La vuelta al cole está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno y no solo por la complejidad para consensuar con las comunidades autónomas una única estrategia para la prevención de contagios de Covid-19 en las aulas, sino también porque alrededor de la reapertura de los centros educativos surgen una serie de hipótesis que necesitan una respuesta igual de urgente. Es el caso de los padres que no puedan acudir a sus puestos de trabajo por tener que hacerse cargo de sus hijos ante rebrotes en los colegios, una eventualidad que el Ejecutivo ya está contemplando y para la que se están estudiando medidas que den la cobertura jurídica necesaria a los trabajadores, según confirman a La Información fuentes gubernamentales.
Una de las opciones que está valorando el Gobierno es la aprobación de un "subsidio de conciliación" al que puedan acogerse los trabajadores que, sin tener opción de teletrabajar, se vean obligados a quedarse en sus casas para cuidar de sus hijos ante el cierre de su centro escolar por un brote de Covid. Se trataría de poner en marcha una prestación extraordinaria como la que ya anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en pleno estallido de la pandemia, pero que nunca llegó a desarrollarse porque poco después se procedió al cierre de toda actividad no esencial y se impuso el teletrabajo con carácter general en las empresas.
Ahora, fuentes del departamento de Escrivá adelantan que, una vez se despejen las incógnitas de la vuelta al cole a nivel nacional, tocará "evaluar la posibilidad de reactivar esta ayuda". El ministro planteó el 11 de marzo, tres días antes de la imposición del estado de alarma, que los progenitores que tuvieran que quedarse al cargo de sus hijos y no obtuvieran una solución de trabajo no presencial por parte de la empresa podrían solicitar una "compensación de ingresos" por el tiempo que tuvieran que pasar en casa "a través de una prestación de la Seguridad Social". Cinco meses después y ante la inminente reapertura de las aulas, el Ministerio se abre a estudiar esta opción, si bien las fuentes consultadas sugieren que las ayudas podrían salir de un ministerio distinto o incluso de las comunidades autónomas.
Desde el Ministerio de Trabajo, otro de los potencialmente implicados en el diseño de esta eventual prestación, evitan concretar sus planes para la vuelta al cole en el ámbito laboral. Fuentes cercanas al departamento de Yolanda Díaz recuerdan que está vigente el plan 'Me cuida', que fija el derecho de los trabajadores a reorganizar su trabajo a efectos de facilitar el cuidado y a reducir su jornada con pérdida proporcional del salario y sin que su ausencia pueda implicar sanciones. Pero los sindicatos exigen que esa reducción de jornada tenga aparejada una prestación, como indica el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y que se evite el recorte salarial con la creación de un "fondo de compensación", según señala el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.
"Desde CCOO llevamos desde el pasado mes de mayo insistiendo en la necesidad de abordar políticas de conciliación corresponsable y con perspectiva de género", evoca la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad del sindicato, Elena Blasco, quien apuesta por "priorizar y potenciar la adaptación de la jornada en las empresas, cuando concurran necesidades de conciliación derivadas de la Covid-19" y pide estudiar "en detalle" la implantación de posibles ayudas económicas "ante el riesgo de que surtan el efecto no deseado de reforzar roles de género o alejar a las mujeres del empleo". En cualquier caso, espera que la regulación del teletrabajo facilite "esa conciliación corresponsable, aporte seguridad y salud a las familias y permita abordar la salida de esta crisis con perspectiva de género".
El "cheque niñera"
El Gobierno todavía está estudiando a qué ministerio corresponde canalizar estas ayudas y, en definitiva, de qué presupuesto van a salir. En este sentido, otra de las fórmulas que se están valorando es destinar recursos para que los padres puedan acudir a sus puestos de trabajo, mediante la implantación de una suerte de "cheque" que permita a las familias contratar a otras personas para que cuiden de sus hijos. Se trataría de una iniciativa similar a la puesta en marcha en Italia a través del "cheque niñera" ('bonus babysitter') y que todavía no está claro si dependería del Ministerio de Hacienda o de las comunidades autónomas. El departamento que dirige la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.
Mientras tanto, sindicatos, partidos políticos y comunidades autónomas presionan para que estas ayudas sean una realidad cuanto antes. Este mismo lunes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, solicitó al Gobierno la creación de un "subsidio de conciliación familiar" que permita regular las situaciones que deriven de los casos de coronavirus en las aulas y adelantó que el Ejecutivo regional buscará una alternativa si el central no resuelve esta cuestión de inmediato. "Haremos lo que sea para que la ciudadanía de Cataluña esté tranquila y pueda conciliar (...) Gastaremos y haremos el déficit que sea necesario, ya que en estos momentos hay que poner en marcha todos los recursos", anticipó el líder autonómico.
En esta misma línea, ya a mediados de mayo, con el inicio del proceso conocido como "desescalada" hacia la "nueva normalidad", el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez la puesta en marcha de una prestación remunerada porque "hay muchísima gente que está siendo obligada a ir a trabajar y que no tiene con quién dejar a sus hijos y a sus hijas". "Sí que nos preocupa el asunto de la conciliación y de las dificultades enormes que fundamentalmente van a tener mujeres y familias monoparentales con los pequeños cuando se vuelva a iniciar la actividad en nuestro país y reflexionamos sobre ello", le respondió en aquel momento la vicepresidenta Carmen Calvo.
Cuando han pasado más de tres meses desde esas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y a apenas dos semanas de la vuelta al cole, fuentes gubernamentales aseguran que se está estudiando la posibilidad de poner en marcha esa prestación, previo análisis de la masa crítica de beneficiarios potenciales y del incremento de gasto público que pueda suponer. En su momento, Escrivá anunció que la prestación tendría "coste cero" para las empresas y supondría un desembolso "significativo pero manejable" para la Seguridad Social, si bien es cierto que entonces todavía no se había desplegado el escudo social que a estas alturas de la pandemia ya ha llevado al límite los recursos de las arcas públicas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios