El Gobierno está estudiando la viabilidad de instaurar en España un sistema de ayudas para la preparación de oposiciones que contribuya a eliminar las barreras socioeconómicas en el acceso al empleo público. Una suerte de becas para opositores que permitiría, especialmente a los ciudadanos más jóvenes, optar a una plaza de funcionario sin que su situación económica suponga un impedimento insuperable. Se trata de una medida que se está valorando en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que ha sido comunicada a las autoridades europeas, según consta en la documentación consultada por La Información.
En el marco del proyecto de Captación del Talento en la Administración General del Estado (AGE), el Ejecutivo contempla la posibilidad de implantar un sistema de ayudas económicas para la preparación de oposiciones. Así figura en el documento de 'orientaciones para el cambio en materia de selección en la AGE', que editó recientemente Función Pública bajo la batuta de Miquel Iceta y que ahora pilota la ministra María Jesús Montero. Se trata de un programa de fomento que está en estudio, todavía en una fase incipiente, y por eso, por ahora, el Gobierno no ha estimado el eventual coste que supondría para las arcas públicas.
"Los costes de preparación de una oposición, sobre todo a los Cuerpos Superiores de la Administración, son muy altos, ya que esa preparación conlleva a veces periodos muy prolongados, lo que implica que las personas que no pueden permitirse la dedicación exclusiva a preparar una oposición y hacer frente a los costes -sin necesidad de trabajar-, tengan más difícil el acceso al empleo público, con la pérdida de talento que esto supone y el sesgo social que, inevitablemente, conlleva", admite el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que contesta, precisamente sobre este asunto, a varios diputados de Vox que consultaron al respecto.
En el citado documento de Función Pública se contemplan una decena de medidas para mejorar el acceso al empleo público. Además del sistema de becas, se propone el diseño de portales para los aspirantes a la preparación de las oposiciones en los que se les suministren contenidos relacionados con las pruebas selectivas, además de la puesta a disposición gratuita de materiales y herramientas de ayuda al aprendizaje (temarios, simuladores de pruebas tipo test y casos prácticos. También se valora la descentralización de las pruebas selectivas en todo el territorio o la puesta en marcha de una campaña específica de captación del talento femenino en aquellos cuerpos o escalas en los que la mujer esté infrarrepresentada, entre otras medidas.
En el denominado Componente 11 sobre la modernización de las administraciones públicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno ya ha informado a la Comisión Europea de su intención de estudiar la implantación de este "programa de fomento para preparar oposiciones". Se trata de una medida reclamada, por ejemplo, desde las asociaciones de jueces y fiscales, que han remitido al Ministerio de Justicia una propuesta para establecer las bases para el otorgamiento de becas públicas destinadas a la preparación de oposiciones a la judicatura y fiscalía. "No cabe duda de que las personas tienen diferentes sensibilidades según su procedencia, formación, situación socioeconómica, y todas ellas deberían tener acceso y estar representadas en el Poder Judicial al igual que lo han de estar en el Parlamento", recoge el documento.
Precisamente, en el documento de ponencia marco que el PSOE aprobará en su 40 Congreso en el mes de octubre los socialistas plantean democratizar la carrera judicial por esta vía, arbitrando un sistema de becas, destinadas a quienes decidan iniciar el proceso de preparación de oposiciones, "que permita aflorar el talento y la vocación de los y las aspirantes a los distintos cuerpos, sin que la situación económica sea un impedimento insuperable, como lo es para muchas personas y sus familias en la actualidad", reza el texto. "Esta necesaria democratización de las carreras judiciales debe servir para incrementar el pluralismo social en el seno del Poder judicial y romper inercias elitistas", concluye el apartado, donde también se apuesta por incentivar con campañas informativas a las generaciones jóvenes para que participen en las convocatorias de empleo público.
La ponencia marco del PSOE recuerda que en los próximos diez años el 51% del personal de la Administración General del Estado se va a jubilar y defiende un modelo de empleo público "profesional, eficaz y motivador", en el que "prevalezcan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública" y que sea más atractivo para los jóvenes, con un enfoque basado en la equidad redistributiva. "Hay que garantizar que jóvenes universitarios, que no tengan los recursos necesarios, puedan optar a plazas de altos funcionarios mediante la articulación de un programa de ayudas", indica el documento del partido, que demanda "acabar con algunas barreras estructurales y de clase que impiden que algunos hombres y mujeres de talento y capacidad no pueden acceder a los puestos más altos de la Administración".
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