"Lo peor ya ha pasado". Con estas palabras, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, daba por contenida la hemorragia en el mercado laboral en una entrevista emitida en la Radio Galega el pasado lunes. El martes ratificaba esa afirmación en sede parlamentaria, esta vez con cifras: en lo que va del mes de abril, se han creado 21.300 empleos. El mensaje seguía calando a lo largo de la semana a través del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien el miércoles afirmaba en un encuentro digital organizado por el Consejo General de Economistas que las estadísticas de afiliación diaria revelan que "el proceso de destrucción de empleo se ha parado". Así, fuentes gubernamentales confirman a La Información que, contra todo pronóstico, el Ejecutivo ya ve brotes verdes en el mercado laboral y empieza a preparar el plan de desescalada específico para el empleo.
¿Cómo es posible este optimismo en el Gobierno cuando la propia Díaz informó en el Congreso de los Diputados de que el paro ha seguido creciendo en abril en otras 185.270 personas, con lo que la cifra total roza ya el medio millón de parados? Pues porque los técnicos están monitorizando las altas y bajas diarias a la Seguridad Social y allí sí se palpa ya que, en términos netos, en lo que va de este mes se ha creado más empleo del que se ha destruido. Eso sí, esta conclusión requiere un matiz: según los cálculos del propio Ejecutivo, los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) alcanzan los cuatro millones y estos no aparecen reflejados en las estadísticas porque, aunque están cobrando una prestación por desempleo, su situación es eventual y siguen contando como afiliados en el sistema.
Dicho lo cual, el Gobierno considera que el mayor golpe al empleo ya ha pasado, pero como también advirtió Díaz en esa entrevista radiofónica, hay que afrontar la situación "con prudencia", porque todavía "quedan días duros". Los departamentos del área económica y laboral del Ejecutivo son conscientes, porque así se lo han advertido desde organizaciones empresariales y sindicales, de que existe la posibilidad, más que probable, de que muchos de los ajustes temporales de plantilla acaben convirtiéndose en definitivos, es decir, en despidos, y por eso están trabajando con los agentes sociales en el diseño de un plan de 'desconfinamiento' de la economía que permita mantener cierta flexibilidad en los ERTE cuando finalice el estado de alarma.
Gobierno, patronal y sindicatos están de acuerdo en que es necesaria una prolongación y flexibilización de las condiciones favorables de los ERTE para salir de esta crisis mitigando al máximo el golpe para el mercado laboral. No hay que olvidar que, tal y como está establecida la regulación en estos momentos, los expedientes por causa de fuerza mayor, que son los que conllevan la exención de cotizaciones a la Seguridad Social, deberán finalizar cuando acabe el estado de alarma. Pero todo indica que la recuperación de las empresas va a ser lenta, sobre todo en los sectores más afectados, por lo que el Ejecutivo está buscando las fórmulas para dar continuidad a los ERTE en los próximos meses, particularmente en los casos de actividades que van a seguir forzadas al cierre.
El plan de desescalada es el siguiente: el Gobierno contempla una primera etapa en la que se mantiene la excepcionalidad, aunque con carácter atenuado, y un segundo periodo de acercamiento progresivo a la normalidad, una normalidad también atenuada. Así lo explicó la ministra de Trabajo en el Congreso: "Los ERTE por fuerza mayor seguirán teniendo gran relevancia, por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda. Pero después, los expedientes evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción. También evolucionarán los mecanismos de exención de las cotizaciones sociales y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones".
La prioridad es preservar el capital humano y el tejido productivo necesario para tener músculo cuando empiece la etapa de recuperación económica. Para lograrlo, sobre la mesa están cuestiones como la atención específica a determinados sectores especialmente golpeados por esta crisis, sobre todo pequeños negocios dedicados al comercio, la hostelería, la restauración o el turismo en general. Y también la adaptación del régimen de exoneración de cuotas, que en este momento es del 100% para las pequeñas empresas y del 75% para las que tienen más de 50 trabajadores, y que evolucionará hacia descuentos parciales.
Si finalmente la solución pasa por permitir que los ERTE se justifiquen por causas de fuerza mayor más allá de la vigencia del estado de alarma, la Seguridad Social seguirá asumiendo los sueldos de los trabajadores al 70% que fija la prestación, si bien se está barajando rebajar el porcentaje de cobertura de la cuota patronal. Si, por el contrario, se opta por transformar la causa de esos ERTE en económicas, técnicas, organizativas o de producción, los empresarios están pidiendo al Gobierno que apruebe una exención similar a la que se ha facilitado para los ERTE por fuerza mayor. Fuentes de la CEOE admiten que "la exoneración total sería insostenible para las arcas públicas", pero aspiran a arrancar al Ejecutivo un descuento que "podría rondar el 50%".
El plan de desescalada laboral
A la espera de que finalicen estas negociaciones y se plasme en el BOE la nueva regulación para los ERTE 'post estado de alarma', ya ha trascendido parte del plan de desescalada laboral. Para empezar, el Gobierno ha decidido prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, medidas que fueron adoptadas en el Real Decreto-ley de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 y que, a juicio de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han resultado "tremendamente eficaces" para dar continuidad a la actividad económica en una situación excepcional como la actual.
Con todo, el mercado laboral está al ralentí. Ciertamente, las más de 20.000 altas registradas en la Seguridad Social durante las tres primeras semanas del mes de abril están íntimamente relacionadas con el sector agrícola, considerado esencial, y los contratos podrían finalizar conforme se vaya acercando el final de mes, como es habitual en estas actividades, de manera que es probable que la afiliación neta acabe descendiendo. Los datos finales no se conocerán hasta el próximo 5 de mayo, si bien todas las miradas de los analistas están ahora puestas en este martes, cuando verá la luz la Encuesta de Población Activa (EPA).
El problema de la EPA es que al recoger la evolución del mercado laboral durante los tres primeros meses del año, el impacto de la irrupción del coronavirus y la imposición del confinamiento con el estado de alarma durante la segunda quincena de marzo se verá diluido en el dato trimestral. Además, de nuevo en los datos brutos de esta encuesta no figurarán los afectados por ERTE, porque no son parados, y habrá que acudir al detalle de los datos sobre los "ocupados que no han trabajado en la semana de referencia". Las previsiones de Funcas apuntan a que si se contabilizaran los ERTE, la tasa de paro alcanzaría el 34% en el segundo trimestre del año, una cifra nunca vista en España. Excluyendo a este colectivo, se calcula una tasa en el entorno del 20%, lo que indica que a pesar de la contención de la hemorragia, el empleo todavía va a sangrar.
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