Es un cálculo imposible. La crisis del coronavirus ha dado un golpe tan fuerte, rápido y directo a la economía española que cualquier estimación sería precipitada y seguramente desacertada. La cascada de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se inició ayer tras la publicación del real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis del Covid-19 va a suspender cientos de miles de contratos laborales. Fuentes del área económica del Gobierno estimaban el lunes que más de un millón de personas se podrían ir al paro, si bien a última hora del día de ayer, tras constatar la avalancha de ERTES en la Dirección General de Trabajo, ya admitían que la cifra podría ser incluso superior.
Cuánto va a costar esta escalada masiva de parados es un misterio dentro del propio Ejecutivo, que aún se resiste a comunicar públicamente el desembolso que va a suponer tanto el incremento de las prestaciones por desempleo para dar cobertura a todos los afectados por ERTE, incluso aunque no cumplan el mínimo de cotización previa, como la exoneración de las cotizaciones sociales que se ha habilitado para las empresas (del 100% para las de menos de 50 trabajadores y del 75% para las que cuenten con plantillas superiores).
Fuentes gubernamentales transmitían de manera extraoficial el martes tras la celebración del Consejo de Ministros que dio luz verde al real decreto ley que el impacto presupuestario de las medidas adoptadas en el ámbito laboral sería de unos 5.000 millones de euros solo durante el primer mes en vigor, si bien esta cifra no ha sido confirmada de manera oficial por ninguno de los ministerios responsables de este paquete del plan de choque, ni el de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz ni el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que pilota José Luis Escrivá. Ambos departamentos admiten que internamente contemplan varios escenarios, pero no aportan datos.
El problema es que la situación es tan excepcional que ha requerido de un plan de choque sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. El Gobierno ha comprometido la mayor inyección de dinero nunca vista para hacer frente al Covid-19 y apaciguar su impacto en la salud y en la economía: hasta 200.000 millones de euros. Pero por el momento se desconoce la cantidad que se va a destinar a financiar los ajustes temporales de plantilla en los que van a incurrir miles de empresas porque el monto final dependerá de la afectación que esta crisis acabe teniendo en las compañías y no es posible saber cuántas van a solicitar ERTE (ni cuántos trabajadores van a incluir) hasta que no se tramiten.
La patronal y los sindicatos habían pedido la creación de un fondo extraordinario para financiar estas medidas sin mermar las cuentas de la Seguridad Social, y de hecho esa opción se está estudiando en estos momentos, según confirman fuentes gubernamentales, pero por ahora como solución de emergencia las medidas en materia laboral se van a cargar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los sindicatos han aplaudido las medidas adoptadas en el real decreto ley publicado ayer, si bien la patronal guardaba silencio a última hora del día, pendientes, según revelaban fuentes de la CEOE, de recibir algunas aclaraciones del Ministerio de Trabajo sobre el contenido del texto legal.
El Sepe, desbordado
Mientras el Gobierno sigue echando cuentas, el personal del Sepe está desbordado. Fuentes sindicales advierten de que "está todo colapsado". Tras verse obligadas a cerrar al público por la situación decretada por el estado de alarma, las oficinas han habilitado la tramitación electrónica de todas las gestiones, pero el sistema no da abasto y las líneas telefónicas están saturadas. "La cola del paro es ahora virtual", ironiza una funcionaria de una oficina madrileña. Hay que aclarar que los trabajadores del Sepe tienen la indicación de tramitar de oficio las altas como demandantes de empleo de los afectados por los ERTE.
El Gobierno es consciente de que los funcionarios del Sepe están trabajando a destajo y de que ahora más que nunca sería necesario el demandado refuerzo de la plantilla de la red de oficinas, pero las fuentes gubernamentales consultadas lamentan que en estos momentos no pueden incorporar personal porque no pueden hacer pruebas selectivas en la situación actual. Y lo mismo pasa con la Inspección de Trabajo, que tiene un papel fundamental en la tramitación de los ERTE para garantizar que las empresas no aprovechan esta crisis para acogerse a un ajuste de plantilla innecesario subvencionado por el Estado.
La ministra Díaz insiste en que la Dirección General de Trabajo está vigilando todas las solicitudes de ERTE para asegurar que cumplen con las condiciones establecidas en el real decreto ley, pero ella misma admitía ayer que la avalancha de ERTE es "abrumadora" y pedía a las empresas, en particular a las grandes, "responsabilidad" a la hora de utilizar este instrumento. Si bien un día antes Pedro Sánchez hacía un llamamiento a los empresarios para hicieran uso de las facilidades que ponía el Estado a su disposición para optar por los ERTE frente a los despidos definitivos ante el cierre de negocios y la caída de actividad derivada de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes.
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