La invasión rusa de Ucrania está teniendo consecuencias para la economía española y también para las empresas que importaban o exportaban bienes o servicios de alguno de los dos países en conflicto. Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas para ayudar de forma específica e individualizada a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, a través del ICEX. Se trata del "plan de apoyo a empresas exportadoras para mitigar los efectos comerciales de la guerra de Ucrania" que el Ejecutivo ha incluido como parte no normativa del plan nacional de respuesta a la guerra.
El ICEX ha abierto la puerta a identificar proveedores alternativos para aquellas empresas que lo soliciten y que hayan sufrido "un estrangulamiento en suministros de materias primas o productos necesarios para sus procesos productivos". No obstante, fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo apuntan que "muchas de ellas ya tenían estos proveedores alternativos localizados". Sí reconocen que han recibido "alguna consulta referida a materias primas alimentarias". Cabe recordar que más del 69% del aceite de girasol que importó España en 2021 provino de Ucrania. Casi el 30% del trigo que importa nuestro país, también tiene origen ucraniano.
Por otra parte, el Ministerio recuerda que el ICEX ofrece apoyo a las empresas para identificar socios para sus operaciones en el exterior de forma personalizada. En 2021 se realizaron 1.504 servicios de este tipo. Esta es una actividad que se realiza de forma habitual, pero en la que el Gobierno quiere hacer hincapié para ayudar a las empresas que hayan tenido que cesar operaciones a causa de la guerra y busquen otras vías. El objetivo es "ofrecerles acciones comerciales para diversificar sus exportaciones".
Según explican desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, "muchas empresas han tenido dudas sobre el tipo de restricciones que se estaban implementando a las exportaciones, sobre si podían seguir vendiendo u operando mercantilmente; si existían bloqueos en aduanas o qué hacer en caso de tener operaciones pendientes de cobro" en Rusia, Ucrania o Bielorrusia. Las sanciones de la Unión Europea incluyen la restricción del comercio con las regiones de Donetsk y Lugansk, la prohibición de importar productos siderúrgicos y la de exportar artículos de lujo a Rusia. Desde que se inició el conflicto, la Secretaría de Estado ha mantenido reuniones con empresas, asociaciones y cámaras de comercio para monitorizar la situación de las compañías españolas con intereses en la zona. De hecho, este mismo viernes se celebró el quinto encuentro para evaluar el alcance de las sanciones interpuestas por la Unión Europea a Rusia.
Además de las reuniones, para solventar estas dudas, la Secretaría de Estado de Comercio habilitó un correo electrónico para que las empresas pudieran enviar sus consultas. Cabe recordar que la situación de las compañías extranjeras con sede en Rusia es muy complicada. Aunque la mayoría han optado por cancelar sus operaciones en el país, otras se planteaban qué hacer con directivos españoles de sus filiales en el país. Como publicó este periódico, el gobierno ruso aprobó un proyecto de ley a través del cual existe "la posibilidad de nombrar un administrador externo de una empresa rusa cuando dicha empresa esté poseída en al menos un 25% por los denominados estados hostiles y tiene activos "con un valor contable superior a 1.000 millones de rublos o una plantilla superior a 100 empleados".
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, puso en el foco a Porcelanosa, Maxam y la asociación empresarial Sercobe, pero desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se hizo hincapié en que las tres compañías estaban cumpliendo con las sanciones contra Rusia. En el caso de Maxam, la ministra aseguró a principios de este mes que "no está habiendo ningún tipo de intercambio ni comercial ni financiero entre Maxam España y su filial rusa", para más tarde añadir que la firma estaba cumpliendo con la obligación de no exportar productos de doble uso.
Medidas económicas
Más allá de estas medidas, centradas en las empresas que exportan, el real decreto que recoge el plan nacional de respuesta a la guerra incluye medidas económicas destinadas a las empresas. En primer lugar, una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles, una situación que ha agravado el conflicto. Además, a la espera de que se convalide el real decreto la próxima semana, se activará un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero dotado con más de 430 millones de euros.
El plan también contempla ayudas dirigidas a los sectores industriales de gran consumo energético en el contexto de la guerra en Ucrania, por 488 millones de euros. El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector.
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