El Gobierno descarta incluir en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) este año a medio millón de pensionistas vulnerables. Se trata, exactamente, de 449.588 perceptores de pensiones no contributivas, que son las que se cobran aunque no se haya cotizado lo suficiente a la Seguridad Social. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, había avanzado su incorporación en el esquema de la renta mínima, tal y como habían reclamado las asociaciones de pensionistas, pero fuentes de su departamento consultadas por La Información descartan una reforma 'exprés' para realizar el trasvase antes de que acabe el año.
Escrivá anunció la medida hace unos días en el Congreso durante su intervención en la sesión de control al Gobierno. En el marco de la futura reforma que busca liberar a la Seguridad Social de 23.000 millones de euros de gastos impropios, se está estudiando sacar de la caja las pensiones no contributivas para integrarlas en el esquema del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de las pensiones más bajas (430 euros en el caso de invalidez y apenas 391 euros las de jubilación) y sus beneficiarios llevan meses reclamando al Ejecutivo la compatibilidad con el IMV, que se sitúa en 462 euros, si bien la cuantía anual coincide en 5.538,4 euros anuales porque el IMV se abona en 12 pagas y las pensiones en 14. Los cambios, que afectarían a los requisitos de acceso, sin embargo, no llegarán a corto plazo.
No hay siquiera un calendario previsto para este trasvase, según admiten fuentes de la Seguridad Social. La idea es esperar a que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo cierre sus recomendaciones, algo que se espera para finales de octubre, aunque la fecha puede variar en función del curso de los acontecimientos a nivel político. En cualquier caso, tal y como se explicó en estas páginas, algunos grupos parlamentarios han mostrado una fuerte oposición a incluir dentro de las recomendaciones una referencia al IMV, en algunos casos precisamente por no formar parte del 'corpus' de la protección contributiva del sistema; y en otros, de corte nacionalista, por tratarse de una prestación excepcional del Estado que aspiran a que acabe siendo gestionada por los gobiernos autonómicos.
Las asociaciones de pensionistas han venido denunciando la exclusión del colectivo de jubilados del cobro del Ingreso Mínimo Vital, especialmente en los casos de los perceptores de las pensiones más bajas, las no contributivas, que obtienen ingresos inferiores a la renta mínima. Este requisito se modificó sustancialmente en el último real decreto ley de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para permitir el acceso a la prestación a los mayores de 65 años que no sean beneficiarios de una pensión de jubilación contributiva o no contributiva o cuando se trate de personas declaradas en situación de exclusión por el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma o entidad local.
En el real decreto ley por el que se aprobó el IMV se establecía superficialmente que "la progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país". En el Congreso, Escrivá adelantó que se empezará por redefinir estas ayudas para que se diseñen en función no ya del individuo beneficiario, sino de los ingresos y la composición de los hogares, como sucede con la renta mínima, con lo que se espera abordar mejor las situaciones de vulnerabilidad.
Por el momento, el ministro animó a las comunidades autónomas -que son las que gestionan las pensiones no contributivas, pese a que las financia la Seguridad Social- a utilizar el presupuesto que antes empleaban en las rentas mínimas y que ahora asume el Estado para mejorar este tipo de pensiones, ya que la ley les da un margen para complementarlas en hasta un 30%. En paralelo, Escrivá reconoció la necesidad de seguir mejorando la redistribución dentro del sistema de pensiones: "Es una línea en la que hay que seguir avanzando, dijo, porque "los pensionistas de rentas más bajas tienden a vivir menos y se benefician menos del sistema y está justificado introducir mas progresividad", explicó y emplazó a buscar los mecanismos más adecuados en el seno del Pacto de Toledo.
Recta final para la reforma
Este miércoles la comisión parlamentaria inicia la recta final hacia la renovación definitiva de sus recomendaciones en materia de pensiones. La idea es introducir cambios sobre el borrador alcanzado en la última legislatura, incluida una referencia explícita a la asunción por parte de todas las fuerzas políticas firmantes del principio de que las pensiones públicas son viables desde el punto de vista financiero. Además, una vez superado el elemento que hizo encallar los últimos intentos de acuerdo, el mecanismo de revalorización, parece haberse perfilado un consenso en torno a un esquema que tenga como principal referencia la evolución de la inflación. También se busca liberar a la Seguridad Social de esos gastos impropios, algo que podría empezar a plasmarse ya en los Presupuestos para 2021.
Asimismo hay un elevado grado de acuerdo en torno a nuevos aspectos como la necesidad de premiar -o al menos no penalizar- a los trabajadores que acrediten carreras de cotización de más de 40 años; o la ampliación del perímetro del protección del sistema a determinadas discapacidades, como la polio; así como la resolución de los problemas de las parejas de hecho en el acceso a determinadas prestaciones como la de viudedad; y también respecto a la protección de los derechos adquiridos por los funcionarios del régimen de clases pasivas, entre quienes crece la preocupación por los rumores de que el Gobierno les quiere retirar beneficios como la posibilidad de jubilarse a los 60 años con el 100% de la prestación que les corresponde.
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