"No dejar a nadie atrás". Se ha convertido en un mantra para el Gobierno. Pero lo cierto, lamentablemente, es que la pandemia del coronavirus está dejando a mucha gente por el camino. También en el terreno económico. Cientos de miles de personas se han ido a la cola del paro en las últimas semanas, bien porque les han despedido definitivamente o bien porque sus contratos temporales no han sido renovados. Pero otros cientos de miles afectados por ajustes de plantilla exprés se han convertido en desempleados temporales que siguen figurando como cotizantes en la Seguridad Social, por eso el departamento que dirige José Luis Escrivá está buscando la fórmula para que las estadísticas reflejen este impacto, según ha podido saber La Información a través de fuentes oficiales.
"El jueves va a ser un día negro para el mercado laboral, me arriesgo a decir que el peor de la historia". Es el desolador pronóstico de un sindicalista con dilatada experiencia que augura que el impacto de esta crisis económica en el empleo va a ser peor incluso de lo que dibujan las previsiones más pesimistas. Será mañana a las nueve de la mañana cuando se conocerán los datos de marzo. ¿Qué información se va a difundir exactamente? Por un lado, el número de demandantes de empleo registrados en las oficinas públicas a cierre del mes, es decir, los parados que había a 31 de marzo; y por otro, la evolución de la afiliación media a la Seguridad Social durante los días laborables de todo el mes pasado.
El problema es que las estadísticas, tal y como están diseñadas, difícilmente van a recoger la cantidad real de personas que han perdido su empleo de manera temporal o definitiva durante esta crisis. ¿Por qué? Son varios los motivos. Primero, porque las oficinas de empleo están desbordadas, no dan abasto para tramitar la oleada de expedientes de regulación temporal de empleo y se está produciendo un atasco en el reconocimiento de prestaciones, que van con un importante retraso. Y segundo, porque los trabajadores afectados por ERTE no causan baja en el sistema y por tanto se siguen considerando como afiliados a la Seguridad Social, de manera que en estos casos no consta destrucción de empleo.
Ante esta situación excepcional en la que se está viviendo una paralización de la actividad económica y laboral sin precedentes, y en cumplimiento del compromiso de transparencia que asumió desde que llegó al cargo Escrivá, los técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están buscando la fórmula para recoger al colectivo de afectados por ERTE en las estadísticas de manera clara, según explican fuentes de este departamento. En las últimas horas seguían intentando salvar este agujero estadístico para que los datos den fe, en la medida de lo posible, del verdadero impacto del Covid-19 en el mercado laboral.
En cualquier caso, el área económica del Gobierno ya maneja sus propias previsiones y no son nada halagüeñas. En un principio calculaban un millón de parados más por la crisis del coronavirus, pero en conversaciones privadas ya admiten que esa cifra se quedará corta. Los sindicatos también han echado cuentas y estiman que la cifra total se aproxima más a los dos millones, a los que habría que sumar otro millón de despidos individuales, solo en el mes de marzo, de los que tres cuartas partes se corresponderían con finalizaciones de contratos temporales.
En base a estos cálculos, si a finales de febrero había en España cerca de 3,3 millones de parados, a cierre de marzo se superarán con creces los 4 millones y podrían alcanzarse incluso los 5 millones (una cifra no vista desde la Gran Recesión) si las tramitaciones de altas en el Sepe fluyeran de manera automática. Hay que tener en cuenta que la restricción casi total de la economía, más allá de las actividades esenciales, entró en vigor este martes, 31 de marzo, por lo que la última oleada de trabajadores que han visto suspendida su actividad por no poder acogerse a los permisos retribuidos recuperables (permisos que, por cierto, tampoco alteran los datos porque son trabajadores en alta) podría no recogerse hasta las estadísticas de abril, que no se conocerán hasta principios de mayo.
Tensión financiera "sin precedentes"
El gasto que va a suponer para la Seguridad Social es incalculable. Además de asumir todas estas prestaciones de golpe, el Estado está cubriendo las cotizaciones sociales de las empresas que están optando por los ERTE y a parte se han aprobado nuevos subsidios para colectivos especialmente vulnerables como las empleadas del hogar o los trabajadores que han visto rescindidos sus contratos temporales. Todo ello sin exigir periodos de cotización mínima a la Seguridad Social y sin que este tiempo cuente como paro consumido para prestaciones futuras. A esto hay que añadir el coste de las bajas laborales por Covid-19 y la moratoria de seis meses para las cotizaciones de empresas y autónomos... un cóctel que va a revolver el estómago de las arcas públicas.
Son tantos los recursos públicos que se están utilizando para hacer frente a este descalabro económico sin parangón en la historia reciente que el Gobierno admite que "se está generando una tensión sin precedentes en los Presupuestos Generales del Estado, dando lugar a la necesidad de atender gastos imprescindibles, imprevisibles y de importante cuantificación, que no tienen cabida en un presupuesto prorrogado desde 2018". Así consta en el borrador del real decreto ley del último paquete de medidas económicas aprobado este martes, donde se permite incluso que "los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo".
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