La segunda ola de la pandemia de la Covid-19 ha vuelto a poner en jaque a la economía española y, pese al rebote del PIB en el tercer trimestre y la tímida recuperación del mercado laboral, el Gobierno ya asume que el parón que se producirá en la recta final del año con las nuevas restricciones para frenar el virus, sumado al agotamiento que ya acusa el tejido empresarial, dibuja un panorama desolador para la reactivación económica en 2021, cuando se espera una inevitable oleada de despidos. Ante estas previsiones, el Ejecutivo ha desplegado una red de seguridad sin precedentes para amortiguar en parte los efectos de la salida masiva de efectivos del mercado de trabajo.
En el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno contempla varias líneas de actuación para capear la tromba de despidos prevista para el próximo año. Desde un incremento general del gasto en desempleo del 20%, hasta superar los 25.000 millones de euros, para financiar la protección de los nuevos beneficiarios que resulten del impacto en el mercado laboral de la crisis sanitaria, hasta un aumento de las ayudas para los trabajadores despedidos por reestructuración y cierre de empresas. Todo ello, pasando por un refuerzo del presupuesto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y acompañado de un alza de la previsión de exenciones en el IRPF por las indemnizaciones por despido y cese.
En la letra pequeña de los PGE, el Ejecutivo admite que "para el año 2021, se espera un incremento muy importante de las solicitudes de ayudas de los trabajadores despedidos por reestructuración y cierre de empresas derivado de la crisis del Covid-19". Se trata de unas ayudas extraordinarias que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2014, cuando la economía española empezaba a ver la luz al final del túnel de la crisis financiera, para atender situaciones de urgencia socio-laboral y paliar las consecuencias derivadas de los despidos. Aquí se incluyen, por ejemplo, aportaciones a planes de rentas en despidos colectivos o reposiciones de las prestaciones por desempleo consumidas durante los períodos de suspensión de los contratos o de reducción de jornada, entre otras.
Así se recoge en el Informe de Impacto de Género que es transversal a los PGE, donde se argumenta que dado que el incremento de las ayudas se espera que se produzca principalmente en empresas de servicios relacionadas con el turismo, donde se ubica un elevado porcentaje de empleo femenino, con menores salarios y carreras profesionales más cortas que acaban derivando en pensiones más bajas, el aumento del crédito en esta partida tendrá un impacto positivo en términos de igualdad de género, ya que estas ayudas permitirán a las mujeres beneficiarias completar sus cotizaciones hasta la edad de jubilación y, por tanto, cobrar un importe superior al que les correspondería de no percibir estos subsidios.
En paralelo, el Gobierno ha optado por reforzar de cara a 2021 el presupuesto del Fogasa, el organismo público que en última instancia asume el pago de las indemnizaciones y los salarios pendientes de cobro de los trabajadores cuando éstos pierden su empleo y las empresas no disponen de recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones legales, normalmente por situaciones de insolvencias o concursos de acreedores, que es probable que se incrementen durante el próximo año. En línea con las previsiones del Consejo General de Economistas, las insolvencias se van a disparar un 40% en 2021 y se espera una avalancha de concursos ya desde en último trimestre de este año, tras el fin de la moratoria concursal.
El principal foco de preocupación del Gobierno no viene, sin embargo, de las eventuales declaraciones de concurso que puedan acumularse en 2021, sino de la disposición legal que implica al Fogasa en el abono de las indemnizaciones en los supuestos de extinciones de contratos por causa de fuerza mayor autorizadas por la autoridad laboral y que se podrían disparar en el momento en que el Ejecutivo retire los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Desde Trabajo admiten que la actividad por este concepto "se verá incrementada" el año que viene y tal vez ahí resida la explicación del repunte de los créditos presupuestarios para el Fogasa.
Los recursos de este fondo de último recurso se han quedado cortos este año. El Gobierno se ha tenido que manejar con los 146 millones de euros que se presupuestaron para esta partida en los Presupuestos de 2018, prorrogados por segunda vez para este 2020, pero las necesidades generadas por la crisis sanitaria han desbordado esa dotación y han generado un agujero que el Ejecutivo ha estimado en 139 millones de euros en su proyecto de PGE de 2021. De modo que para el año que viene se han presupuestado 295 millones de euros para este partida, lo que supone más que duplicar los créditos destinados a esta cobertura.
Otro indicio de que se avecinan curvas el incremento del 40% en la previsión de exenciones en el IRPF a las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, que pasarán de detraer 501 millones de euros a los ingresos por el Impuesto sobre la Renta en 2020 a restar 705 millones de euros en 2021, según el proyecto de Presupuestos del Gobierno. Este beneficio fiscal exime de tributación las indemnizaciones por despido percibidas por los trabajadores hasta la cuantía de 180.000 euros. En el fallido proyecto de Presupuestos de 2019 - por busca la referencia de un ejercicio 'normal'- se preveía una cifra de 750.000 beneficiarios de esta exención, para 2021 el Ejecutivo espera que se beneficien de la misma 1,2 millones de trabajadores.
Esta es, en líneas generales, la red de protección que va a desplegar el Gobierno ante la amenaza real de una avalancha de despidos sin precedentes. Y es que aunque sigue prohibido despedir por causas objetivas derivadas de la Covid y reducir plantillas en los seis meses posteriores al ERTE, muchas empresas están al límite e inevitablemente van a tener que recurrir a ajustes. Así lo están percibiendo ya los despachos de abogados: desde el bufete Mas y Calvet afirman que "se han triplicado las consultas legales sobre la responsabilidad mercantil y penal de los administradores de sociedades desde que finalizara el estado de alarma", porque "muchos empresarios quieren vender sus empresas o iniciar las gestiones para entrar en concurso"; mientras en Ceca Magán detectan un considerable repunte de la demanda de información sobre despidos colectivos en las últimas semanas.
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