La ingeniería contable de Montero: carga 7.000 millones en imprevistos a 2018

  • Hacienda imputó al déficit de 2018 costes como la factura por las radiales rescatadas o la sentencia de Telefónica que no se concretaron hasta 2019.
Gráfico gastos no previstos déficit público 2018
Gráfico gastos no previstos déficit público 2018

El déficit público del 2,63% con el que el Gobierno ha dado por cerrado el ejercicio presupuestario de 2018 tiene más aristas de las que se aprecian a simple vista o a la luz del análisis gubernamental. El Ejecutivo se ha esforzado en trasladar a la opinión pública que la cifra supone un éxito de gestión, ya que se sitúa por debajo del desequilibrio del 2,7% que la ministra de Economía, Nadia Calviño, pactó con Bruselas al poco de arrancar la 'minilegislatura' de siete meses del Gabinete de Pedro Sánchez y obviando el objetivo oficial del 2,2% de la senda de consolidación fiscal del Reino de España, que se catalogó de inalcanzable desde el minuto uno.

El análisis publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sin embargo, ofrece una perspectiva nueva sobre la ejecución del presupuesto público durante 2018. Revela, por ejemplo, que el Ejecutivo imputó a las cuentas de 2018 más de 7.000 millones de euros de gastos por imprevistos que hasta ahora sólo se conocían en una pequeña parte y que, en algunos casos, asignan al ejercicio presupuestario ya cerrado costes que sólo se han conocido de manera efectiva ya iniciado el año 2019.

El impacto de estos 'elementos no recurrentes', como los califica la Airef, no ha sido menor en el saldo presupuestario de 2018. Las estimaciones de la Autoridad Fiscal apuntan a que en ausencia de estos imprevistos el déficit se habría situado en el 2,1% - frente al 2,63% oficial -, es decir, que habría añadido cinco décimas al déficit. Por ponerlo en perspectiva, el impacto de los elementos no recurrentes en 2017 fue de dos décimas y más o menos lo mismo es lo que espera Airef para 2019.

Otro dato curioso es que esas cinco décimas coinciden con la desviación 'oculta' que María Jesús Montero dijo detectar en los Presupuestos de 2018 aprobados por el Gobierno del PP y con las que justificó la revisión al alza del objetivo de déficit del año del 2,2% oficial al 2,7%.

Uno de esos casos en que se han imputado a 2018 gastos que no se han concretado hasta 2019 es el caso, por ejemplo, de la factura asociada a la reversión hacia el Estado de la titularidad de las nueve autopistas radiales 'rescatadas' a lo largo de 2018. El Plan Presupuestario presentado el pasado mes de octubre a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez anticipaba un impacto presupuestario de unas dos décimas del PIB -algo más de 2.000 millones de euros- por este concepto, pero desde el Ministerio de Fomento se reconoció que la estimación definitiva de dicha factura no se cerraría hasta mediados del mes de enero

Nada se ha sabido después de esta cifra hasta el informe presentado este viernes por la Autoridad Fiscal que revela que dicha factura ascenderá a 2.357 millones de euros, que el Gobierno ha imputado a 2018. Fuentes del ámbito presupuestario consultadas por La Información explican que es posible que la Intervención del Estado haya optado por asignar ese coste extra a 2018 en términos de Contabilidad Nacional porque fue en ese ejercicio en el que se ejecutó la reversión de la titularidad de las autopistas. Ese criterio, no obstante, no se puede chequear porque el Ministerio de Hacienda ha decidido no publicar los ajustes de Contabilidad Nacional -que descuentan este tipo de fenómenos y permiten tener una perspectiva más clara- en las cuentas de 2019.

Otro caso singular es el de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central respecto al litigio entre la Hacienda Pública y Telefónica que obliga al Fisco a reconocer 702 millones de euros a la 'teleco'. La resolución está fechada en enero de 2019 y la compañía no oficializó la devolución de Hacienda hasta el pasado mes de marzo, lo que no ha impedido que el Gobierno 'cargue' la factura de dicha resolución -con los 400 millones de euros extra asociados- al ejercicio de 2018 en un exotismo contable que incluso ha llevado a la Autoridad Fiscal a preguntar a Hacienda por el asunto. 

La interminable factura del rescate bancario

El informe de la Autoridad Fiscal también ha servido para revelar la factura que el rescate bancario pasó a las cuentas públicas de 2018 -invisible en la información proporcionada hasta la fecha por el Gobierno-y que ascendió a cerca de 3.000 millones de euros.  La cifra está condicionada por las 'macrooperaciones inmobiliarias' completadas en el último año y medio por grandes bancos como BBVA y Sabadell, con la venta en el primer caso del 80% de su cartera inmobiliaria -valorada en 17.800 millones de euros- al fondo Cerberus y en el segundo del 80% de Solvia a Intrum por 300 millones de euros.

Buena parte de esas carteras inmobiliarias estaban protegidas por los Esquemas de Protección de Activos (EPA) con que Luis de Guindos blindó las eventuales pérdidas en que pudieran incurrir BBVA por la adquisición de Unnim -la firma heredera de tres cajas catalanas- y Sabadell por la CAM, a cuenta de los activos inmobiliarios tóxicos de éstas. La colocación de esas carteras y la consiguiente materialización de las pérdidas previstas abría la puerta a que BBVA y Sabadell reclamaran los 4.500 millones en EPA pendientes de aplicación. Para evitar un impacto excesivo sobre el déficit, el Fondo de Garantía de Depósitos negoció con las entidades y con el Ministerio de Hacienda una aplicación modulada de esas garantías en tres años, por las que en 2018 se ha generado un déficit de 1.788 millones de euros. 

La otra gran parte de esa factura asociada al sistema financiero son los 1.073 millones de euros solicitados por el Santander a cuenta de los DTA (activos fiscales diferidos) generados por la absorción de las pérdidas del Popular en el marco de la operación de absorción de la entidad. La factura total de 'elementos no recurrentes' aflorada por la Autoridad Fiscal se completa con los 622 millones de euros en devoluciones por las retenciones practicadas de forma irregular en el IRPF sobre los permisos de maternidad y paternidad.

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