El Gobierno ha mejorado su oferta en la mesa de negociación que mantiene abierta con la patronal y los sindicatos para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que caducan el día 31 de enero. En concreto, y con especial interés en atraer al acuerdo a la patronal, que se muestra reticente a ceder ante la cláusula de salvaguarda del empleo que prohíbe a las empresas despedir en los seis meses posteriores al ERTE, el Ejecutivo ha elevado el esquema de protección a unos 50.000 trabajadores adicionales, según revelan a La Información fuentes del diálogo social.
En la propuesta presentada a la patronal y los sindicatos este jueves, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social han retocado el listado de los sectores denominados "ultraprotegidos", al elevar del 65% al 70% el umbral de recuperación de trabajadores a la actividad por debajo del cual pueden acceder a las exoneraciones de cotizaciones sociales las empresas pertenecientes a sectores con más del 15% de empleados en ERTE respecto del total de sus afiliados a la Seguridad Social. Parece complejo, pero en la práctica significa que hay más trabajadores protegidos, descontando los sectores que salen del esquema de los que se incorporan nuevos a la lista.
En el documento presentado este jueves a los agentes sociales, al que ha tenido acceso este medio, se incluyen hasta 47 sectores a los que pertenecen las empresas "especialmente afectadas". En el decreto de la anterior prórroga, que entró en vigor el 1 de octubre, entraban 42 sectores. Recientemente se incluyeron algunos como el comercio al por mayor de bebidas, los restaurantes y puestos de comidas, las actividades de juegos de azar, las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales y los establecimientos de bebidas. Pero ahora también se cubren otros como los campings y aparcamientos para caravanas, el alquiler de medios de navegación o las actividades de mantenimiento físico. A su vez, han salido del listado otros como la fabricación de instrumentos musicales, las actividades de estirado en frío o la fabricación de alfombras.
El resultado, tras restar unos 1.000 trabajadores de la cobertura por la salida de esos tres sectores, es que se suman aproximadamente 50.000 al nuevo esquema de protección, según han trasladado los ministerios que pilotan la negociación este jueves a los representantes de la patronal y los sindicatos. En cualquier caso, para todos estos sectores se mantiene un nivel de exoneración de cotizaciones sociales de hasta el 85%. De hecho, los descuentos en las cuotas a la Seguridad Social se mantienen sin cambios significativos en el documento, que en términos generales constituye una prórroga prácticamente calcada del acuerdo anterior.
Así, en el caso de las otras modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se mantienen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad, como consecuencia de cierres impuestos por las autoridades, y los ERTE por limitación de la actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, aforos u horarios. Se contemplan exoneraciones, en ambos casos, del 100% en el mes de febrero, del 90% en marzo, del 85% en abril y del 80% en mayo para las compañías de menos de 50 trabajadores y del 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente, para aquellas empresas con plantillas superiores.
El acuerdo, en cualquier caso, no está cerrado. La reunión de este jueves acabó sin consenso entre las partes porque la patronal CEOE rechazó de plano el mantenimiento, en los términos actuales, de la cláusula de salvaguarda del empleo que prohíbe a las empresas despedir en los seis meses posteriores al ERTE. En estos momentos, un despido en esas condiciones obligaría a la empresa a devolver todas las ayudas percibidas y los empresarios defienden que se suavice ese castigo y solamente tengan que devolver las exoneraciones percibidas por el trabajador despedido. El Gobierno, sin embargo, no está dispuesto a ceder en este aspecto y mantiene la cláusula intacta en su propuesta final.
El documento también mantiene activas las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en los mismos términos que rigen actualmente, garantizando el acceso a la prestación sin el periodo de carencia, que no compute el tiempo consumido y que la cuantía se mantenga en el 70% de la base reguladora. Asimismo, siguen vigentes otras medidas como la prohibición de hacer horas extra y externalizar actividades durante el tiempo que dure el ERTE, los límites al reparto de dividendos y acceso a las ayudas a las empresas situadas en paraísos fiscales, etc.
La propuesta es definitiva porque, según indican fuentes del diálogo social, no habrá más reuniones. Ahora, patronal y sindicatos deben consultar con sus órganos internos para decidir si apoyan o no el texto elaborado por Trabajo y Seguridad Social. Las respectivas reuniones se producirán el próximo martes, por lo que la ministra Yolanda Díaz no cumplirá con el plazo que ella misma había fijado para cerrar un acuerdo antes de este viernes, día 15 de enero, que diera certidumbre a empresas y trabajadores. En cualquier caso, fuentes conocedoras de las negociaciones se muestran optimistas de cara a alcanzar ese pacto la próxima semana.
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