El Gobierno pretende que a partir del año 2024 los ciudadanos abonen un 'cánon' o peaje por circular por cualquiera de las carreteras de la red viaria del Estado, una red de 26.466 kilómetros, de la cual más de 12.000 kilómetros son vías de alta capacidad: autovías y autopistas. El Ejecutivo ha incluido el denominado 'sistema de pago por uso' en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas con la idea de empezar a aplicar en España los principios de "Quien contamina paga" y "el que usa paga". Argumenta que el mantenimiento de la red viaria tiene un coste anual de más de 8.000 millones de euros y que los ingresos derivados de la utilización de la misma no alcanzan ni para financiar una mínima parte de este coste lo que genera un déficit endémico que lastra las cuentas públicas.
En el documento denominado 'Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos', el Gobierno explica a Bruselas que la aplicación de esta medida no solo permitiría permitiría garantizar la conservación de la red viaria, sino que generaría " incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero", alineándose con dos de las políticas palanca que guían el plan español: la movilidad sostenible y la transición ecológica. De hecho, el Gobierno no descarta aplicar el esquema que se establezca a nivel estatal en el resto de las carreteras del territorio nacional que dependan de las administraciones territoriales.
Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años por lo que el nuevo esquema podría estar listo ya para el año 2024.
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte...por el artículo 33.
En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.
Déficit de 8.000 millones
Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. "Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señala el texto.
El Gobierno también aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.
Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación".
Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.
Situación en Europa
Tras la directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, incluidos los ligeros, es decir, a todos los ciudadanos.
En España, lejos de introducir peajes, las políticas han ido en sentido contrario, en no renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas. Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas.
La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.
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