El Gobierno ha reaccionado de inmediato a la decisión del pleno de la Sala III del Tribunal Supremo de ayer, y por la que se establecía de forma definitiva que deben ser los clientes los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no el banco. Y lo ha hecho, con lo que estaba en su propia mano como poder ejecutivo: proponiendo un cambio de la norma y buscando dejar las cosas claras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en Moncloa para anunciar la modificación de la Ley que determina el reparto actual de las cargas tributarias en la firma de un préstamo hipotecario. A partir de ahora, el conocido como impuesto de las hipotecas lo pagarán los bancos.
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"Que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, es decir, la banca", ha anunciado Sánchez apenas 17 horas después de que el Supremo anunciase su postura. "Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana hablará el poder ejecutivo", ha declarado antes de subrayar que su principal objetivo es establecer "seguridad jurídica" y que espera que el resto de fuerzas parlamentarias apoyen al Gobierno en esta reforma y así el poder legislativo cierre el círculo. La forma de cambiar la situación será a través de un Real Decreto Ley para hacerlo de inmediato el jueves 8 mismo.
El AJD está regulado en estos momentos por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De esa ley emana el reglamento, uno de cuyos artículos fue anulado por las sentencias del Supremo. Esa anulación, confirmada en otras dos sentencias similares, es la que ha provocado que le Pleno decidiera de nuevo sobre la interpretación de la ley de la que emana, y que al final ha establecido que el tributo lo paguen los clientes, y no los bancos.
En una breve declaración (aunque luego se ha prestado a preguntas en las que no ha detallado más las decisiones ni la postura oficial), Pedro Sánchez ha comenzado puntualizando que el Gobierno respeta la decisión, pero que nos encontramos en una "situación que no es positiva ni para las entidades, ni para los jueces ni, mucho menos, para los ciudadanos". Por todo ello, ha reivindicado el papel de su gabinete para "garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores". Eso sí, cualquier medida que se adopte tendrá que ser a futuro, es decir, no hay retroactividad posible.
Junto a la reforma legal, la segunda medida anunciada por el presidente este mediodía es la creación de una autoridad independiente en defensa de los clientes financieros. Este organismo, ha dicho, se encargará de proteger a los clientes y reforzar los derechos de los consumidores en relación con el sector financiero. Según ha dicho Sánchez, el proyecto se enviará "en las próximas semanas" a las Cortes Generales y entrará en vigor tras su aprobación, para "garantizar la seguridad jurídica de todos". El objetivo es, según ha aclarado, "reforzar la protección ante los potenciales abusos y mejorar la capacidad de resolver conflitos que se dan en el sector financiero".
La resolución del Supremo sorprendió a toda España con el pie cambiado. En apenas tres semanas, ha habido tres cambios de opinión en un constante giro que ha costado digerir, sobre todo, porque el último volantazo ha sido el menos esperado. La primera reacción desde Moncloa fue de prudencia (y de respeto a las resoluciones judiciales, en la palabras de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a la que le sorprendió la noticia en los pasillos del Senado) y se instó a esperar al Consejo de Ministros de mañana. Pero la realidad iba más rápido y Sánchez ha reunido esta misma mañana a los máximos responsables implicados: la vicepresidenta Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Economía, Nadia Calviño; y el titular de Fomento, José Luis Ábalos. Ya anoche, fuentes del Gobierno adelantaban que se trabajaba en un cambio legislativo de forma inmediata, pero la reacción ha sido instantánea finalmente.
No había otra salida, dada la presión social y política, con todos los partidos unánimamente en contra de la resolución, desatada desde las ocho de la tarde del martes. El Ejecutivo ha tenido que acelerar la respuesta y a primera hora de la mañana la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ya vaticinaba buenas noticias inminentes. Tras varias jornadas de sorpresa en sorpresa, el Gobierno hizo lo previsible: anunciar una reforma inmediata de la ley. "Los ciudadanos no pagarán nunca más este impuesto", ha repetido insistentemente Sánchez.
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