Bruselas cortará el grifo de los fondos a España si el Gobierno modifica las reformas comprometidas una vez que estén aprobadas. El reglamento del Plan de Recuperación establece que la Comisión suspenderá los pagos si comprueba que un Estado miembro revoca medidas relacionadas con hitos y objetivos cumplidos anteriormente. Es decir, que si el Consejo de Ministros opta por dar luz verde a una norma por la vía del Real Decreto-ley para cumplir los plazos establecidos y los grupos parlamentarios solicitan su tramitación como proyecto de ley, en el caso de que se introduzcan modificaciones relevantes en el contenido a posteriori, las autoridades europeas cancelarán las transferencias de dinero en curso.
Así lo establece el reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el artículo 24 de 'normas sobre pagos, suspensión y resolución de acuerdos relativos a las contribuciones financieras y a los préstamos': una vez alcanzados los hitos y objetivos, los estados deben solicitar el pago a la Comisión, que evaluará el cumplimiento de los mismos, presuponiendo que no se hayan "revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente" y si se observa cualquier incumplimiento, "se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo", recoge el texto reglamentario.
En el caso de que la Comisión determine que no se han cumplido de forma satisfactoria los hitos y objetivos o que se han revocado los que hubieran sido satisfechos previamente, suspenderá los pagos que considere y el Estado miembro afectado podrá presentar observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Comisión haya comunicado su evaluación. "La suspensión solo se levantará cuando el Estado miembro de que se trate haya tomado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos establecidos", zanja el reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Fuentes conocedoras de los vericuetos normativos del reglamento del Plan de Recuperación explican que esta es la fórmula adoptada por Bruselas para evitar que los Estados miembros den marcha atrás en las reformas comprometidas con la Comisión una vez que sean aprobadas. Si bien las autoridades europeas no han impuesto de manera explícita la obligatoriedad de que las reformas que se apliquen cumplan con las recomendaciones de país, los planes de recuperación que han pactado con los gobiernos siguen, en líneas generales, esas indicaciones, y lo que interesa es garantizar que una vez que se cumplan los hitos y objetivos específicos no se reviertan.
Esta condición pone en un brete al Gobierno ante reformas como la laboral o la de las pensiones. Respecto a la última, está previsto que el primer proyecto de ley, que incluye un primer paquete de medidas, se vote en el Congreso en las próximas semanas, de modo que el plazo pactado con la UE para su aprobación definitiva (cuarto trimestre de 2021) se cumplirá, toda vez que la norma ya ha superado el informe de la ponencia con algunas modificaciones. Si bien todo apunta a que la reforma laboral verá la luz por la vía del Real Decreto-Ley, de modo que estaría publicada en el BOE a finales de año, cumpliendo con el plazo estipulado por Bruselas, pero podría ser modificada a posteriori si los grupos pidieran su tramitación como proyecto de ley.
Fuentes parlamentarias anticipan esta situación: "El Gobierno está apurando al máximo los plazos de las reformas comprometidas, especialmente en el caso de la reforma laboral, y lo más probable es que acabe aprobando un Real Decreto-Ley que tendrá que ser tramitado como proyecto de ley en el Congreso, porque así lo van a exigir los grupos al tratarse de una reforma capital con importantes repercusiones en la economía y el empleo". No en vano, el Gobierno se juega a esta reforma y la de las pensiones el segundo tramo de los fondos de Recuperación, que es el más cuantioso, con cerca de 14.000 millones de euros a entregar en el primer trimestre de 2022.
Con todo, otras fuentes, también del ámbito parlamentario, auguran que la Comisión difícilmente suspenderá los pagos, porque para que eso se produzca las Cortes tendrían que introducir modificaciones en la norma "radicalmente opuestas" a las medidas pactadas con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación. "Tendrían que ir en contra de los hitos y objetivos firmados o suponer un retroceso en materias que Europa ha marcado como líneas rojas, como por ejemplo el mantenimiento de la flexibilidad en el mercado laboral", coinciden otras fuentes extraparlamentarias conocedoras de los contenidos de las negociaciones del Gobierno con la UE.
Margen al diálogo social
El Gobierno está apurando todos los plazos posibles para dar más margen al diálogo social. La reforma laboral se lleva negociando con la patronal y los sindicatos desde principios de año, pero hasta después del verano no se han intensificado las conversaciones, especialmente tras la incorporación del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño a la mesa que inicialmente pilotaba en solitario el departamento de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz. El acuerdo con CCOO, UGT y CEOE "no es obligatorio, pero sí recomendable para dar estabilidad a las reformas, certidumbre a los agentes económicos y confianza a Bruselas", admiten fuentes gubernamentales.
El caso de la reforma de las pensiones es distinto. El ministro José Luis Escrivá aceleró las negociaciones para enviar el primer paquete de medidas al Congreso a finales de agosto. No obstante, se dejó para noviembre uno de los puntos más polémicos, el mecanismo de equidad intergeneracional, que finalmente ha sido introducido en el proyecto de ley sin acuerdo con la patronal y dejando escaso margen de maniobra al Parlamento. Esta actitud del Gobierno ha sido duramente criticada por todos los grupos, sin excepción, y el propio ministro tuvo que entonar el 'mea culpa' ante la Comisión del Pacto de Toledo. En definitiva, el ambiente parlamentario no favorece la tramitación ágil de las normas que exige el calendario pactado con Bruselas y el Gobierno se arriesga a perder parte de los fondos.
