El bono social eléctrico lo financiará todo el sector energético. Es la decisión que ha tomado el Gobierno ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS), conocida en febrero, que consideraba discriminatorio que únicamente las comercializadoras eléctricas lo costeasen. "Hacemos una nueva propuesta asociada a esa sentencia de cómo se va a financiar con todos los agentes del sector", afirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Este cambio se incluirá en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes y que constituye el plan nacional de respuesta a la guerra.
Así, el Gobierno descarta cargar el coste del bono a los presupuestos generales del Estado (PGE) como ocurre con el bono social térmico que supone un coste de 228 millones de euros anuales. La sentencia del TS añadía que en otros países de la Unión Europea existen medidas homólogas al bono social eléctrico y está financiado por las arcas públicas. No obstante, en el plan de choque económico, Moncloa opta porque sean las empresas quienes asuman el coste. "Entendemos que es una respuesta que llega más pronto que tarde", añaden las mismas fuentes.
El mismo plan amplía la cobertura del bono social eléctrico para hasta 1,9 millones de hogares, el 10% de los hogares, según los cálculos del Ministerio. Además, todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital recibirán el bono de forma automática. La renovación de esta ayuda a los consumidores vulnerables también será automática desde el 1 de abril, fecha en que entrarán en vigor todas las medidas del plan, a excepción de las que necesitan el visto bueno de Bruselas. Hasta el 30 de junio se prorrogan los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos.
Esta no es la única medida que el Gobierno ha decidido repercutir a las empresas del sector energético. El plan incluye un recorte a los beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés) de aquellos acuerdos de venta de las compañías eléctricas que tengan un precio superior a los 67 euros por megavatio/hora. La cifra, calculada por el Ministerio de Transición Ecológica, es el resultado de estimar un precio de 20 euros por megavatio/hora para el gas, el precio medio que ha tenido históricamente en el mercado ibérico. Lo que sitúe por encima de esas cifras, el Estado lo destinará a bajar la factura de los consumidores, pero de momento no ha desvelado el procedimiento.
Este cambio, controvertido para el sector, se ha tomado con el respaldo de Bruselas, que recientemente y en el marco de las sanciones a Rusia, ha abierto la puerta a utilizar esos beneficios caídos del cielo para amortiguar el coste energético derivado de la invasión de Ucrania. El documento recientemente aprobado por la Comisión Europea calcula que las economías europeas podrían recaudar hasta 200.000 millones de euros al cierre de 2022, a través de un hachazo a los beneficios sobrevenidos por los precios desbocados que marca el gas en el mercado internacional, para compensar parcialmente el aumento de las facturas energéticas.
Las petroleras tampoco se libran de pagar la factura. El plan incluye el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores. De esta cuantía, las gasolineras deberán aportar 5 céntimos y para realizar el descuento del total de 20 podrán solicitar a Hacienda el adelanto de los fondos que los recibirán siempre que los soliciten por iniciativa propia. No obstante, el Gobierno acepta que las compañías ofrezcan descuentos de forma voluntaria de cinco céntimos o mayor cuantía, y en este caso, no deberían hacer la aportación patrimonial. "Queremos que en todas las estaciones de servicio de España el descuento sea efectivo desde el 1 de abril", afirman fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera.
Cepsa, Repsol y BP ya han puesto en marcha descuentos vinculados a la fidelización de sus clientes, medidas que cuentan con el visto bueno del Ministerio siempre que sean superiores a los cinco céntimos acordados en el plan. Transición Ecológica deja en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la supervisión de que las gasolineras españolas cumplan con el plan de choque económico y no suban precios que compensen los descuentos aprobados por el Gobierno.
Ayudas directas
El Gobierno ha estimado el coste del plan en 16.000 millones de euros entre la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 10.000 millones y ayudas directas cifradas en 6.000 millones. Podrán solicitar estas ayudas los sectores de la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el transporte por carretera de mercancías y de pasajeros. Será la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) quien distribuya la mayoría "hasta que se complete el presupuesto" y siguiendo criterios vinculados al tipo de vehículo o buque o al número de cabezas de ganado, en función del sector.
Por otra parte, el plan de choque establece la prohibición del despido objetivo por causas vinculadas al encarecimiento de los precios de la energía para aquellas empresas que reciban ayudas públicas. Esta prohibición estará en vigor hasta el 30 de junio. "Si una empresa está recibiendo fondos públicos, no es coherente que en esta situación excepcional utilice ese motivo para un despido por causas objetivas", añaden fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.
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