El Gobierno carga a la Seguridad Social la factura de las bajas por el coronavirus

  • Acepta considerar las ausencias por aislamiento o cuarentenas como enfermedad laboral y libera a las empresas del coste de estas medidas preventivas.
Coronavirus Madrid
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EFE

El Gobierno ha tardado menos de una semana en reconsiderar su criterio inicial de que las ausencias de trabajadores por aislamientos o cuarentenas decretadas por las autoridades sanitarias a causa del 'coronavirus' se considerarían como baja por enfermedad común y, por tanto, serían sufragadas por el trabajador en primera instancia -del primer al tercer día- y por la empresa en segundo término -del día cuarto al vigésimo-, en el que ya sería la Seguridad Social la que asumiría esa factura a través de las mutuas de accidentes de trabajo o de otras entidades colaboradoras.

El Ejecutivo sentó este criterio en contra de la opinión de los agentes sociales y siguiendo el protocolo de actuación que se siguió hace una década en el caso de la gripe A. Los agentes sociales aceptaron a regañadientes el criterio gubernamental sobre el bien entendido de que si la cosa iba a más ese criterio se cambiaría. Así ha sido. Tras haber elevado a última hora del lunes el nivel de alerta ante la crisis sanitaria y avanzar un nuevo paquete de medidas preventivas, el Consejo de Ministros ha decidido en su reunión de este martes asumir la consideración de esos 'parones' productivos de trabajadores por las medidas de aislamiento o cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias sobre colectivos especialmente expuestos como incapacidades temporales por enfermedad profesional y no por contingencia común. 

La primera consecuencia de este cambio de criterio es que esas bajas ya no serán tan perjudiciales para los trabajadores, que en el escenario anterior se quedaban sin el 100% del sueldo en los tres primeros días de baja y sin el 40% hasta el vigésimo día - más o menos el periodo que se entiende que duran esos aislamientos o cuarentenas- y a los que bajo el nuevo esquema 'sólo' se les restará el 25% de su sueldo.

También salen beneficiadas las empresas. En el modelo actual diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las empresas debían hacerse cargo del 60% del salario de los trabajadores a partir del cuarto día de baja y hasta el vigésimo. Según lo aprobado este martes en el Consejo de Ministros, las empresas únicamente soportarán el coste del sueldo del primer día en que se produzca la baja y serán las mutuas de accidentes de trabajo, el INSS o el resto de entidades colaboradoras de la Seguridad Social las que pagarán la prestación correspondiente a los trabajadores a partir ya del segundo día de baja.

El asunto no está exento de riesgos. Las prestaciones por IT que abonan las mutuas se financian con cargo a las mismas cotizaciones con las que se pagan las pensiones y en los últimos años la crecida del absentismo ha llevado las cuentas de las mutuas a una situación límite. Esta sobrecarga de gastos sobre las mutuas podrían obligar al Gobierno o bien a reforzar la financiación de estas entidades -lo que se haría con cargo al dinero de las pensiones- o bien a empujar a muchas mutuas a una situación de quiebra técnica en términos reales.

Moratoria de las cotizaciones

Asimismo, el Consejo de Ministros ha anunciado la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a tres mensualidades consecutivas, para empresas y trabajadores por cuenta propia, es decir autónomos, en las zonas geográficas y sectores que se determinen según orden ministerial. Según ha aclarado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dichas cotizaciones podrán ser abonadas, en el plazo de un año a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses de ningún tipo. La medida se aprobará en la próxima reunión del Consejo de Ministros extraordinario del jueves.

Adicionalmente, en materia de migración, el Ministerio ha establecido que en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se habilite una sala para el supuesto de que fuera necesario proceder al aislamiento de alguna persona, siguiendo las recomendaciones el Ministerio de Sanidad. Además, ya se están realizando labores de "monitoreo de grupos vulnerables" al Covid-19 y se ha recomendado el uso de los protocolos propuestos por Sanidad en los centros gestionados por otras instituciones, de acuerdo con la nota difundida por el departamento que dirige José Luis Escrivá.

El Gobierno enmarca todas estas medidas en la necesidad de responder a la "situación económica excepcional y transitoria" causada por el coronavirus y asegura que están en la línea de otras tomadas por otros países del entorno europeo. "El objetivo es facilitar que la ciudadanía pueda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias propuestas por motivos de salud pública, de forma que el coste no recaiga sobre las familias y empresas", matizan.

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