Sábado, 04.04.2020 - 11:23 h
Cerrará su gestión con desfase del 0,9%

El Gobierno ignora la Ley de Estabilidad y gobernará con déficit toda la legislatura

Montero dice disponer de un informe que avala la legalidad de su senda de consolidación fiscal, pese a incumplir el imperativo del déficit cero.

Fotografía María Jesús Montero y Nadia Calviño / EFE
El Gobierno ha presentado sus previsiones de déficit y crecimiento para la legislatura / EFE

El Gobierno no se considera atado por las restricciones que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ha programado un planteamiento presupuestario para los próximos años decididamente desahogado en el que los gastos superarán todos los años los ingresos previstos, y en el que su previsión es dejar las cuentas públicas en 2023 con un desequilibrio del 0,9%, frente al 2,5% que se encontró en el año 2018. A un lado deja el imperativo legal marcado por la ley impulsada en 2012 por Cristóbal Montoro que exige el equilibrio presupuestario a partir de 2020 y la reducción del déficit estructural a razón de 10.000 millones anuales (0,8% del PIB) si eso no ocurriera, como el Gobierno ha confirmado este martes que es su expectativa. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido subrayar que se trata de una senda de consolidación fiscal realista. "No queremos vender humo", ha asegurado, poniendo la senda de consolidación fiscal aprobada por el Consejo de Ministros en contraste con la actualmente vigente, que viene de la época del Gobierno Rajoy y que esperaba un déficit del 0,5% para 2020 y el equilibrio presupuestario en 2021. En contraste con esto, el Ejecutivo -que no ha querido dar el dato de avance de cierre de 2019, para el que el consenso de los expertos apunta a un desfase del 2,5% como poco, exactamente igual que el año anterior-, prevé un déficit del 1,8% en 2020; del 1,5% en 2021; del 1,2% en 2022; y del 0,9% en 2023. 

Con todo, la portavoz del Gobierno dice disponer de un informe de la Abogacía del Estado que avala la legalidad de su senda de consolidación fiscal, pese a incumplir el imperativo del déficit cero. Lo que no ha dicho la ministra es que la senda aprobada este martes desborda también las previsiones realizadas por el Ejecutivo de Sánchez. Las que hizo nada más llegar al poder, cuando Calviño 'negoció' con Bruselas un mayor margen de maniobra que avanzaba un déficit del 1,1% en 2020, y las que hizo hace apenas cinco meses cuando envió su plan presupuestario para 2020 a las autoridades europeas, en el que se descontaba un déficit del 1,7% para este ejercicio. El 1,8% previsto supera en cerca de 9.000 millones las previsiones realizadas hace un año y medio y en más de 1.000 millones de euros las efectuadas hace menos de cuatro meses.

El mayor ajuste, en el Estado

Según la información por administraciones que ha trasladado Montero tras la reunión del Consejo de Ministros, para el Estado se fija un objetivo de déficit del 0,5% del PIB este año, del 0,5% el próximo, del 0,3% en 2022 y del 0,1% en 2023, por lo que la ministra ha indicado que el mayor esfuerzo se exigirá al Estado. Mientras, para la Seguridad Social se establecen unas metas de déficit del 1,1% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023.

En cuanto a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, con lo que se da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

TECHO DE GASTO

Más dinero para "luchar contra la desigualdad"

El Ejecutivo también ha dado luz verde al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que ha elevado hasta los 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado, y que tendrá que ser ratificado posteriormente en el Congreso y el Senado como pasos necesarios para la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020. Montero ha explicado que con este incremento el Gobierno pretende dotarse de más dinero para "luchar contra la desigualdad y la pobreza", acometer la "transformación ecológica justa" y "mejorar el Estado del bienestar". 

En el caso de las entidades locales, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) de este lunes ya se trasladó a los ayuntamientos el objetivo de déficit cero para el periodo, aunque ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.

Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de pasivo  sobre PIB será del 94,6% este año, del 93,4% en 2021, del 91,% en 2022 y terminará la legislatura en el 89,8%. En el caso de las comunidades, los objetivos de la nueva senda fijan una ratio de deuda sobre PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.

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