El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha contratado a dos polémicas empresas para implementar las campañas de verano de lucha contra los incendios durante los años 2018 y 2019. Se trata de dos compañías veteranas en el sector de la aviación pero que están implicadas en una causa que instruye la juez Carmen Lamela, encargada del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en la investigación conocida como "el cártel del fuego" por, presuntamente, hacer negocio con la extinción de incendios en España.
El departamento que dirige Isabel García Tejerina ha alquilado durante los dos próximos veranos diez aviones de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra los incendios en gran parte del territorio nacional. Son aeronaves que se cargan desde tierra (ACT) y que tienen una capacidad inferior a los clásicos Canadair CL-215 del Ejército del Aire que sí pueden coger más agua y hacerlo directamente de los pantanos. Estos diez nuevos aviones que se incorporan ahora a la lucha contra los incendios son los encargados de realizar el primer ataque en caso de detectar un fuego. Es decir, son los primeros en llegar a la zona cero y vaciar su depósito con agua o con aditivos retardantes.
Agricultura pagará un total de 8,3 millones a las firmas Martínez Ridao Aviación y Faasa. La primera firma gestionará los lotes 1 y 4 del contrato, por 1,8 y 1,7 millones de euros, respectivamente. Así, tendrá que disponer de dos aviones antiincendios en Orense, otro en Mallorca y otro en Navarra. La segunda compañía, por su parte, se encargará de los lotes 2 (1,5 millones), 3 (1,5 millones) y 5 (1,7 millones). Su obligación será tener dos aeronaves operativas en La Rioja, otras dos en Gerona, otra en Huelva y una última en La Gomera. Así, el ministerio se garantiza tener cubierto la práctica totalidad del territorio nacional y una rápida respuesta por aire en caso de detectarse un fuego.
Las dos compañías son consideradas referentes en la lucha contra incendios forestales con aviones y helicópteros en España, y trabajan también fuera de nuestras fronteras. La polémica surge debido a que se trata de dos firmas que la juez Lamela ha incluido en el citado "cártel del fuego". En su auto de 7 de junio de 2017 se puede leer que estas empresas -y otras doce- están incluidas en la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra empresas que se organizan para supuestamente repartirse el negocio de la extinción de los incendios en nuestro país.
El auto de Lamela es contundente: formarían una "organización" con "ánimo de lucro" que alteraría "el precio de los concursos" autonómicos y se repartirían el territorio nacional "por áreas de influencia". La jueza investiga si este grupo de empresas ha podido defraudar más de 100 millones de euros, lo cual habría generado "un grave perjuicio para la economía española", según el mismo documento de la Audiencia Nacional. Un portavoz de Faasa asegura que la investigación se encuentra en fase de "diligencias previas" y que no ha habido ningún imputado por el momento. Desde Martínez Ridao no ha habido respuesta a la petición de información cursada.
Precios imbatibles para el ministerio
El Ministerio de Agricultura deja claro en su resolución que ha decidido confiar en Martínez Ridao Aviación y Faasa debido a que realizaron la "oferta económicamente más ventajosa para la Administración, al ser la de precio más bajo, siendo el precio el único criterio de adjudicación". Es decir, su propuesta fue imbatible. No obstante, las empresas que optaban al contrato debían cumplir una serie de requisitos, como disponer de una plantilla de cuatro o cinco pilotos habilitados que hubieran realizado entre 75 y 90 horas de vuelo de entrenamiento durante el año en curso, lo que exige una inversión y una experiencia en el sector.
Faasa, por ejemplo, explica que la lucha contra los incendios forestales es una de sus principales áreas de actividad. Operan tanto en España como en Chile, Uruguay, Perú e Italia y disponen de una flota de más de 75 aviones presentes en más de 80 bases en los dos continentes para desarrollar su labor en las temporadas de verano tanto en Europa como en Latinoamérica. Asimismo, disponen de una tripulación específica, lo que les permite trabajar, según ellos, "en más de 30 provincias españolas para velar por la protección de nuestro más preciado patrimonio natural". Cuentan también con un simulador de vuelo para poder realizar el entrenamiento en misión de incendios forestales.
Faasa y los cursos de formación en Andalucía
La empresa Faasa se encuentra asimismo implicada en la macrocausa de los cursos de formación en Andalucía. Un portavoz de la compañía explica que el proceso se encuentra también "en diligencias previas" y que "de momento no hay sentencia alguna". Es más, añade que ya existen tres sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo de Andalucía que están dando la razón a Faasa en este procedimiento.
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