El Gobierno gravará las comisiones de la banca y la facturación de las energéticas

El PSOE y Unidas Podemos han presentado una proposición de ley para la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria con las que gravarán la facturación de las empresas energéticas y las comisiones e intereses de la banca. Estas dos tasas que entrarán en vigor el próximo año pretenden recaudar 7.000 millones de euros en dos años, con los que el Gobierno quiere financiar medidas sociales como las impulsadas como respuesta a la guerra de Ucrania. Alrededor de 20 grupos empresariales se verán afectados por estos gravámenes.

Los pagos se efectuarán en dos plazos, en primer lugar habrá un pago a cuenta del 50% en febrero y el segundo se producirá en septiembre una vez se hayan aprobado las cuentas definitivas de los años 2022 y 2023, que son sobre las que se aplicarán las tasas. Para el sector energético será del 1,2% sobre la cifra de negocios y para la banca, del 4,8% sobre la diferencia entre comisiones e intereses cobrados y pagados. El texto legal deja en manos del Banco de España y de la Comisión Nacional sobre los Mercados y la Competencia (CNMC) el control para que las empresas no repercutan en los clientes estos nuevos costes. Las compañías que los trasladen se enfrentan a multas del 150% del impuesto que deberían pagar.

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Los requisitos son distintos para las empresas energéticas que para la banca. En el primer sector se incluyen las empresas gasísticas, eléctricas y petroleras. También aquellas compañías en las que la energía suponga más del 50% de su negocio. La proposición fija en 1.000 millones de euros la facturación de 2019 a partir de la cual estarán obligadas a pagar el impuesto. Ambos partidos consideran que tanto 2020 como 2021 han sido años con mayor volatilidad y por ello ven más representativo el año inmediatamente anterior a la crisis del coronavirus. Se da por hecho que el gravamen se repercutirá sobre grupos fiscales, es decir, que se tendrá que calcular sobre la cifra consolidada de las distintas filiales en España. Se tomará como referencia el registro de operadores principales que publica la CNMC.

Para los bancos, el umbral que se fija a partir del cual tendrán que contribuir con este impuesto es de 800 millones de euros. Para las entidades financieras no se toma como referencia la cifra de negocios, sino la diferencia entre intereses y comisiones cobradas a los clientes y pagadas por las propios bancos. En la elaboración del texto, se ha tenido en cuenta que estos conceptos representan el 80% de los ingresos. En este caso, no se incluyen otro tipo de empresas que puedan realizar servicios financieros y se repercutirá únicamente a los grandes bancos.

Finalmente, el Gobierno ha descartado la alternativa italiana al considerar que los beneficios de una empresa pueden estar afectados por muchos factores, como por ejemplo, en el caso de desinversiones. En el caso de los grupos fiscales, tampoco se tendrán en cuenta las ventas y servicios en el exterior, únicamente el perímetro de consolidación fiscal español. Si se gravará, en cambio, a empresas extranjeras que operen en España.

No será hasta este viernes cuando el Ejecutivo se reúna con las empresas de ambos sectores para trasladarles los pormenores de los tributos, una vez ya se ha presentado la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Sin conocer los detalles, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, apuntó que el anuncio repercutiría negativamente en "la capacidad de los bancos para financiarse" en el mercado y, por consiguiente, la de dar crédito a las familias y empresas. Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, advirtió que gravar lo que el Gobierno califica de "beneficios extraordinarios" de la banca, puede provocar "menos consumo, inversión y recaudación" porque añade incertidumbre en un contexto inflacionista y con la derivada de la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania.

Los dos partidos que componen el Gobierno de coalición inician ahora una tramitación parlamentaria urgente. Está previsto que la proposición de ley llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de final de año. PSOE y UP cuentan con apoyos suficientes para sacarla adelante, pese a la oposición ya manifestada por parte del PP. De momento, el Ejecutivo no ha establecido contacto con ERC, PNV, Bildu y otras formaciones. Lo hará a la vuelta del verano pero los socialistas ya anticipan que no admitirán muchos cambios en la propuesta que ha sido registrada este jueves.