El Gobierno da margen a los súper antes de aprobar medidas sobre los alimentos

Sin movimientos, de momento. Y eso que el dato definitivo de inflación correspondiente al mes de febrero era una de las referencias que esperaba el Ejecutivo antes de abrir, de nuevo, la caja de herramientas contra el incremento de los precios en el súper. El dato ha cumplido las previsiones: el índice general avanzó una décima en el segundo mes del año  hasta el 6% y, sobre todo, los precios de los alimentos mantuvieron su senda alcista, con un encarecimiento del 16,6%, el mayor desde el inicio de la serie que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Sin embargo, a tenor de las declaraciones públicas realizadas por el ala económica del Gobierno y las fuentes consultadas por La Información, a corto plazo desde Moncloa se quiere dar margen de maniobra a la distribución (y al resto de la cadena agroalimentaria) antes de adoptar medidas adicionales para frenar el alza del coste de la cesta de la compra. Expertos consultados por este diario prevén un alivio notable en la subida de estos productos a partir de la primavera, entre otras cosas por el llamado efecto base -el aumento de precios de los alimentos alcanzó el doble dígito en abril del año pasado, en el 10,1%, y desde entonces fue acelerándose hasta la tasa inédita que registró el mes pasado y que acaba de confirmar el INE-.

¿Qué margen de maniobra tiene el Ejecutivo para frenar la escalada de los alimentos? De momento, la presión no deja de crecer: desde los socios habituales del Gobierno (principalmente Unidas Podemos, que viene reclamando de forma insistente un tope al precio de los alimentos), pasando por las organizaciones de consumidores y, más aún, por las críticas que empiezan a lanzar también los sectores directamente afectados por esta crisis. La última en poner su receta sobre la mesa ha sido la organización agraria Unión de Uniones, que este martes propuso la elaboración de una Ley de Márgenes en sendas misivas a los ministros morados. 

A la espera de que el Ejecutivo mueva ficha, a medio plazo, la polémica sobre la exclusión de la rebaja del IVA de productos pesqueros y cárnicos revivió la semana pasada a tenor de la reunión de toda la pesca (armadores y detallistas, incluidos). El sector anunció que va a iniciar una ronda de contactos con los partidos políticos para que la incluyan esta reivindicación en sus programas electorales. El PP ya se ha adherido a una medida que ve con buenos ojos y que concita apoyos en toda la oposición. 

El Gobierno, a la expectativa 

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos inciden en que los precios de los alimentos están entre las principales preocupaciones del Ejecutivo, pero defienden la validez de las medidas adoptadas hasta ahora (especialmente la rebaja del IVA y el cheque de 200 euros para las familias más vulnerables) sin descartar futuras actuaciones. En este sentido, las fuentes consultadas han asegurado que se actuará con "determinación y eficacia para contener la evolución de los precios". Similar mensaje lanzaron la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes, así como el ministro de Agricultura. Luis Planas hizo hincapié en que el mal tiempo ha afectado de forma negativa a los cultivos de frutas, hortalizas, legumbres, así como de los cereales, disminuyendo las producciones e incrementando la demanda exterior.  

En cualquier caso, el ministro defendió que el alza de los alimentos es menor en España que en otros países de su entorno, como Francia y Alemania. Añadió, además, que "la evolución de los costes producción continúa significativamente a la baja" en referencia a los precios internacionales de materias primas como los cereales (acaba de renovarse el acuerdo del Mar Negro por 60 días) y el gas (importante componente de muchos fertilizantes, por ejemplo). Planas no descartaba que haya leves incrementos de precios, ci bien expresaba la esperanza de que pronto estos "reflejen" esta situación.

Recelos hacia una solución a la francesa 

Lo que sí parece convencer al Gobierno en conjunto es el pacto voluntario que firmaron la semana pasada en Francia el ejecutivo galo y la gran distribución. El objetivo, crear una cesta de la compra a precios asequibles y bajo una misma etiqueta identificativa. Una idea que contaría con el apoyo de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y del propio Planas. Sin embargo, como confirmó este periódico, el camino francés genera recelos en parte del sector de la distribución por temor a la bajada de la calidad y por la limitación de su alcance (en España la cuota de mercado de la gran distribución se sitúa alrededor del 50% frente al 90% que estas grandes empresas ostentan en Francia). También les preocupa el reparto de costes de la medida, a tenor de la obligación legal de remunerar al productor por encima de sus costes de producción. 

Eso sí, tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como organizaciones agrarias como UPA se han felicitado por la iniciativa de Eroski de crear "una cesta de compra básica" de unos 1.000 productos rebajados que, estiman, tendrá un coste para la empresa de unos 12 millones de euros. Desde partidos políticos, socios habituales del Gobierno, como ERC, Más País y EH Bildu defienden que es hora de plantearse medidas como la regulación de los precios de la cesta de la compra o ir más allá y aumentar la presión fiscal sobre las grandes distribuidoras. Todos coinciden en un punto: la rebaja del IVA no ha cumplido de momento el objetivo para el que fue aprobada.

¿Una Ley de Márgenes? 

Unión de Uniones puso el martes sobre la mesa una nueva propuesta: una Ley de Márgenes. Lo hizo hecho llamando a la puerta del ala de Unidas Podemos. En concreto, se remitió por escrito a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, a la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra y al titular de Consumo, Alberto Garzón. En las misivas les propone que apoyen una Ley de Márgenes para productos de primera necesidad. Una norma con la que se buscaría regular los casos y condiciones en que los poderes públicos pudieran intervenir en los precios y márgenes. 

“En el marco ineludible de las normas de libre competencia”, insisten desde esta organización agraria. En suma, para Unión de Uniones, se trataría de desarrollar lo que ya contempla el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y los artículos 1.3 y 1.5 de la Ley de Defensa de la Competencia. “Los instrumentos legales están ahí, pero hay que concretarlos para no perder el tiempo en discutir si galgos o podencos”, concluyen. Desde otras organizaciones agrarias, como UPA, apuestan por centrarse en gestionar la escalada de precios de las materias primas y en avanzar hacia "un verdadero Observatorio de Precios de la Cadena Agroalimentaria que actualice los precios semanalmente". La organización también reclama desarrollar un registro electrónico de contratos.