El Gobierno se prepara para una época de economía de guerra y, como base, quiere cerrar unos nuevos 'Pactos de La Moncloa' que cuenten con consenso político, social y empresarial. Parte del plan para hacer frente a la crisis energética provocada por el conflicto bélico en Ucrania consiste en extender el escudo social pandémico para amortiguar el impacto de la escalada de la inflación en las rentas de las familias. Y el otro apartado, el más complejo, pasa por modificar el sistema de fijación de los precios de la electricidad, bajar impuestos a los productos y sectores más afectados por la presión inflacionista y limitar el reparto de excedentes y dividendos empresariales, reduciendo los márgenes de las grandes compañías con beneficios extraordinarios, especialmente las que salen ganando con esta situación. El plan completo de respuesta al impacto económico de la guerra irá al Consejo de Ministros dentro de dos semanas, el próximo 29 de marzo, según avanzó este lunes por la noche el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez fue a buscar el apoyo de los presidentes autonómicos este fin de semana a La Palma y logró el respaldo inicial a un compromiso de rebajas fiscales aún por concretar. En paralelo, el presidente del Gobierno busca atraer a los agentes sociales a un gran pacto de rentas en el que no solo se va a abordar el equilibrio entre la contención de márgenes empresariales y la moderación salarial, sino que se va a incluir un amplio paquete de medidas para amortiguar el impacto de la crisis económica derivada de la guerra en suelo europeo sobre las familias españolas. Y aquí el Ejecutivo está valorando varias opciones, entre ellas, congelar los precios de los contratos de alquiler de vivienda para evitar subidas abusivas ante la escalada de la inflación.
Fuentes gubernamentales avanzan a La Información que esta es una de las medidas que se están estudiando. Se trataría, como se hizo en los momentos más duros de la pandemia, de habilitar prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler, obligando a los arrendadores a mantener las mismas rentas y las mismas condiciones del contrato vigente. La medida, que se incorporó en el escudo social desplegado para hacer frente a la crisis de la Covid, ya ha decaído, y la idea que se está barajando es recuperarla para evitar que los propietarios actualicen los alquileres con un IPC disparado, ya que, en base a la regulación actual, la subida de la renta anual puede ligarse, como máximo, a la variación anual del IPC mientras dure el contrato.
En un momento en el que la tasa anual del IPC se sitúa en el 7,6%, los inquilinos a los que les toque ahora la revisión anual de su contrato podrían ver aumentar su alquiler mensual en 53 euros de media. Así lo refleja un estudio realizado por Idealista que toma como referencia una vivienda tipo piso de dos dormitorios cuyo precio mediano cerró en 695 euros al mes en febrero de 2021, por lo que la renta actualizada con el último IPC ahora se sitúa en 748 euros mensuales, lo que supone una subida media de unos 634 euros anuales. Aunque, en principio, los propietarios están optando por no aplicar la totalidad del IPC en la actualización de la renta, ante una previsión de que la tasa de inflación se aproxime al entorno del 10% en los próximos meses, la situación a la que se enfrentan los inquilinos requiere especial atención por parte del Gobierno, que está valorando blindarles.
Son dos los ministerios directamente implicados en este apartado del diseño del nuevo escudo social. El de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige Raquel Sánchez, del área socialista del Gobierno, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que pilota Ione Belarra, de Unidas Podemos. Desde el primero señalan que todavía no están valorando "ninguna medida extraordinaria", porque no han recibido "ninguna propuesta" en ese sentido. Si bien los morados describen su propuesta para el "nuevo escudo social y verde" en un documento en el que consideran "necesario" prorrogar medidas como la prohibición de cortar suministros básicos o la suspensión de los desahucios y recuperar otras, como las prórrogas a los contratos de alquiler "para proteger a los inquilinos y evitar subidas abusivas".
El debate está sobre la mesa y es también una reivindicación sindical. En el marco del pacto de rentas, CCOO y UGT no quieren hablar solo de salarios (para eso tienen abierta una negociación bilateral con la CEOE sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), sino que reclaman al Gobierno incorporar otras medidas que amortigüen el golpe de la crisis energética sobre la población. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, defiende un pacto de rentas "plural" que sume a los rentistas que, por lo general, referencian sus contratos al IPC. "El Gobierno debería actuar, de forma coordinada con las comunidades autónomas, para congelar el precio de los contratos de alquiler y establecer precios máximos para los nuevos contratos que se suscriban mientras los precios de la energía se mantengan altos", demanda al Ejecutivo.
El blindaje de los inquilinos frente al rally del IPC es solo una de las reivindicaciones sindicales para el pacto de rentas. Los sindicatos también demandan medidas de protección para los hogares más vulnerables, incluida la ampliación de las rebajas fiscales en el ámbito energético. También piden fijar precios máximos en la energía y aumentar los impuestos sobre las eléctricas para recuperar los beneficios caídos del cielo, medidas a las que ha abierto la puerta la Comisión Europea, así como apoyar a los sectores más afectados por la escalada de los precios energéticos, tanto con ayudas directas como con la activación del mecanismo RED, la herramienta de flexibilidad interna que incorpora la reforma laboral para dar respuesta a crisis cíclicas y sectoriales y que Sánchez ya anunció que pondría en marcha.
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