El Gobierno ha dado el 'golpe de efecto' planeado antes de irse de vacaciones. Tras la aprobación del primer bloque de la reforma de las pensiones, el Ejecutivo ha logrado arrancar esta semana al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (el de los interinos), con lo que cumple uno de los hitos clave pactados con la Comisión Europea para poder recibir los ansiados fondos de recuperación. Y ello a pesar de que la sombra de la inconstitucionalidad planea sobre una norma que ha tenido que incorporar cambios de última hora para convencer a los socios parlamentarios y finalmente va a tramitarse como proyecto de ley.
El hito pendió de un hilo hasta el último momento y salió adelante en el Congreso por apenas un voto. Entre bambalinas, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, remató las negociaciones de última hora que había iniciado el artífice de la norma y antecesor en el cargo, Miquel Iceta. Tras varias cesiones, logró el 'sí' in extremis de ERC y Unidas Podemos. Et voilà! El texto será tramitado como proyecto de ley, de manera que la reforma de la interinidad sigue viva y pasa ahora a someterse a las enmiendas de los grupos parlamentarios. De este modo, inevitablemente, habrá novedades en la norma que apuntan a ser de calado.
La principal novedad la introducirá el propio PSOE a través de una enmienda para la reforma del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para que los trabajadores temporales de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada puedan adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar la fase de oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. En paralelo, la fase de oposición podría no ser eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas que convoquen los procesos.
Esos son los dos principales cambios que aparentemente se introducirán en la tramitación parlamentaria. La oposición no eliminatoria es bien recibida por los sindicatos, sin embargo, la eliminación de la oposición para los interinos con más de diez años ha generado una avalancha de dudas sobre su encaje jurídico en el marco legal. Es más, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que algunas de las medidas anunciadas ahora por el Gobierno para lograr la luz verde del Congreso las habían planteado los sindicatos y el propio Ejecutivo las rechazó alegando inconstitucionalidad.
Sobre esta última medida opina Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, que "el número de potenciales beneficiados será minúsculo". El problema, explica a La Información, es que "en Educación y Sanidad están las dos grandes bolsas de temporalidad, pero casi nadie cumplirá este requisito porque los nombramientos en Educación son por curso (anuales), por lo que nadie tiene un vínculo como interino de 10 años de duración ininterrumpidos; y otro tanto sucede en Sanidad, pues hasta que se adquiere un nombramiento como interino en vacante antes hay que pasar por el calvario de los vínculos por días, semanas o meses, de forma que es casi imposible estar 10 años con el mismo vínculo de forma ininterrumpida".
Sobre el otro de los requisitos planteados (que la plaza nunca haya sido convocada), Valero añade que en todas las administraciones se convocan oposiciones de manera regular (especialmente desde el año 2018) para todas o casi todas las categorías profesionales, por lo que, a su juicio, "tampoco se cumpliría el requisito de la falta de convocatoria de procesos selectivos, pues una cosa es que tu plaza en concreto no la solicite nadie y otra que no se haya ofertado". Así las cosas, el especialista en derecho laboral insiste en que, salvo cambio sobre lo inicialmente difundido por el Gobierno, el número de beneficiados de esta modificación será "insignificante".
Más allá del eventual escaso alcance, crecen las dudas sobre la inconstitucionalidad de la medida. Los sindicatos (tanto CSIF, sindicato mayoritario de funcionarios, como CCOO y UGT) ya han advertido de que estarán vigilantes durante todo el proceso de tramitación parlamentaria como proyecto de ley porque cualquier desliz jurídico en la redacción final podría poner en jaque la norma. En un comunicado, el Área Pública de CCOO valora la convalidación del Real Decreto y avisa de que seguirá en contacto con los grupos políticos para que se mantengan los aspectos fundamentales del acuerdo alcanzado con los sindicatos y velará para que cualquier modificación cuente con la seguridad jurídica correspondiente.
Medida discriminatoria
Para Valero, la medida es discriminatoria por dos motivos. El primero es que no se puede establecer una medida diferenciada de estabilidad entre interinos que han sufrido abuso. "El TJUE ha dicho que más de tres años ininterrumpidos o concatenados es fraude, por lo que no se puede establecer concurso-oposición para las víctimas de fraude de 3 a 9 años y concurso de méritos para los de 10 años. El abuso es abuso y, una vez establecido, la sanción debe ser uniforme en todos los casos", sentencia. Por otra parte, considera que también se discrimina a los temporales sucesivos, es decir, a los que llevan más de diez años encadenando contratos/nombramientos sucesivos para el mismo puesto de trabajo, pero no como interino en vacante, sino con nombramientos eventuales, por acumulación de tareas o de todo tipo que finalizan con una interinidad.
En cualquier caso, se abre ahora el proceso de enmiendas, que puede alargarse durante meses. Mientras tanto, las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros siguen en vigor y el Gobierno se apunta un tanto con Bruselas, que ha sacado los colores a España en numerosas ocasiones por la elevada temporalidad del empleo, especialmente el público. La reforma pretende reducir la temporalidad en la Administración Pública del 30% actual hasta el 8%, incluye la regularización de 300.000 trabajadores interinos antes del 31 de diciembre de 2024, a través de la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de 3 años, y una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, para quien no supere dichas oposiciones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios