El último decreto aprobado para paliar el elevado coste del recibo de la luz que llevó el Gobierno al Congreso supuso un 'hachazo' a los 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas (esa diferencia ventajosa que consiguen por ofertar en el 'pool' energía barata de las renovables a precio de la energía cara del gas), y que ha sido, quizás, el detonante para 'romper' una relación, siempre ardua y cargada de tensión entre ambos. La eléctrica que mejor escenifica hoy este panorama es Iberdrola, que ha utilizado una serie de intermediarios para negociar indirectamente con el Ejecutivo: primero, haciéndose con los servicios del exsocialista Miguel Ángel Carmona y, después, contactando con un socio 'clave' del Gobierno: el PNV.
El pasado miércoles, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó una subasta para conceder nuevas licencias por un total 3.300 MW de energías renovables (eólicas y fotovoltaicas, principalmente). La puja la ganó finalmente la eléctrica Capital Energy, sin embargo, lo más llamativo de la adjudicación fue la no participación de Iberdrola, Endesa y Acciona, que optaron por plantar a la ministra. La razón de esta ausencia se debe a la nueva regulación de esta subasta que busca frenar la espiral alcista en el precio de la luz, cuya medida más polémica minora los ingresos de las compañías. La energética que preside Ignacio Sánchez Galán fue más allá y acusó su falta de participación a la "incertidumbre regulatoria, que les ha hecho replantearse sus inversiones renovables en el país".
En este clima de tensión, se atisba un nuevo frente de disputa entre eléctricas y Gobierno: llegan a su fin los contratos del suministro de energía eléctrica de la Administración General del Estado (AGE), que se recogen en el Acuerdo Marco 23/2017. Naturgy es una de las adjudicatarias, y fuentes de la compañía aseguran que "este acuerdo se inició en agosto de 2018 y tenía una vigencia inicial de dos años más otros dos prorrogables por mutuo acuerdo, por lo que finalizará este próximo agosto".
El suministro de energía que contrata el Estado para todas sus instalaciones es "centralizado". De esta subasta se encarga la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (que depende del Ministerio de Hacienda). Estas licitaciones se llevan a cabo por medio de seis lotes: el primero y el segundo -que hacen referencia a todos los edificios que se encuentran dentro de la península- el tercero y el cuarto -que se refieren a Baleares y Canarias- y, por último, los lotes quinto y sexto, que aluden a las dos ciudades autónomas.
Los dos primeros lotes son los más importantes, ya que la Administración concentra la mayor parte de sus edificios dentro del territorio peninsular, sobre todo en la capital, Madrid. Las empresas que participan actualmente en estos dos lotes son ocho: Iberdrola, Naturgy, Endesa, Acciona, EDP, Ondemand Facilities, Aura Energía y Watium. Entre éstas se encuentran tres empresas que no acudieron a la última subasta de las energías renovables antes mencionada, lo que debe provocar cierto 'nerviosismo' dentro del Ejecutivo ante esta dependencia que tienen de las eléctricas, que puede originar que uno de los socios de la coalición -Unidas Podemos- aumente sus presiones para la creación de una eléctrica pública.
Dentro del Acuerdo Marco, cada organismo actúa libremente cuando contrata su suministro eléctrico. Así, las energéticas presentan una serie de precios -que se forman a partir de la agregación de cada uno de los precios de los kilovatios ofertados por el consumo estimado de energía para cada tipo y periodo- a los organismos públicos. De esta forma, estos últimos de lo único de lo que se encargan es de elegir aquellas ofertas "más baratas", ya que lo financian con arreglo a lo que tienen presupuestado en sus partidas de gasto.
El Ministerio de Justicia es una de las instituciones que a través de dicho acuerdo consigue suministro eléctrico. El 1 de enero de 2021 adjudicó a Naturgy el suministro de electricidad para sus edificios hasta el 31 de diciembre del mismo año. La eléctrica a cambio se embolsó hasta 1,4 millones de euros. Sin embargo, "la subida del precio de la energía" ha hecho que Justicia no renueve su contrato con la empresa que dirige Francisco Reynés. Por lo que antes de que acabe el Acuerdo Marco el ministerio "va a llevar un nuevo procedimiento de adjudicación".
Un ejemplo, este último, que puede adelantar un paisaje de lo que ocurrirá este próximo mes de agosto, cuando la dirección general encargada de contratar el suministro total de electricidad descubra los precios sin precedentes a los que está el mercado. De momento, quedan diez meses. Un tiempo de margen limitado para negociar y evitar un nuevo desplante de las grandes energéticas del país.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios