El Gobierno está haciendo oídos sordos a las sucesivas advertencias que están llegando desde distintos organismos nacionales e internacionales sobre el tremendo desbarajuste que va a causar en las cuentas públicas la fuerte desviación del gasto que va a suponer la indexación de las pensiones con la inflación disparada. Los últimos en sumarse a esta oleada de avisos esta misma semana han sido la Comisión Europea y el Banco de España, pero Moncloa y todos los ministerios del área económica mantienen inamovible su plan. "El poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado por ley", insisten tajantemente cada vez que se les interpela sobre este asunto.
Seguridad Social, Economía, Hacienda, Trabajo... y Moncloa. Todos a una con la subida de las pensiones con el IPC. Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá insisten en que "la norma que regula la indexación de las pensiones a la inflación se acaba de aprobar en el Congreso, es decir, tiene el apoyo de la mayoría de los grupos, también el de los agentes sociales, y es además un mandato del Pacto de Toledo, que aprobó con un voto muy mayoritario a finales de 2020 sus recomendaciones, que incluyen ligar las pensiones a los precios". Por su parte, María Jesús Montero recalcó este miércoles el "compromiso" adquirido por el Gobierno "con todos los pensionistas" y garantizó que el Ejecutivo "va a cumplir" esa promesa.
No hay, por tanto, división en la coalición sobre este asunto. Incluso Nadia Calviño, garante de la ortodoxia económica, que en 2018 se oponía a vincular la subida de las pensiones únicamente al IPC y apostaba por tener en cuenta otros factores, como las variables demográficas, el empleo, el crecimiento de los salarios, el número de años cotizados o las características de la tasa de reposición para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, se ha alineado con el resto de ministerios del flanco económico en este tema. El mandato es directo de Pedro Sánchez: El Gobierno acaba de aprobar la reforma que garantiza el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas vinculando sus nóminas a la inflación y no va a incumplir ese compromiso.
El problema es que la reforma no podía haber llegado en peor momento. Aunque la inflación empieza a remitir, todavía se sitúa en niveles no vistos en los últimos 30 años y el Gobierno calcula que de media cerrará 2022 con una tasa superior al 6%. Así figura en la actualización del cuadro macroeconómico que acompaña al Programa de Estabilidad que supone el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y que a finales del pasado mes de abril se puso en conocimiento de Bruselas. Ahí el Ejecutivo proyecta un incremento del deflactor del consumo privado (el Gobierno no hace previsiones de inflación y ese es el indicador que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y que más se asemeja al Índice de Precios de Consumo) del 6,1% en 2022.
Aunque, según establece la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones -el texto legislativo por el que se aprobó la primera parte de la reforma del sistema- las retribuciones se revalorizarán a partir de ahora en base al IPC de los 12 meses previos a diciembre, ese dato aún no se conoce, por lo que ese 6,1% es la referencia aproximada que el Ejecutivo ha comunicado a Bruselas para incorporar en el Programa de Estabilidad el incremento del gasto que va a suponer la medida de cara al próximo ejercicio, como informaron fuentes gubernamentales y se explicó en estas páginas.
El Banco de España calcula que cada punto porcentual de subida de las pensiones supondrá un desembolso de 1.800 millones de euros, de modo que el coste total en 2023 podría alcanzar los 11.000 millones, en base a esa previsión de inflación del Gobierno. Pero en sus últimas previsiones el supervisor disparó la inflación de 2022 hasta el 7,5%, de modo que, según sus propios cálculos, la medida tendrá un coste de 13.500 millones de euros en 2023. Por su parte, la Comisión Europea calcula que la inflación se situará en 2022 en el 6,3%, lo que significa que el gasto extra en pensiones será de algo más de 11.000 millones el próximo año. En sus ultimas previsiones, las autoridades comunitarias advierten de que la indexación de las pensiones puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público.
De su lado, el Banco de España, insiste en su último informe anual en criticar la indexación de las prestaciones al IPC, como ha hecho anteriormente, pero lo hace con mayor dureza en el actual contexto inflacionista, al afirmar que el compromiso de revalorización "tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022, como resultado de la compensación por la inflación de este año, y en 2023 y años sucesivos, por la consolidación en el importe de las pensiones de la mayor inflación actual". Ante este escenario, reitera que la garantía del poder adquisitivo debe ofrecerse a los perceptores de pensiones mínimas, pero no a todos los pensionistas, ya que excluir a este colectivo del ajuste generalizado de rentas que es necesario para salir de esta crisis discrimina a los perceptores de rentas del trabajo y del capital, que tendrán que asumir una parte mayor de los costes.
Pero el Gobierno ignora estas advertencias. Todas las fuentes consultadas por La Información en los ministerios del área económica y en Moncloa mantienen que las pensiones subirán con el IPC, sea cual sea la media final del año. Y mientras tanto, la preocupación va in crescendo en Bruselas. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicó este lunes que España se ha comprometido a implementar un paquete de medidas que garantizarán que el sistema de pensiones es fiscalmente sostenible y que eso es precisamente lo que evaluará la Comisión en el segundo tramo de los fondos del Plan de Recuperación, que depende de las reformas laboral y de pensiones. España realizó la petición del pago de 12.000 millones de euros a finales de abril y Bruselas tiene dos meses para analizarlo y concederlo, pudiendo también exigir medidas adicionales al Gobierno español para garantizar la sostenibilidad del sistema, según avanzan fuentes comunitarias.
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