El plan del Gobierno para agilizar la ejecución de los fondos europeos, eliminando los cuellos de botella de la Administración, no contempla por ahora la incorporación de las entidades financieras a la misión de agilización del dinero a través de convenios de colaboración que permitan a los bancos, voluntariamente, intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones. Al menos, esta posibilidad no se recoge en el borrador del real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso La Información, que aborda una reforma estructural para modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria y simplificar trámites para canalizar desde el próximo mes de enero los 27.000 millones de euros de los fondos adelantados en los Presupuestos de 2021.
El Ejecutivo ignora así, por el momento, la demanda del sector bancario, que en los últimos meses ha venido insistiendo en su capacidad para mediar en la distribución de los fondos y evitar que las ayudas se retrasen en un momento en el que son urgentes. "Podemos hacer de puente entre esos fondos europeos, que pueden tardar en llegar, evitando cuellos de botella o retrasos innecesarios, y podemos proporcionar más fondos complementarios, apalancando así el uso de estos fondos y multiplicando el efecto positivo", apuntaba recientemente en una intervención pública el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán. El responsable de la AEB incidía en que la banca no busca protagonismo, sino ayudar, con "objetividad y efectividad" y "criterios bien definidos".
Fuentes gubernamentales indican que se trata de un borrador, susceptible de ser modificado, pero que por el momento no contempla esta consideración de las entidades financieras como colaboradoras puente entre los fondos y las empresas, comunidades autónomas o ayuntamientos. Se trata de una petición que también había formalizado la CEOE en su propuesta de Proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la distribución de los fondos europeos Next Generation EU, remitida al Gobierno hace unos días. En el texto, que ha podido consultar La Información, la patronal pedía "incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización, abriendo la posibilidad de que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de colaboración, cuando las bases reguladoras así lo prevean, para intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión".
En concreto, la confederación presidida por Antonio Garamendi propone que, "mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se establecerán las estipulaciones generales de estos convenios de colaboración, incluido el precio máximo que podrá cobrarse a los solicitantes por los servicios que las entidades de crédito presten con motivo de estas operaciones y que estén previstos en los convenios, sin perjuicio de cualesquiera otros que, relacionados con su actividad típica, pudiesen ofrecer a los solicitantes". Además, "el órgano competente para la concesión de la subvención o el organismo intermedio regulado en la normativa europea a través del cual actúe hará público su interés en celebrar convenios de colaboración con este fin, que habrán de ser suscritos con cuantas entidades de crédito, tal y como son definidas en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, manifiesten la aceptación de las estipulaciones del convenio y se adhieran a él".
El proyecto de real decreto elaborado por el departamento legal de la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal añade que "las entidades de crédito firmantes del convenio habrán de someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente o el organismo intermedio regulado en la normativa europeo, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores". Y asimismo, "remitirán al Banco de España, con carácter semestral, la información relativa a la actividad de colaboración desarrollada en el periodo inmediatamente anterior".
Nada de esto, sin embargo, se recoge en el borrador del Gobierno, que ha sido elaborado por la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo y que, no obstante, es susceptible de sufrir modificaciones cuando Bruselas desarrolle el reglamento definitivo, insisten fuentes gubernamentales. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pedía cautela en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes al ser preguntada por el contenido del borrador filtrado a la prensa porque "son documentos que se están trabajando y, en el debate dentro del Gobierno, se pueden producir cambios". Salía así al paso de la rectificación por la que, finalmente, todos los miembros del Consejo de Ministros participarán en la gestión de los fondos europeos, tras haber trasladado el vicepresidente Pablo Iglesias su malestar por haber sido excluido de la comisión interministerial que se planeaba crear para tal fin.
El borrador del Gobierno da forma a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los PERTE, la nueva figura jurídica de colaboración público-privada. La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que va a depender el registro estatal para las entidades interesadas. Estos proyectos tendrán preferencia en el cobro de subvenciones y podrán llegar a recibir por adelantado hasta un 90%. Aunque en líneas generales, el documento flexibiliza la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos comprometidos, con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en este tipo de negocios, pudiendo llegar hasta el 50% de la cantidad total a percibir.
Agilizar al máximo los plazos
La norma busca agilizar al máximo todos los plazos de los contratos financiados con los fondos europeos, a los que se aplicará el régimen excepcional de tramitación urgente. Además, se aborda la simplificación de la tramitación de convenios administrativos, eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos. La tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos también se agiliza y se acortan los plazos, eliminando requisitos de informes y autorizaciones preceptivas. Y respecto a la fiscalización, señala sobre el régimen de control previo aplicable a los expedientes que el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.
El borrador establece que se creará un portal web único del Plan de Recuperación, que centralizará y distribuirá la información a todos los interesados. A través de la ventanilla única se podrá realizar la tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias de ejecución de fondos. Asimismo, se dará el visto bueno a los ministerios a reforzar sus plantillas con el nombramiento de funcionarios interinos o personal laboral con contratos de duración determinada debido al incremento de la carga de trabajo que se avecina en los próximos años. También se reorganizarán puestos de trabajo y se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial, pudiendo percibir un complemento salarial variable por consecución de objetivos para compensar el desempeño del personal.
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