El Gobierno está valorando suavizar su propuesta de subida de impuestos a las rentas del ahorro en el IRPF e introducir un retoque a la baja respecto al incremento pactado con Podemos e incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, según han asegurado a La Información varias fuentes del ámbito fiscal al tanto de las negociaciones. El planteamiento que se ha cocinado en el área socialista del Ejecutivo pasa por retocar a la baja el esquema previsto de establecer un tipo incrementado del 27% sobre los rendimientos de capital mobiliario que rebasen el umbral de los 140.000 euros anuales - que según las estimaciones del Ejecutivo solo alcanzaría al 0,5% de los contribuyentes que declaran rendimientos de capital - para dejar ese tipo incrementado en el 26% y aplicarlo solo a los rendimientos por encima de los 200.000 euros.
La maniobra dejaría el tipo máximo sobre el ahorro en España más en línea con los existentes en Alemania (25%) o Italia (26%) y lo dejaría también por debajo del tipo incrementado del 27% que implantó Cristóbal Montoro en su reforma fiscal del año 2012...para las rendimientos superiores a 24.000 euros. Además no afectaría de forma significativa a la previsión de recaudación que en su día el Gobierno estimó en unos 400 millones.
El marco actual, fruto de la segunda reforma del IRPF de la era Rajoy, establece una escala progresiva de tres tipos, que parte del 19% para los rendimientos de capital hasta los 6.000 euros; continúa con un tipo del 21% para los rendimientos entre 6.001 y 50.000 euros; y fija un tipo máximo del 23% para los rendimientos que superan el umbral de los 50.000 euros. El acuerdo entre PSOE y Podemos planteó un cuarto escalón para los rendimientos por encima de los 140.000 euros, a los que se gravaría con un tipo incrementado del 27%.
Según las fuentes consultadas, la propuesta de suavizar ese escenario parte de la voluntad de tener un guiño con los ahorradores a los que el Ejecutivo ya prevé propinar un severo tijeretazo a través del recorte de los beneficios fiscales sobre las aportaciones a planes de pensiones privados, como ya avanzó La Información, y posiblemente también a través de nuevas medidas de penalización a otros instrumentos de ahorro como las sicav o las socimi. Los ahorradores sufren también la amenaza del efecto indirecto que puede tener sobre ellos otra medida fiscal como la implantación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras que este martes completó su recorrido en el Senado sin ningún cambio apreciable y que será aprobado por el Congreso en los próximos días e incluido en la previsión de ingresos de los Presupuestos de 2021, según admitió este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La inestabilidad del marco fiscal al ahorro en España
La escasa estabilidad del tratamiento fiscal al ahorro en España es una de las quejas recurrentes de los sectores económicos que viven de gestionar los ahorros de los españoles. Desde que en el año 2002, el Gobierno de José María Aznar decidiera tributar un tratamiento fiscal menos gravoso a los rendimientos derivados de los depósitos bancarios, los dividendos empresariales, los cobros de seguros o los incrementos patrimoniales - que hasta esa fecha tributaban según el tipo marginal de rendimientos del trabajo de cada contribuyente- los tipos del ahorro han experimentado cinco reformas...siempre para encarecer su tratamiento fiscal.
La reforma del IRPF de 2002 fijó un tipo único del 15% para los rendimientos del ahorro, que desde entonces siempre han tenido en el marco fiscal un tratamiento más favorable que los rendimientos del trabajo. En 2007, y tras un animado debate sobre si las rendimientos del capital debían tener o no un tratamiento diferenciado respecto a las rentas del trabajo, el Gobierno de Zapatero decidió mantener el trato diferenciado sobre las rentas del capital, que muchos veían entonces como uno de los principales atractivos del sistema fiscal español, pero elevando el tipo de referencia al 18%.
Luego sobrevinieron las crisis y los intentos de los sucesivos Ejecutivos de obtener recaudación extra por la vía de incrementar el gravamen sobre los rendimientos del capital. Zapatero desdobló en 2009 la imposición de las rentas del capital en dos tramos, uno del 19% para los rendimientos hasta 6.000 euros y otro del 21% para los que excedieran esa frontera. El modelo fue ampliado en 2012 por el Gobierno Rajoy, que elevó hasta el 21% el tipo mínimo del ahorro y creó una triple escala con otro tipo del 25% para los rendimientos por encima de los 6.000 euros y otros del 27% para los que excedieran los 24.000 euros. Tres años después, ya superado lo peor del proceso de consolidación fiscal aprobó un repliegue de esas medidas en dos fases, que desembocó en el esquema actual.
Las maniobras para conseguir recursos por esta vía no han tenido mucho éxito. Es cierto que el primer año tras la reforma de Cristóbal Montoro se ingresaron 6.447 millones de euros por rendimientos del capital, pero también es cierto que esa cima marcó el inicio de un declive que ha llegado hasta el año pasado cuando según los datos del Ministerio de Hacienda se ingresaron 4.794 millones de euros por este concepto.
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