El Gobierno ha dado un golpe de timón a su agresivo plan fiscal para amortiguar los efectos de la crisis sanitaria sobre la economía. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, avanzaba este jueves que la subida generalizada de impuestos que planteaba el programa conjunto de la coalición progresista se verá modulada en los próximos Presupuestos Generales del Estado y fuentes gubernamentales confirmaban a La Información que el planteamiento del Ejecutivo pasa ahora por esperar a constatar la recuperación de la actividad para acometer el alza prevista en determinadas tasas que pactaron el PSOE y Unidas Podemos.
"Cuando el crecimiento sea sólido se recuperará la senda de reducción del déficit", afirmaba Calviño en una entrevista televisiva. El cambio en la hoja de ruta tributaria del Gobierno, que ha pasado de apostar por un incremento generalizado de la presión fiscal en figuras como Sociedades o IRPF a acometer solo "algunos retoques", según matizan fuentes gubernamentales, se justifica como un respaldo al tejido productivo. No es el momento, en definitiva, de ahogar a empresas y al conjunto de los contribuyentes con más impuestos, sino de darles un respiro para que puedan recuperarse del agujero que ha provocado en las rentas la pandemia de la Covid-19.
Si esta filosofía impera en la redacción del proyecto de ley que está preparando el Ministerio de Hacienda en colaboración con todos los departamentos gubernamentales, se aleja la posibilidad de emprender una nueva subida de las cotizaciones a la Seguridad Social. Los empresarios han insistido al Ejecutivo en numerosas ocasiones en que "las crisis no se financian con impuestos, sino con deuda pública", en palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y en la advertencia de que, ante las dificultades que plantea el momento actual y la incertidumbre con que encaran los próximos meses, un excesivo incremento de los costes laborales sería insoportable para el grueso del tejido empresarial.
Hay que recordar que el Gobierno ya aparcó la subida de las cotizaciones sociales prevista para este año, precisamente, por el estallido de la pandemia. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenía preparado un Real Decreto Ley que no llegó a llevar al Consejo de Ministros. La decisión se tomó 'in extremis' y la medida se aparcó 'sine die'. Según explicaron entonces fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá, con el objetivo de no perjudicar a los sectores empresariales ante la situación excepcional, la actualización del cuadro de las cotizaciones se guardó en el cajón y se dio prioridad al diseño del escudo que se desplegó para proteger a empresas y trabajadores a través de los ERTE, los créditos ICO, la prestación para autónomos, aplazamientos fiscales...
El cuadro que había propuesto en febrero el recién estrenado ministro Escrivá contemplaba una subida de las bases máximas de cotización del 2,8%, según un borrador inicial del Real Decreto Ley al que tuvo acceso La Información. A ese incremento se sumaría el alza de las bases mínimas del 5,5% vinculado al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Gobierno acababa de subir hasta los 950 euros. Los empresarios cargaron contra la nueva subida de cotizaciones, porque en 2019 ya soportaron una escalada del 22,3% de las bases mínimas y del 7% en las máximas. Escrivá matizó que finalmente el alza para 2020 se situaría en el entorno del 2%, en línea con la evolución de las subidas salariales pactadas en los convenios.
Sin embargo, desde principios de año y especialmente tras la irrupción de la pandemia, los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos no han hecho más que retroceder. En los convenios suscritos este año han caído al 1,69% y las previsiones apuntan a que en los próximos meses se situarán más cerca del 1% que del 2%, un desplome que empezará a notarse en 2021, ya que en las estadísticas de 2020 pesan mucho los convenios firmados en ejercicios anteriores que siguen desplegando sus efectos este año. Ante esta evolución, los propios sindicatos admiten que, a la hora de negociar, la prioridad va a ser conservar las plantillas y, en muchos casos, la congelación de las nóminas va a ser inevitable. En definitiva, garantizar la viabilidad de las unidades productivas y el mantenimiento del empleo van a ser los grandes objetivos de próximas negociaciones.
Ante este panorama, en el último trimestre del año el Gobierno debe empezar a negociar con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2021. Aunque son acuerdos que no suelen cerrarse antes de finales de diciembre e incluso principios de enero, tanto la patronal como los sindicatos empiezan meses antes a definir sus posturas. En esta ocasión, la negociación se presenta compleja porque generalmente se suele ligar (al menos sobre el papel) la subida del SMI a aspectos relacionados con la evolución de la productividad y de la economía en general, y los meses venideros están cargados de incertidumbre. Al menos, en eso coinciden tanto el Ejecutivo como los representantes empresariales y sindicales.
La idea del Gobierno era llevar el SMI progresivamente hasta los 1.200 euros, al final de la legislatura, en base a la recomendación de la Carta Social Europea que indica que el salario mínimo debe suponer el 60% del salario medio nacional. El Ejecutivo quería avanzar ya este año hasta los 1.000 euros, pero finalmente la presión de las patronales redujo la cuantía hasta los 950 euros. Queda, por tanto, un largo camino para alcanzar una meta que por culpa de la pandemia parece más lejos, según admiten incluso desde los sindicatos, que se muestran dispuestos a aceptar avances moderados para capear la crisis. La patronal, de su lado, no aceptará un encarecimiento de los costes laborales, si bien asumen que la cuestión va a generar controversia dentro del Ejecutivo, entre el espíritu de Bruselas que encarna Calviño y el ala más progresista, y finalmente optarán por "retoques estéticos".
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