"No nos metamos en eso", respondía Mariano Rajoy en una entrevista radiofónica con Carlos Alsina cuando era preguntado por la desigualdad salarial que existe en España entre ambos sexos. Era finales de enero y mes y medio después, el 8 de marzo, miles de personas salían a la calle para reivindicar los derechos de las mujeres en una jornada de huelga histórica. Tras esas concentraciones, el Gobierno ha decidido tomarse en serio la discriminación en las nóminas por razón de género y ha presentado un documento a los agentes sociales para combatir esta brecha que, según la última estadística de Eurostat correspondiente a 2016, se sitúa en el 16,2% en España. Son 24 puntos para negociar a partir de ahora con patronal y sindicatos.
El texto remitido por el Ministerio de Empleo, y al que ha tenido acceso este diario, fue entregado en mano a los agentes sociales el pasado lunes. Se les pidió confidencialidad. Se titula 'Documento de trabajo en la Mesa por la calidad en el empleo, discriminación salarial' y en él se plantean dos docenas de medidas para acabar con esta brecha por razones de género. Una de las principales es la puesta en marcha de "auditorías salariales" en empresas de más de 250 trabajadores o cuando así se decida en la negociación colectiva. Es decir, si prospera esta propuesta todas las compañías del Ibex 35 tendrían que poner en marcha estas auditorías independientes para conocer si existen trabajadores que realizando el mismo trabajo tienen sueldos diferentes por razones de género.
El departamento de Fátima Báñez también plantea tipificar como infracción grave la negativa de las empresas a no facilitar la información sobre la retribución obligatoria o como muy grave la falta de elaboración o de revisión del plan de igualdad. Igualmente, si esas compañías de más de 250 trabajadores no realizan la auditoría salarial incurrirían en una falta muy grave. Todas las empresas deberían incluir (aunque no estarían obligados a ello) el resultado de estas auditorías en las memorias, informes de Responsabilidad Social Corporativa o en el informe de gestión consolidado, dentro del apartado de información no financiera.
Respecto a la contratación, Empleo propone que la clasificación profesional se rija por criterios no sexistas y plantea que para promocionar internamente se utilicen pautas objetivas o neutras desde la perspectiva de género. El Ministerio no concreta medidas concretas en este sentido pero sí apuesta por la transparencia contractual para acabar con la segregación vertical, el techo de cristal o las diferencias retributivas por cuestión de género.
Otra medida destacada que pone sobre la mesa el Gobierno es la de que el trabajador, en caso de nulidad de una cláusula de un contrato por considerarse discriminatoria, pueda percibir las retribuciones correspondientes al puesto en el cual ha sufrido esa discriminación. Esta situación afectaría, por ejemplo, a mujeres embarazadas en caso de que sean discriminadas.
Empleo también está dispuesto a modificar el Estatuto de los Trabajadores para que, de manera obligatoria, se incluya en la copia básica del contrato de trabajo la retribución percibida por el trabajador. Así se podría comprobar que se cumple la normativa en materia de igualdad. Del mismo modo, el Ministerio está dispuesto a obligar a las empresas a que hagan pública la remuneración media anual desglosada por sexo, grupos, categorías y puestos de trabajo de igual valor.
Una herramienta de ponderación de salarios
El Gobierno se compromete también a poner en marcha una herramienta de ponderación de puestos de trabajo neutra (elaborada por el Ministerio y el Instituto de la Mujer) con el fin de que empleados que realizan un trabajo de igual valor cobren lo mismo. Con ella se podrán efectuar ponderaciones de los puestos de trabajo como base objetiva para las retribuciones. Además, el Ejecutivo quiere que en los convenios colectivos se incluya una referencia expresa a la negociación de medidas de igualdad retributiva y una memoria de impacto de género.
El Ministerio de Empleo, por último, plantea a patronal y sindicatos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social elabore recomendaciones para conseguir la igualdad salarial efectiva entre hombres y mujeres. Y, relacionado con la brecha salarial, propone un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y Racionalización de Horarios que fomente el teletrabajo, bolsas de horas para asuntos propios o finalización de la jornada laboral. Precisamente, la única idea que ha enviado el Gobierno para conseguir la conciliación contiene un párrafo con "generalidades".
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