El Gobierno admite que el acuerdo sobre pensiones dilatará el déficit del sistema

Si en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy se puso manos a la obra para tratar de resolver por la vía rápida el preocupante agujero financiero que la Gran Crisis de hace una década abrió en el sistema público de pensiones a base de contener de forma radical las inercias de gasto del sistema, el principio de acuerdo en materia de pensiones alcanzado este lunes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con CEOE y los sindicatos ha optado por cambiar de forma sustancial la manera de enfocar el 'problema de las pensiones'. Para empezar los números rojos del sistema - que el año pasado rondaron los 15.000 millones de euros -  ya no se observan como un problema sino como una consecuencia necesaria del envejecimiento de la población y, por tanto, la idea del acuerdo no es acabar con el déficit de las pensiones sino hacer lo posible por conseguir que éste sea sostenible a medio y largo plazo.

Así lo han trasladado fuentes de la Seguridad Social en un briefing informativo para explicar las medidas acordadas con empresarios y sindicatos, avanzadas por La Información la pasada semana, en el que han admitido que el acuerdo alcanzado no va a contribuir a reducir el desequilibrio financiero del sistema, sino que bien al contrario es más que probable que ensanche la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema de aquí al año 2050. Argumentan, en este sentido, que el hecho de que los gastos del sistema vayan a crecer en los próximos años sobre el gasto actual no quiere decir que éste incremento no pueda ser sostenible.

Un informe sobre el futuro de las pensiones difundido la semana pasada por el 'think tank' Fedea y que contó con la participación de los principales expertos académicos en la materia del país concluía, a partir de lo que se había ido conociendo hasta entonces del acuerdo sobre pensiones, que estaba claro que éste iba a garantizar a futuro la suficiencia de las prestaciones del sistema de pensiones, pero que no estaban tan claro que garantizar su sostenibilidad. Se hacía esta reflexión a propósito de la recuperación del IPC como referencia oficial a la hora de calcular la revalorización anual de las pensiones, una medida que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, pero que también incrementa la presión financiera sobre el sistema.

Fuentes de la Seguridad Social han admitido este lunes que, según los cálculos realizados por el Ministerio de Economía, la revalorización de las pensiones con el IPC va a añadir a largo plazo 2,5 puntos de gasto extra al sistema y también que las medidas incluidas en el acuerdo para compensar este sobrecoste apenas dan para cubrir la mitad del mismo y siempre que sirvan para elevar la edad real de jubilación en dos años de aquí a 2050. Se abre ahí una brecha que según las explicaciones proporcionadas este lunes desde la Seguridad Social se cubrirá en última instancia con recursos procedentes de los Presupuestos del Estado, al menos a corto plazo.

Incentivos para un cambio de cultura a la hora de jubilarse

A medio y largo plazo, el departamento que dirige José Luis Escrivá confía en que las medidas impulsadas desde Seguridad Social sirvan para fomentar un cambio de cultura en el modo en que los españoles dejan atrás el mercado laboral. Para animar ese cambio de paradigma, Seguridad Social ha decidido actuar en varios flancos. Por ejemplo, estableciendo incentivos más apetitosos para conseguir que los trabajadores que quieran prolongar su vida laboral tengan argumentos financieros de peso para hacerlo. Por ello Escrivá ha insistido en establecer un pago único de hasta 12.000 euros para los trabajadores que decidan continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación: de 65 o 66 años, en función del periodo cotizado, pero que se irá hasta los 67 años de aquí a 2027.

Seguridad Social confía en que esa medida anime a los trabajadores a prolongar su vida laboral. Y confía también en que las nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada que entrarán en vigor en 2024 sean lo suficientemente disuasorias - pueden llegar a recortar la pensión a la que se tiene derecho hasta en un 21% - como para resolver esa anomalía del sistema español de pensiones según la cual el 40% de los trabajadores se jubilan antes de la edad en que correspondería según la legislación vigente. Ésta es, de hecho, la medida incluida en el acuerdo que de forma más decidida apuesta por reducir los costes del sistema. Escrivá quería que entrara en vigor ya el 1 de enero de 2022, pero la presión de empresarios y sindicatos ha hecho que se retrase al 1 de enero de 2024 para evitar que afecte a los trabajadores que salgan expulsados del mercado de trabajo en los procesos de ajuste que las empresas están llevando a cabo

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Uno de los problemas del acuerdo puede ser precisamente que mientras las medidas que agrandarán la cuenta de gastos del sistema, como la revalorización de las pensiones con el IPC, se van a aplicar de forma inmediata, las que están pensadas para contenerla se han ido retrasando a medida que avanzaban las negociaciones. Así ha ocurrido con las penalizaciones a la jubilación anticipada, con la entrada en vigor del futuro 'factor de equidad intergeneracional', llamado a ser el dispositivo clave para modular el incremento de gastos del sistema de pensiones y cuya entrada en vigor no se espera hasta el año 2027; o con el nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, que según algunas fuentes podría aportar hasta 400 millones de euros anuales al sistema, pero cuya entrada en vigor - también progresiva- no se producirá hasta 2023.

El asunto es peliagudo porque la Comisión Europea ya advirtió al Gobierno en sus comentarios sobre el Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre los costes extra que podrían generar las negociaciones abiertas con los agentes sociales en materia laboral y de pensiones, porque en Bruselas no gusta que se vaya a desmontar la reforma de 2013 - propiciada desde allí - y porque estamos en medio de un proceso en que la llegada de fondos a España depende del cumplimiento de las recomendaciones de país que formulan los funcionarios europeos. El enfoque del Gobierno es que su reforma busca el reequilibrio del sistema a medio y largo plazo y que los posibles desequilibrios financieros que se generen a corto deben ser asumidos con impuestos.

De hecho, lo que sí prevé el acuerdo es que el proceso de asunción de los llamados 'gastos impropios' del sistema de Seguridad Social por parte del Estado se adelante al año 2022, lo que conseguirá que al menos sobre el papel el desequilibrio contable del sistema público de pensiones salga mucho mejor en la foto.