Gobierno de Perú se reunirá mañana con mineros informales que rechazan ley

Lima, 21 mar.- El Gobierno de Perú dará mañana una respuesta a los mineros informales que rechazan una ley para su formalización, cuyo plazo vence en abril próximo, y que iniciaron el último jueves una movilización nacional por este motivo.

Tras mantener una reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el presidente de la Federación Minera de la región de Madre de Dios, Luis Otsuka, dijo que hasta la fecha no se había solucionado el tema y que mañana continuarán con el diálogo.

"Nosotros hemos presentado unos pedidos puntuales para que se deroguen o se corrijan estos artículos de esta ley, porque sino no es viable la actividad de la pequeña minería en el Perú", afirmó Otsuka a RPP Noticias.

Al ser consultado sobre el bloqueo de vías en el país por los manifestantes mineros, que sobre todo afecta a la zona sur, Otsuka dijo que esto se condicionaba a la respuesta del Ejecutivo.

Según medios locales, miles de mineros han bloqueado vías en regiones sureñas como Arequipa y Puno e incluso se han suspendido las clases escolares y se han cerrado los comercios.

Para Otsuka, el proceso de formalización que se inició en 2012 busca "desaparecer la actividad minera".

El jueves último, unos 2.000 mineros informales se movilizaron hasta el Congreso y una comisión de ellos logró reunirse con el presidente del Parlamento, Fredy Otárola, para exponerle sus pedidos.

En 2012, el Gobierno peruano inició el proceso de formalización con el compromiso de unos 70.000 mineros a nivel nacional, pero según las últimas cifras oficiales solo 31.000 de ellos han gestionado la documentación respectiva.

Las autoridades peruanas diferencian entre los mineros informales, que permanecen en zonas autorizadas pero sin los permisos respectivos, y los ilegales, que ocupan zonas de reservas naturales y cuya actividad es combatida desde 2011.

Las primeras acciones de interdicción en el país sucedieron ese año, durante el régimen de Alan García (2006-2011), con el fin de aplicar la política estatal de "tolerancia cero" a la minería ilegal, que destruye y contamina la Amazonía peruana.