El Gobierno y las patronales de la banca ultiman un acuerdo para aliviar la carga de un millón de hogares vulnerables afectados por el encarecimiento de sus hipotecas con el alza de los tipos de interés que viene aplicando desde julio el Banco Central Europeo (BCE) para controlar la inflación. A falta de cerrar aún los últimos detalles, el texto será aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros de forma que las medidas en él incluidas puedan aplicarse desde el próximo 1 de enero. Actualmente hay en España 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euríbor y las medidas se proponen actuar por tres vías sobre las familias en una situación más delicada: a través de un nuevo marco de actuación temporal para aquellas en riesgo de vulnerabilidad, facilitando la amortización anticipada de los créditos y simplificando la conversión de una hipoteca a tipo variable a otra de tipo fijo.
En primer lugar, el acuerdo trata de adecuar el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables (que fue aprobado en el año 2012 a raíz de la pasada crisis financiera) a la coyuntura actual. Así, los deudores vulnerables podrán reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (Euribor -0,1% frente al Euribor +0,25% actual). Además, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda (la entrega al banco del inmueble que garantiza el préstamo a cambio de que se cancele la deuda pendiente) y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso de que fuera necesaria.
El texto contempla que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más de la mitad de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años. La medida va dirigida a las familias que en el actual escenario de subida del precio del dinero "lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir un tratamiento adecuado", apunta el Ministerio de Economía.
El Departamento que encabeza Nadia Calviño pone de ejemplo a una familia que con una hipoteca media de 120.000 euros que tenga que hacer frente a una cuota mensual de 524 euros tras el alza de tipos. De acogerse a estas medidas, la familia verá reducida dicha cuota durante el periodo de carencia de cinco años hasta los 246 euros, más de la mitad.
Un nuevo Código para clases medias en riesgo de vulnerabilidad
El acuerdo propone un nuevo Código para aliviar la carga de las familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el encarecimiento de su cuota, que es de hecho uno de los puntos que ha supuesto el principal escollo de las negociaciones (a las partes les ha costado ponerse de acuerdo sobre la definición de "vulnerable", que es la que marca en realidad el alcance de las medidas). Básicamente se trata de que estos hogares puedan adaptarse de forma más gradual al nuevo entorno de tipos de interés.
En concreto, podrán acogerse a ellas los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y cuya cuota haya subido al menos el 20%. Las entidades deberán ofrecerles la posibilidad de congelarles la cuota durante 12 meses, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.
Por último, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo el año que viene las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos, que serán de adhesión voluntaria para las entidades, pero de obligado cumplimiento una vez que los hayan suscrito.
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