Descentralización de instituciones

El Gobierno descarta el traslado forzoso de funcionarios a sedes fuera de Madrid

El Ejecutivo abrirá conversaciones con los sindicatos de empleados públicos sobre la salida de organismos e instituciones de la capital. Se abordará el modelo de movimientos voluntarios de personal.

Isabel Rodríguez
El Gobierno descarta el traslado forzoso de funcionarios a sedes fuera de Madrid
Europa Press

La reapertura del debate sobre la descentralización de las instituciones públicas con sede histórica en Madrid ha abierto el melón sobre los posibles traslados forzosos de funcionarios, pero fuentes gubernamentales avanzan a La Información que ese no es el modelo que el Ejecutivo tiene en mente y que se apostará por los movimientos voluntarios de empleados públicos, así como por la incorporación de nuevos trabajadores a las sedes de nueva creación que se asienten en los distintos territorios, toda vez que, al menos en el corto plazo, no se está contemplando el traslado de sedes de organismos e instituciones emblemáticos ya asentados en la capital.

El traslado forzoso de funcionarios fue una de las cuestiones que más polémica generaron cuando el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero pactó con la Generalitat de Cataluña el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de la capital a Barcelona, una decisión que primero anuló el Tribunal Supremo, tras el recurso de la Comunidad de Madrid y de un grupo de trabajadores de la CMT, y que después frenó el Gobierno de Mariano Rajoy con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un órgano macrorregulador que absorbió la CMT y otras cinco entidades supervisoras.

Por aquel entonces también se discutió sobre el traslado del Senado a Barcelona, un proyecto defendido por el PSC en numerosas ocasiones, pero que también resultó frustrado. El debate sobre la 'descapitalización' de Madrid, por tanto, no es nuevo. Pedro Sánchez lo recuperó en 2019, como presidente en funciones, plantando a las plataformas de la 'España vaciada' la idea de descentralizar instituciones gubernamentales para frenar la despoblación. Y más recientemente, el documento 'España 2050' ha recogido la intención de "equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello suponga la generación de duplicidades".

Sánchez reavivaba el debate este domingo. A pocos días de que se celebre el 40º Congreso Federal del PSOE, el jefe del Ejecutivo volvía a plantear la necesidad de que Madrid no acapare toda la presencia de los organismos públicos. La "cohesión territorial" requiere "descentralizar la presencia institucional" para que el Estado esté presente en todos los territorios, defendía. El presidente apostaba por abordar con las autonomías un debate sobre la necesidad de que "muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representen al Estado en muchísimos territorios". Eso sí, en un principio se trataría de que los organismos de nueva creación no se instalen en Madrid, sino en otras autonomías, manteniendo en la capital los existentes para no trastocar la vida de los funcionarios que trabajan en ellos.

Guerra Sánchez-Ayuso

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegaba este mismo lunes. Isabel Díaz Ayuso se ha tomado el movimiento de Sánchez como una declaración de guerra a su territorio y ha acusado al Gobierno de querer "destrozar" la Comunidad de Madrid con su intención de descentralizar las instituciones estatales para que salgan de la capital, generando "agravios" contra la región para "buscar votos" en otros territorios, porque la izquierda "da por perdida la capital de España". "Buscan que otros españoles odien Madrid y, por tanto, que los españoles odien su propio país", expresaba Ayuso este lunes en declaraciones a los medios de comunicación.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, replicaba a Ayuso en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros celebrado este lunes, pidiéndole "tranquilidad" y enmarcando la propuesta en la premisa de que en todos los territorios "haya oportunidades para desarrollar proyectos vitales". "Que familias jóvenes que quieran vivir en medios con menor población puedan tener oportunidades para desarrollarse también, de manera plena, en el ámbito profesional, y dedicándose también al desempeño de la función pública en el ámbito de la Administración General del Estado", añadió Rodríguez.

En este sentido, fuentes gubernamentales adelantan que no se va a optar el modelo de traslados forzosos con indemnizaciones, sino por los desplazamientos voluntarios de personal. Ambas opciones están contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público, aunque desde Zeres Abogados, Fabián Valero explica que "existen mecanismos para evitar los traslados forzosos, como hacer un proceso extraordinario de movilidad o un concurso de traslados para que gente pueda pedir el destino en la nueva localidad y los que iban a tener que moverse de manera forzada puedan optar a otro puesto". Este especialista en derecho laboral y empleo público matiza, además, que una parte importante del personal de la Administración General del Estado es de fuera de Madrid "y si pudiera volver a su casa, o aproximarse más, estarían encantados". "No creo que falten voluntarios", concluye.

Diálogo social

El Gobierno tiene previsto abrir un proceso de consultas con los principales sindicatos de los empleados públicos para poner sobre la mesa sus planes sobre la descentralización institucional, según deslizan las fuentes consultadas. Desde las organizaciones sindicales, por el momento, prefieren no valorar de manera oficial una cuestión que consideran "política, entre Sánchez y Ayuso". Fuentes sindicales recuerdan que no es la primera vez que se descentralizan las instituciones y que, de hecho, la mayoría de los organismos estatales tienen sus sedes en comunidades autónomas. En cualquier caso, avanzan que la posibilidad de traslados forzosos de funcionarios está absolutamente "fuera de lugar" y zanjan el debate.

Aunque la Constitución de 1978 instauró en España un modelo descentralizado de organización territorial, los principales órganos institucionales se concentran en la capital. Para empezar, las sedes de todos los ministerios, del Congreso de los Diputados y del Senado, así como el Tribunal Supremo, el Constitucional, la Audiencia Nacional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de la citada CNMC y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En total, de los cerca de 515.000 empleados públicos del Estado, unos 150.000 se encuentran en Madrid, es decir, la capital acapara casi el 30% del personal al servicio del Estado.

Mostrar comentarios