El Gobierno tendrá que informar de la relación de avales ICO concedidos a empresas para mitigar los impactos derivados de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania cuyo reintegro se haya requerido a los beneficiarios por incumplimiento de las condiciones. En concreto, deberá detallar el importe de la operación, el dinero reclamado y si los fondos se han recuperado ya o están en fase de reclamación, según lo ha estimado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
Según la resolución del CTBG, consultada por La Información, el 26 de abril de 2022 se le solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, además de dicha información, la identidad de las empresas afectadas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), adscrito a la cartera que dirige Nadia Calviño, inadmitió la petición justificándose en el "supuesto perjuicio a los intereses económicos y comerciales y del deber de confidencialidad", tal y como recoge la reclamación interpuesta ante Transparencia.
Por su parte, con fecha 22 de junio de 2022, el CTBG remitió el expediente a Economía al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. "En el caso que nos ocupa, y sin necesidad de que los terceros afectados formulen alegaciones en contra de la revelación de sus datos, resulta patente que hacer público el impago de la línea de crédito y su importe podría poner en entredicho su solvencia profesional y económica, perjudicando su reputación y en muchos casos la comercialización de sus servicios, así como su capacidad para obtener crédito en el futuro y de mantener y ampliar su actividad contractual", argumentó la entidad pública.
El ICO defendió que, si se hace pública dicha información, los competidores de las empresas a las que se le has requerido la devolución de los avales dispondrían de "información estratégica" que podrían utilizar no solo a su favor, sino en contra de las afectadas, "yendo en detrimento de su competitividad y debilitando su posición en el mercado". La información sobre las operaciones avaladas al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 y del Real Decreto-ley 25/2020 es objeto de publicidad activa en la base de datos nacional de subvenciones, en la que se detalla la fecha de concesión, el importe, el instrumento y el importe de la ayuda equivalente por beneficiario.
Explicaciones del ICO
Son las entidades financieras (y no el ICO) quienes analizan las condiciones de elegibilidad y conceden la operación avalada de acuerdo con sus políticas de riesgos y procedimientos internos de admisión. Las revocaciones o invalidaciones de avales en muchos casos se llevan a cabo antes de la comunicación de impagos por lo que no procede reintegros, ya que el aval no se ha llegado a ejecutar.
Según explica el ICO, las posibles revocaciones o invalidaciones del aval se pueden producir por diversas causas: desistimiento de las partes, errores en la carga y datos de las operaciones por parte de las entidades financieras, impago del coste del aval, etc. También se pueden dar por incumplimiento de las condiciones de elegibilidad según la normativa de la líneas de avales covid. "Esta revocación también puede deberse al incumplimiento de la normativa general de subvenciones u otras causas, como la inhabilitación judicial o administrativos del acreditado para recibir subvenciones y que podrían poner de manifiesto otros órganos fiscalizadores diferentes al ICO", matiza el organismo, subrayando que no le es posible "ni obtener, ni elaborar, ni publicar la información solicitada".
El ICO pidió que se desestimara la reclamación presentada, pero el CTBG solo ha atendido su petición de manera parcial. Transparencia considera "incuestionable" e "indudable" el interés público de la relación de avales ICO concedidos a empresas con motivo de la pandemia cuyo reintegro se haya requerido, "en la medida que contribuye a conocer cómo se gestionan sumas muy relevantes de fondos públicos". Sin embargo, opina que resultaría "claramente desproporcionada" la divulgación de la lista completa de las empresas que han incumplido las obligaciones de financiación.
"Conociéndose los importes de los avales cuya ejecución se ha solicitado y el estado de los mismos, el interés público en conocer la relación completa de las empresas afectadas presenta una menor entidad que, en la necesaria ponderación, le impide prevalecer sobre el perjuicio cierto y objetivo que su revelación causaría. En consecuencia, la reclamación ha de ser desestimada en este punto", argumenta.
Las líneas de crédito con aval del ICO puestas en marcha para garantizar la financiación a empresas y autónomos españoles afectados por los efectos económicos del coronavirus han desplegado avales por importe de 107.102 millones de euros, que a su vez han permitido movilizar 140.627 millones de euros hacia el tejido productivo español. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Asuntos Económicos, las líneas de avales liquidez e inversión han financiado a más de 750.000 empresas, autónomos y pymes a través de 1,19 millones de operaciones, de las que el 98% ha sido suscrito por pymes y autónomos.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aprobó una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Posteriormente, el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, dio luz verde a otra línea de avales de 40.000 millones de euros, enfocada a cubrir la financiación para gastos corrientes y de capital relacionados con las nuevas inversiones o con el proceso productivo y de servicio, la ampliación, adaptación o renovación de los equipos, instalaciones y capacidades y los gastos asociados al reinicio de la actividad.
El Gobierno también ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023 la línea de avales incluida en el Plan de respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania. Cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos aseguran a este medio que la idea del Ejecutivo es publicar un informe por trimestre una vez cerrados los programas de avales.
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