El Gobierno descarta aprobar la reforma de la Ley de Aguas en la legislatura actual

El Ministerio de Transición Ecológica no llegará a tiempo en la presente legislatura para sacar adelante la reforma de la Ley de Aguas en plena crisis hídrica por la sequía que amenaza las cosechas de todo el país. Ha sido el asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Manuel Menéndez Prieto, quien ha confirmado la imposibilidad de tramitar a tiempo la nueva norma en una jornada sobre la situación de los fondos Next Generation en España organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El Gobierno lanzó la reforma de la Ley de Aguas el pasado verano, cuando inició el proceso de consulta pública de la nueva norma como parte de los compromisos acordados con Bruselas para poder recibir los Fondos de Recuperación. Sin embargo, Menéndez Prieto aseguró en el mencionado evento que, dados los plazos actuales, no podrá tramitarse antes de las elecciones de diciembre, por lo que la reforma quedará en manos del próximo Ejecutivo. 

Prevista para mediados de 2023

Inicialmente, el departamento de Ribera fijaba para mediados de 2023 el plazo previsto para tramitar esta Ley, pero la actualización del marco normativo de las aguas españolas quedará colgado a la espera de las decisiones del Gobierno que derive de las urnas en el fin de año. Pese a ello, esto no afecta a otra legislación ya aprobada como las nuevas normas técnicas de seguridad de presas y embalses o el Real Decreto que actualiza la transposición de la directiva europea sobre contaminación. 

La Ley de Aguas actual data del año 2001, cuando se integraron normas predecesoras de los años 1985 y 1999, así como otras que afectaban a la legislación de aguas en menor grado. En el tiempo que lleva vigente ha sufrido diversas modificaciones, como la relativa a la transposición de la Directiva Marco del Agua aprobada en 2003. Ante las demandas de las distintas administraciones hidráulicas, así como de la sociedad civil, el Ministerio consideró oportuno aprobar una nueva norma que permitiera hacer frente a las "numerosas transformaciones" que afectan a los recursos hídricos, incluyendo la incidencia del cambio climático. 

Quien contamina paga

Los compromisos formalizados con Bruselas se saldarán, por tanto, en una reforma del Texto Refundido de la Ley para aplicar los principios de recuperación de costes y "quien contamina paga". De esta forma, se propone modificar el canon de control de vertidos de aguas residuales y el sistema de recuperación de costes de las infraestructuras hídricas. 

Se trata, según el Ejecutivo, de mejorar el control y la protección de las masas de agua, incluidas las subterráneas; así como ser capaces de responder a los períodos de escasez y sequía en un contexto de cambio climático. También se incluían modificaciones en órganos de gestión de las aguas, precisar el régimen jurídico de los caudales ecológicos o las aguas regeneradas; el uso de bienes de dominio público; el control de caudales retornados o la modificación del régimen sancionador.