Un 'salvavidas' para empresas con futuro

El Gobierno descarta nacionalizaciones: apoyará empresas estratégicas y viables

El fondo de 10.000 millones para estabilizar empresas en problemas que se aprobará este viernes no se empleará para resolver situaciones como las de Nissan o Alcoa.

Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, en una protesta por Alcoa antes de entrar en el Gobierno.
Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, en una protesta por Alcoa antes de entrar en el Gobierno.
Europa Press

La imagen que ilustra esta información es de principios de diciembre de 2018. Con el conflicto por el cierre de Alcoa en plena ebullición dos políticos de Unidas Podemos, el hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se presentaron en A Coruña para dar su apoyo a los 686 trabajadores de las plantas que la empresa tiene en la ciudad y en Avilés y para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una actuación decidida para defender los puestos de trabajo. "Los trabajadores solo piden (al Gobierno) que se cumpla la Constitución y que haga lo que hacen otros países europeos que protegen sus industrias. El Gobierno debe demostrar su patriotismo defendiendo a estos trabajadores y a sus familias", dijo ese día un encendido Pablo Iglesias.

Año y medio después de esa ceremonia de adhesión con los intereses de los trabajadores de Alcoa, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz son dos de los miembros más destacados del Gobierno de coalición de las izquierdas, conforman el mascarón de proa del área de Gobierno de Unidas Podemos y este viernes darán su apoyo en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros a la constitución de un 'Fondo de Rescate' dotado con 10.000 millones de euros e ideado para estabilizar la situación de empresas españolas con problemas de solvencia, del mismo modo que ya se hace en otros países de la UE. 

El fondo proveerá de 'potencia de fuego' al Estado para entrar de forma transitoria en el capital de empresas en problemas mediante la compra de acciones, adquisición de títulos de deuda o de cualquier otro instrumento convertible en capital, que permita estabilizar coyunturalmente su situación en tanto persistan las vulnerabilidades desencadenadas por la crisis de la Covid-19, pero no se empleará para salvar a empresas en riesgo de cierre por decisiones estratégicas de sus propietarios como pueden ser los casos de la propia Alcoa o de la planta de Nissan en Barcelona, según precisan a La Información fuentes del Gobierno.

"No se trata de una herramienta para nacionalizar empresas", aclaran estas mismas fuentes. El fondo, que se ha cocinado en los despachos de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, busca cubrir un flanco que el área económica del Gobierno creía descubierto y sobre el que ya se ha actuado en la práctica totalidad de los grandes países europeos: la creación de una especie de 'escudo financiero público' para empresas de sectores estratégicos para la economía del país a los que las medidas de confinamiento decretadas para contener la propagación del coronavirus han dejado en una situación particularmente delicada. 

En la mente de todos, la situación de las aerolíneas. Holanda ha rescatado a KLM, Alemania ha hecho lo propio con Lufthansa y Francia ha prestado 7.000 millones de euros a Air France por poner solo algunos ejemplos.

No a las nacionalizaciones

El modelo se aleja del esquema de nacionalizaciones defendido desde Unidas Podemos. La formación morada no sólo ha defendido abiertamente la intervención de la Sepi en casos como el de Alcoa o Nissan sino que hace poco menos de un mes, Unidas Podemos planteó una PNL en la que planteaba un esquema según el cual las empresas receptoras de ayudas públicas deberían firmar un compromiso de permanencia en el tejido productivo durante un periodo no inferior a cuatro años, que les obligaría a devolver las ayudas en caso de incumplimiento. Además, el Estado asumiría la responsabilidad de mantener el empleo en caso de que el proyecto apoyado con fondos públicos resultara fracasado.

Este 'fondo de rescate' operará según tres principios básicos. En primer lugar, será una herramienta de último recurso, es decir, que se activará cuando la aplicación de los otros instrumentos disponibles como la financiación del ICO no haya alcanzado para estabilizar la situación de la empresa en cuestión; además sólo se pondrá en marcha a petición de la empresa o lo que es lo mismo el Gobierno no se dedicará a intervenir empresas con los 10.000 millones de euros disponibles sino que se limitará a dar su apoyo financiero cuando éstas lo soliciten formalmente. Por último, esa financiación se reservará a empresas estratégicas para el aparato productivo del país, de reconocida solvencia y cuya situación financiera las haga viables. Desde el Gobierno dejan muy claro que esos fondos no se emplearán para salvar empresas de las que ha huido la iniciativa privada y cuyo futuro es incierto...

La decisión tiene algo de restricción autoimpuesta y mucho de no contravenir el marco regulatorio europeo, especialmente sensible a cualquier operación no concertada de apoyo a una empresa o un sector nacional. España acumula una larga lista de sanciones europeas por ayudas de Estado y en un contexto en el que el país se juega decenas de miles de millones de euros en el Fondo de Reconstrucción - aún en negociación - y a otro nivel la Presidencia del Eurogrupo con Nadia Calviño no tendría mucho sentido desafiar uno de los principios más sólidos de la UE.

Gestionado por SEPI y con una fuente de financiación incierta

El fondo de rescate para empresas se ha diseñado en las mesas de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, pero dependerá funcionalmente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y, más en concreto, del hólding empresarial público, la SEPI, que será la encargada de gestionar las operaciones que realice el fondo en el futuro y los criterios según los cuales se determinará la intervención del Estado en las empresas que lo soliciten.

Tanto esos criterios como las fuentes de financiación de la que saldrán los 10.000 millones se afinarán tras el Consejo de Ministros de este viernes. Una de las opciones es utilizar a ese fin parte de los fondos dispuestos por Europa para contribuir a superar la crisis. En este sentido, el Eurogrupo ya acordó la  creación de un superfondo por valor de 200.000 millones de euros, a partir de 25.000 millones de euros aportados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y aportaciones de los países del euro para apoyar a empresas solventes en problemas de liquidez por la irrupción del coronavirus.

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