Si es usted consumidor habitual de panes integrales, de cereales distintos al trigo o elaborados con salvado ha debido notar que su gasto diario se ha abaratado unos céntimos en el último mes y medio. Al menos, en teoría. La conocida como 'Ley del Pan', la nueva normativa en materia de calidad de este alimento fundamental en la cesta de la compra de los españoles que entró en vigor el pasado 1 de julio, rebaja el IVA de estos productos del 10% a un tipo superreducido del 4%, lo que en la práctica debe traducirse en precios más bajos. Pero la realidad es que el Gobierno en funciones no está vigilando que efectivamente esta nueva fiscalidad se esté trasladando al precio final de estos alimentos más saludables para los consumidores y, por tanto, beneficiando a sus bolsillos.
Así se lo exigieron al Ejecutivo varias organizaciones de consumidores, entre ellas Facua: la reducción del IVA debe trasladarse al consumidor final, que debe notarla en el precio. Pero "no se está realizando ningún control específico", admiten fuentes de Hacienda conocedoras de las actuaciones de vigilancia que sí se están llevando a cabo en el ámbito de la calidad alimentaria para garantizar que tanto obradores y grandes industrias como establecimientos de venta al consumidor final, ya sean supermercados o panaderías, cumplen con la nueva normativa en lo que se refiere a los estándares de calidad del producto.
En total las comunidades autónomas, las autoridades competentes en materia de control oficial de la cadena alimentaria, han comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta 140 inspecciones programadas para este año. Una cantidad que repunta considerablemente, habida cuenta de que en 2018 se programaron 43 actuaciones de control y finalmente se llevaron a cabo apenas 38, mientras en 2017 se preveían solo 8 y se ejecutaron un total de 54.
Esta oleada de inspecciones por parte de las agencias, institutos y direcciones generales de consumo de las comunidades autónomas van dirigidas a garantizar que las empresas cumplen con la nueva 'Ley del Pan'. Entre otros aspectos, se incorpora el concepto de "masa madre", la definición de "pan artesano" o la eliminación de los límites máximos de humedad. Asimismo, se establecen las condiciones para el etiquetado del pan integral, se fijan límites en lo que atañe al contenido de sal y se regula la comercialización del pan en el punto de venta.
Así consta en la respuesta del Gobierno en funciones a una pregunta formulada por la diputada de Izquierda Unida (IU) Eva García Sempere en la que plantea al Ejecutivo qué mecanismos pueden establecerse para asegurar que la reducción del IVA se traslada al precio final del pan. La contestación oficial repasa una serie de "normas claras y precisas para evitar el fraude" que serán "objeto de control oficial por parte de las autoridades competentes en materia de consumo y de calidad alimentaria de las comunidades autónomas". Sin embargo, no se hace referencia a la cuestión del IVA planteada por la diputada de IU.
"No nos han contestado", denuncia Sempere en conversación con este medio, al tiempo que señala la falta de inspecciones específicas en materia de IVA –que, recuerda, es una competencia estatal– y la ausencia de mecanismos tanto de evaluación como penalizadores. "El control es prácticamente inexistente y esta es precisamente una de las reivindicaciones del sector, porque el pan es un alimento básico y deben garantizarse unos precios asequibles", zanja.
¿Qué vigilan los inspectores?
Entre estas normas para evitar fraudes el Ejecutivo destaca en su escrito algunas de las especificadas en el Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, como la que obliga a indicar en la denominación de venta del pan el porcentaje de harina integral utilizado en la elaboración, la que concreta la definición de "masa madre", que se preserva a un tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales, la que establece que la mención "pan de leña" solo puede utilizarse cuando el pan haya sido cocido íntegramente en un horno que utilice como combustible la leña y la que obliga a indicar el peso de las piezas de pan en el punto de venta.
"Estas condiciones serán objeto de control oficial por parte de las autoridades competentes en materia de consumo y de calidad alimentaria de las comunidades autónomas", explica el Ejecutivo en su respuesta, para recordar después que "el reparto competencial establecido por la Constitución Española no confiere atribuciones para el control de los fraudes a la Administración General del Estado".
Así, son las CCAA las encargadas de realizar los controles, desde los puntos de elaboración del pan hasta los puntos de venta al consumidor final, para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, en este caso la Norma de Calidad del Pan. En este sentido, tal y como consta en la respuesta escrita del Ejecutivo, están programadas hasta 140 inspecciones a lo largo de este año.
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explican a La Información que "el control de la norma de calidad corresponde a las autoridades de agricultura (en las etapas de fabricación industrial) y a las de comercio en la venta al público". Asimismo, recuerdan que "el control del IVA y de su correcta aplicación corresponde al Ministerio de Hacienda, igual que ocurre con cualquier tipo impositivo de ese impuesto".
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