El ERE anunciado ayer por CaixaBank ha caído como un jarro de agua fría entre los empleados del sector y, también, en el Palacio de La Moncloa, donde el ajuste que pretende ejecutar el banco recién fusionado ha encendido todas las alarmas. El anuncio del Expediente de Regulación de Empleo más grande de la historia de la banca española -con 8.291 despidos y el cierre de 1.534 oficinas- ha abierto un frente entre el Ejecutivo y un sector que desde hace algún tiempo maneja los recortes como una fórmula para actualizar sus negocios.
En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, ha pedido este miércoles a los bancos "responsabilidad" para buscar todas las alternativas que minimicen el impacto negativo sobre el empleo de las fusiones, especialmente cuando se producen al tiempo que se pagan sueldos y bonus "inaceptables" a los directivos. De hecho, los despidos y, consecuentemente, el cierre de oficinas bancarias en todo el país comparten espacio temporal con la presentación de resultados de los grandes bancos y la retribución millonaria de no pocos de sus directivos, que se ven incrementados con suculentos bonus económicos.
Para la vicepresidenta, son "inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a directivos" de entidades financieras, porque se trata de remuneraciones "que no se corresponden con la situación económica del país y aun menos en entidades que anuncian fuertes recortes de personal y cierres de oficinas". Calviño ha añadido que ha compartido "esta preocupación" con las entidades financieras y con el Banco de España.
Las reflexiones de Calviño son un paso más en la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a los movimientos bancarios. Según ha podido saber La Información, Moncloa lleva advirtiendo desde hace tiempo a las entidades del tremendo impacto social que provocan anunciando recortes cuando, poco antes o poco después, se airean los salarios de los equipos directivos. La vicepresidenta ha verbalizado este escenario en el Congreso al asegurar que la destrucción de empleo en el sector supone una destrucción de valor y pérdida de capital humano para España "que no podemos permitirnos".
Ahora que se abre el periodo de negociación del ERE de CaixaBank, Economía seguirá marcando "claramente" una línea para que se minimice el impacto negativo sobre el empleo, que atendiendo a las cifras que maneja la entidad fusionada contemplan la salida de un total de 8.291 trabajadores en todas las provincias de España, salvo en Zamora.
Rentabilidad, competencia y digitalización
Calviño ha explicado también que desde hace tres años el Gobierno ha venido advirtiendo al sector de que la pérdida de rentabilidad y los retos derivados de la creciente competencia y el proceso de digitalización iban a exigir determinadas medidas, aunque siempre minimizando el impacto en el empleo. El ERE comunicado ayer por CaixaBank, que afecta a un 18% de la plantilla, ha explotado como una bomba en un momento en el que la crisis por la Covid afecta a la mayor parte del empresariado español.
La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno ha "instado" a "buscar y trabajar activamente en alternativas" y "hacer todo lo posible" para evitar los despidos, que fruto de los últimos recortes afectarían ya a más de 18.000 trabajadores bancarios en todo el Estado.
Podemos presiona a Calviño
Unidas Podemos reclama que el Estado utilice su participación en CaixaBank, el FROB dispone del 16% de la entidad fusionada, para promover un cambio en defensa del empleo y el interés público. Los socios de Gobierno se posicionan de esta forma en contra del ERE anunciado por la entidad que afectará a 8.291 trabajadores y solicitan al Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño una actitud más dura con respecto al expediente iniciado.
"La representación del Estado en el Consejo de la entidad no puede asentir pasivamente a esta decisión, sino que debe usar su participación para promover un cambio en la actitud de la dirección, defendiendo el empleo y el interés público", indican fuentes moradas después de que la propia vicepresidenta segunda hubiera anunciado esta misma mañana que el Gobierno tratará de "minimizar" las salidas.
"Creemos que este no es el momento más adecuado para llevar a cabo un proceso de ajuste del empleo tan fuerte como el que se plantea", añaden desde el área morada en el Ejecutivo que lidera la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. "Conviene recordar que a este ERE, en caso de que continúe adelante, se le aplicará la denominada cláusula Telefónica, que impide que se destinen recursos públicos, vía prestaciones de desempleo, para financiar parte de su coste", advierten las mismas fuentes.
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