Miércoles, 14.11.2018 - 23:41 h
Ahora tendrá que pasar el corte en el Congreso

El Gobierno aprueba por segunda vez la senda de estabilidad para las autonomías

Ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias, mientras que a su favor se suma esta vez Valencia.

Montero y Batet en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Montero y Batet en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. / EFE

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado , por segunda vez, los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías en el próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio y con la única novedad de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable. La senda de estabilidad propuesta por Gobierno para aliviar el déficit autonómico en el período 2019-2021, que fue rechazada por el Congreso, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas, también la Comunidad Valenciana tras asumir hoy su presidente Ximo Puig las negociaciones, y Cantabria.

De esta forma, la senda de estabilidad y deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas, que por primera vez se ha votado de forma telemática, será aprobada este viernes en Consejo de Ministros. La propuesta del Gobierno contempla para las comunidades un objetivo de déficit para 2019 del 0,3 por ciento del PIB frente al 0,1 por ciento vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros; en 2020 espera situar el déficit en el 0,1 y en 2021 en el cero por ciento.

Por tanto, los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados, que han sido votados por primera vez de forma telemática, pasarán al Consejo de Ministros donde serán ratificados este viernes. De nuevo Cataluña ha rehusado participar en el Consejo y ha excusado su presencia con una carta enviada por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ha argumentado que las relaciones económicas entre la Generalitat y Estado deben dirimirse de manera bilateral.

Las comunidades gobernadas por el PP, que se han opuesto a la propuesta del Gobierno, han justificado su voto en contra con los mismos argumentos que hace un mes. Así, el Gobierno de Murcia ha reclamado la modificación del actual sistema de financiación que genera el 80 por ciento de la deuda regional y ha lamentado el "maltrato económico" que sufre la comunidad por parte del Ejecutivo central.

También La Rioja ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo significa "más gasto, más deuda, más impuestos y empeora el crecimiento económico y la creación de empleo".En Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha remitido un informe a la Secretaría del CPFF para que revise las entregas a cuenta de las comunidades y ha demandado 142 millones euros correspondientes al IVA.

Canarias, que ha repetido el voto en contra, ha reiterado que rechaza la propuesta porque "castiga a las administraciones cumplidoras". Mientras, comunidades gobernadas por socialistas, como Castilla-La Mancha, han considerado que el nuevo déficit es "un paso en la dirección correcta". El vicepresidente primero castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que le hubieran gustado "más avances" pero ha valorado el "cambio de rumbo" que supone que se atiendan las demandas de las comunidades, y desde Extremadura, la vicepresidenta Pilar Blanco ha valorado que la nueva senda se ajuste mejor a las necesidades financieras de las regiones.

Desde Cantabria, la única comunidad no socialista que ha votado a favor, el consejero de Economía Juan José Sota ha considerado que la nueva senda de "flexibilidad" da mayor margen para afrontar los servicios esenciales. La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez contempla para las comunidades un objetivo de déficit para 2019 del 0,3 por ciento del PIB frente al 0,1 por ciento vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros. Para 2020, el límite propuesto es del 0,1 por ciento y para 2021 del cero por ciento. Tras el visto bueno el viernes próximo del Consejo de Ministros, la senda presupuestaria pasará al Congreso.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la senda presupuestaria pasará al Congreso, donde el pasado 27 de julio fue rechazada con los votos en contra de PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Bildu y Foro Asturias y las abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT frente al único respaldo de socialistas y nacionalistas vascos. Por ello y para recabar apoyos, el Gobierno ha intensificado las negociaciones con los partidos y hoy, tras el Consejo de Política Fiscal, se reúne con una delegación de Podemos encabezada por el secretario de Organización, Pablo Echenique

Ximo Puig ve un cambio sustancial en la propuesta

La Comunitat Valenciana ha votado a favor de la senda de estabilidad a cambio de medidas que supondrán 850 millones de euros adicionales para la región valenciana. Entre ellas, se ha acordado que el Estado asuma directamente la deuda del Consorcio Valencia 2007 que ronda los 350 millones de euros. Así lo ha anunciado el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha defendido que el voto a favor de la Comunitat a la senda del déficit planteada por el Gobierno obedece a un "avance sustancial" tanto para la región valenciana como para el resto de comunidades, y es una "respuesta a un cambio de actitud" del Gobierno "especialmente beneficioso para los intereses valencianos".

Por su parte, una de las comunidades más vehementes en contra ha sido Canarias. El Gobierno de Canarias ha rechazado de nuevo los objetivos de déficit y deuda pública porque, a su juicio, "son profundamente injustos" al no atender a las demandas de las comunidades autónomas que han cumplido con la ley durante los últimos años, administraciones a las que, entiende, se "castiga".

Así lo ha informado la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, que añade que "la ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz por dos motivos". "Las autonomías que tienen superávit o que cumplen los objetivos de déficit no podrán incrementar su capacidad de gasto para financiar los servicios públicos esenciales mientras esa ampliación no vaya acompañada de la territorialización de la regla de gasto", dijo. De igual modo, ha comentado que la segunda razón es que "elevar el objetivo de déficit solo permitirá a las incumplidoras seguir endeudándose para financiar los servicios públicos, y a los que tenernos recursos propios nos limita su utilización mediante la regla de gasto".

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