El gasto en políticas de desempleo en 2022 será todavía muy superior al nivel prepandemia, pese a que el Gobierno espera que el próximo año el mercado laboral patrio devuelva la tasa de paro al 14% que había en 2019. Esto es así, en parte, porque el Ministerio de Trabajo va a aprobar una reforma del nivel asistencial del sistema de protección por desempleo que va a tirar al alza de la factura de los subsidios, creando una nueva ayuda única de 463 euros que va a unificar en torno a un millón de nóminas que cobran actualmente los que perciben alguno de los subsidios del complejo entramado construido a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas.
En concreto, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el departamento que dirige Yolanda Díaz se ha comprometido con la Comisión Europea a aprobar en 2022 una reforma dirigida a simplificar y mejorar el sistema asistencial de desempleo, regulado en la Ley General de Seguridad Social y en los programas de Renta Activa de Inserción (RAI) y Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), integrándolos en una nueva prestación, complementaria de la protección contributiva, que proteja la situación de transición al empleo. Se trataría de integrar en el subsidio ordinario por agotamiento las modalidades extraordinarias que se han ido creando en diferentes momentos.
Así, la naturaleza del nuevo subsidio será de una prestación por desempleo, complementaria del nivel contributivo, vinculada a cotizaciones previas y financiada con cargo al presupuesto de las prestaciones por desempleo. A falta de concretar el detalle de la reforma, que será negociada con los agentes sociales en los próximos meses, la duración de la ayuda dependerá de la edad, de las circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada, con el objetivo de ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario, incorporando las prórrogas de los subsidios extraordinarios aún vigentes, según detalla el Gobierno en la reforma número 10 del denominado 'componente 23' del Plan de Recuperación.
La cuantía del subsidio se vinculará al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), suponiendo un 80% del mismo, según figura en el citado componente. En estos momentos, el IPREM se sitúa en 564,9 euros mensuales, pero en el proyecto presupuestario de 2022 el Ejecutivo ha incluido una subida del 2,5%, de modo que esta referencia clave para el cobro de un amplio abanico de ayudas sociales (no solo las prestaciones de paro, también las becas o las ayudas al alquiler de vivienda) se elevará hasta los 579 euros. Así, está previsto que el nuevo subsidio alcance los 463 euros, el 80% del IPREM fijado para el próximo año.
La reforma va a ser negociada con la patronal y los sindicatos, en paralelo al resto de cambios que se van a introducir en la regulación laboral para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. El Ministerio de Trabajo ya ha sacado a consulta pública el proyecto para simplificar el sistema asistencial de desempleo, un texto en el que se admite que "en la actualidad existe un complejo sistema de prestaciones cuya estructuración y configuración debe ser objeto de racionalización y reordenación, objetivo al que se une la mejora de las prestaciones dispensadas en el ámbito asistencial". Se espera que tenga como potenciales beneficiarios en torno a un millón de parados, que son los que perciben en la actualidad alguna de las diferentes prestaciones no contributivas del SEPE.
En el proyecto, que ha sido consultado por La Información, el Ministerio de Trabajo explica que el objetivo de la norma es simplificar y mejorar el marco de la protección por desempleo de nivel asistencial, creando una prestación complementaria a la prestación contributiva de desempleo. Se refiere a esta ayuda vinculada al 80% del IPREM que alcanzará los 463 euros. El texto añade que "se persigue así ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al aumentar la duración de los subsidios y eliminar las lagunas de protección del sistema actualmente vigente, compuesto por diversos subsidios y programas que dan cobertura a colectivos específicos".
Trabajo también quiere aprovechar la reforma para simplificar aspectos de la regulación que permitan una mayor flexibilidad en el acceso y permanencia en el subsidio, y una minoración de las cargas administrativas, haciendo más sencilla la tramitación para ciudadanos y empresas y favoreciendo la automatización de los subsidios por parte del SEPE, de forma similar al funcionamiento de las prestaciones contributivas. Además, se vinculará esta protección con el compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de Empleo, de modo que se incorpore a los beneficiarios, que ya son personas en desempleo de larga duración, de forma prioritaria en programas y acciones que posibiliten su reinserción, garantizando su acompañamiento en su situación de transición al empleo.
La nueva protección por desempleo de nivel asistencial proporcionará cobertura a dos colectivos: las personas que no acreditan cotizaciones suficientes para el acceso a la prestación contributiva; y aquellas que han agotado la prestación contributiva y se mantienen en situación de desempleo. Se ampliará la duración de los subsidios, para compensar la derogación de los programas temporales de Renta Activa de Inserción y Subsidio Extraordinario por desempleo, garantizando cobertura económica a las personas desempleadas durante mayor tiempo, incrementando así la tasa de cobertura. Una ampliación que aún está por concretar pero que, sumada al incremento de la cuantía de la ayuda, va a tirar al alza de la factura del paro.
En paralelo, se simplificarán los requisitos de acceso y mantenimiento en el derecho por medio de la reformulación de los requisitos de rentas, la eliminación del mes de espera para el cobro de la prestación y la ampliación del plazo de solicitud. En el mismo sentido, se revisarán las causas de suspensión del subsidio, así como el régimen de infracciones y sanciones. En definitiva, "se pretende así modernizar el marco de la protección por desempleo, adecuándolo a la realidad social, garantizando la cobertura de necesidades económicas y el acompañamiento y orientación de las personas en situación de transición al empleo, para facilitar su reinserción laboral", concluye el Ministerio en su proyecto de reforma.
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