El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha asegurado hoy que cuentan con los apoyos necesarios para sacar adelante en el Congreso el real decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda y alquiler, en vigor desde inicio de mes.
Durante su intervención en el Forum Europa, Saura ha apuntado que aunque aún no hay fecha para su debate y convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, "efectivamente" cuentan con los apoyos necesarios para sacarlo adelante.
Entre otras medidas, el real decreto ley, en vigor desde el 6 de marzo, establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC en su revisión anual, al tiempo que fija determinados incentivos fiscales y un índice de precios de referencia de los alquileres.
Asimismo, se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos o a 7 años si es una persona jurídica y pasa a cuatro meses el período de preaviso por parte del arrendador y a dos meses para el arrendatario.
Para mantenerse en el tiempo, estas medidas deberán recibir el visto bueno del Congreso, trámite para el que se cuenta con un plazo de 30 días laborales desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que no decaiga. El 22 de enero, la Cámara Baja rechazó convalidar el único real decreto ley, también en materia de alquiler, sometido hasta entonces a su aprobación por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La norma recibió 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, después de que Unidos Podemos anunciara que votaría en contra porque el decreto no incluía las medidas que pactó con el Ejecutivo de cara a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Por otra parte, Saura ha defendido la necesidad de redactar una ley de vivienda que, entre otras cosas, eleve el peso de la vivienda social a precios asequibles hasta el 8 % de los hogares en 2030 (frente al 2,5 % actual) y establezca que las casas protegidas lo sean para siempre.
10.000 millones en licitaciones
Además, Saura, ha unciado que, en el primer semestre de 2019, las empresas bajo el paraguas de Fomento licitarán contratos por valor de 10.000 millones de euros, cuatro veces más que un año antes. Esta cifra incluye tanto inversiones en infraestructuras como la compra de material rodante por parte de Renfe.
Saura ha insistido en la necesidad de planificar adecuadamente la inversión en infraestructuras y que esta pueda ser fiscalizada por el Congreso mediante una ley con el fin de que no dependa de ciclo económico ni de intereses "subnacionales" o sectoriales. "España necesita recuperar una senda de inversión que ha sido baja en los últimos años", ha afirmado Saura, que ha estimado que esto ha provocado un déficit de inversión de 25.000 millones y la reducción y deterioro del capital público.
Respecto al futuro de la financiación de infraestructuras, como autovías y autopistas, Saura ha asegurado que durante la próxima legislatura seguirán planteando que sea acordada por una subcomisión en el Congreso creada al efecto y con el consenso de todos los partidos.
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