Unos PGE condicionados por el recibo de la luz

El Gobierno se juega 4.500 millones en la escalada de precios de la electricidad

Industria anuncia 470 millones para las electrointensivas, Hacienda admite que ha dispuesto un colchón fiscal para cubrirse ante posibles subidas y el PGE aumenta la dotación para ayudas y retribuciones.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Hacienda, María Jesús Montero
Europa Press

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha tenido ninguna reserva en asegurar que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 está diseñado con un ojo puesto en los precios de la electricidad. El Gobierno ha decidido no incluir en sus cuentas el efecto que tendría una eventual prórroga del paquete de medidas fiscales aprobado el pasado verano para descargar el recibo de la luz y cuya medida estrella es la rebaja del 21% al 10% del tipo de IVA aplicable al consumo de electricidad, pero tampoco ha ocultado que ha dispuesto los colchones necesarios para absorber el potencial efecto que tendría una prórroga de esas medidas si las tensiones en los mercados mayoristas persistieran.

No hablamos de un asunto menor. En juego, hasta 4.500 millones de euros si se suma el impacto fiscal y las partidas presupuestarias dispuestas para hacer frente a los precios de la electricidad. Las estimaciones de Hacienda señalan que el sostenimiento durante el segundo semestre de 2021 de esas medidas fiscales detraerá 2.000 millones de euros a la cuenta de ingresos del Estado y que su mantenimiento durante un ejercicio completo se llevaría más de 4.000 millones del presupuesto de ingresos del Estado para 2022. Ese escenario no entra en la hoja de ruta diseñada por el Gobierno, pero la ministra de Hacienda ya ha avanzado que el Ejecutivo estará presto para actuar si las tensiones sobre los precios de la electricidad no remiten y se convierten en estructurales...

El flanco fiscal es el principal espacio de incertidumbre. La rebaja del IVA del recibo del 21% al 10%, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la más reciente reducción al mínimo del Impuesto Especial de la Electricidad ya han comprometido este mismo año el cumplimiento de los objetivos recaudatorios del Gobierno, que de cumplirse sus propios avances de liquidación se quedarán 7.000 millones de euros por debajo de la previsión que se formuló hace ahora un año. Su prórroga para 2022 sería un nuevo contratiempo para las ambiciones recaudatorias del Gobierno, si bien éste se empeña en insistir en que sus previsiones se han diseñado con la holgura necesaria para absorber esa eventualidad.

La crisis del recibo de la luz también ha condicionado un puñado de partidas de gasto del proyecto presupuestario para 2022. Lo reconoció este miércoles la ministra de Industria, Reyes Maroto, que anunció que el próximo año los denominados consumidores electrointensivos recibirán del Presupuesto una cifra récord de 470 millones de euros, en gran medida por la presión de los precios de la electricidad. Hablamos de cementeras, empresas del sector metalúrgico, químicas o de gases industriales, industrias dónde el coste energético puede suponer un 50% de los costes de producción y donde la factura de las singularidad regulatoria española es particularmente gravosa.

La partida más relevante, unos 179 millones de euros, se destinarán al mecanismo de compensación de emisiones indirectas de CO2, que ofrece ayudas a las empresas intensivas en consumo de electrividad por los riesgos de sufrir fugas de emisiones que encarezcan su factura eléctrica. La dotación de esta partida aumentará en 100 millones de euros respecto a 2021 con el objetivo, según reconoce el propio Ministerio, de "compensar los aumentos de precios de la electricidad resultantes de la inclusión de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero debidos al régimen para el comercio de derechos de emisión de dichos gases en la Unión".

El paquete diseñado por Industria se completa con 91 millones de euros en bonificaciones para reducir los cargos por el fomento de energías renovables y otros 200 millones de euros que irán a dotar el Fondo Español de Reserva de Garantía para Entidades Electrointensivas, ideado para avalar los contratos públicos y privados del sector, informa EFE.

La presión de los precios de la electricidad también ha persuadido al Ejecutivo para incrementar en su proyecto presupuestaria en 48 millones de euros extra la dotación para el Bono Social Térmico, el programa de concesión directa de ayudas para paliar la pobreza energética que en 2022 contará con un presupuesto total de 157 millones de euros. El Gobierno también ha decidido ensanchar en 10 millones de euros las transferencias a la IDAE para ayudas a consumidores vulnerables en un contexto que ha llevado al límite tanto a particulares como a empresas.

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