30% el volumen de usuarios de instalaciones deportivas, lo que 'arrastraría' a hacer deporte a una cuarta parte de esa bolsa de inactivos de la ciudadanía española.
El sector apoya también su reivindicación en el 'benchmarking' europeo, donde son pocos los países que no incentivan desde el ámbito fiscal la práctica deportiva como política de prevención sanitaria. El escenario varía entre la exención total que tienen las actividades deportivas en el IVA en Austria, al tipo del 6% que aplica Suecia -el país con una mayor penetración social de la práctica deportiva- o el del 19% en Alemania, que sostiene su modelo de incentivos fiscales en una desgravación de hasta 450 euros en la cuota por la inversión realizada en mantenimiento físico en un ejercicio cualquiera.
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