A la espera de la evaluación de Europa

Moncloa maniobra en la UE para recibir fondos sin reforma fiscal y de pensiones

Confía en superar el primer examen de la Comisión Europea con el aval de las medidas ya adoptadas en los últimos meses y con el señuelo de la primera fase de las reformas laboral y de pensiones.

El presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.
El presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.
Moncloa

El Gobierno de España quiere esperar a que la recuperación económica esté lanzada antes de 'meterse en harina' con las reformas estructurales. Así se lo ha trasladado a Bruselas y así espera que la Comisión Europea lo valide en las próximas semanas para aproximar de una manera más afinada el calendario reformista que el Ejecutivo tendrá que abordar de forma inexorable en los próximos años si quiere exprimir los 70.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y los otros 70.000 millones en préstamos a los que tiene acceso por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los emisarios de Moncloa ya negocian con las autoridades europeas los hitos que tomará como referencia la Comisión para liberar el primer pago semestral vinculado al funcionamiento del Mecanismo al que el Gobierno confía en acceder antes de que finalice este año. Hay que recordar que según la secuencia de pagos diseñada por Bruselas, España recibirá un primer anticipo de 9.000 millones de euros - de los 70.000 millones a los que tiene derecho - en el momento en que la Comisión valide el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas hace ya casi dos semanas, pero que a partir de entonces deberá superar exámenes semestrales que evaluarán el cumplimiento de los objetivos y reformas específicas comprometidos para poder ir liberando el resto de los recursos vinculados al Mecanismo. El primero de esos plazos asciende a 16.000 millones de euros y el Gobierno quiere desbloquearlos este mismo año para cumplir el objetivo volcado en los Presupuestos de invertir 25.000 millones ya en 2021.

El planteamiento que el Gobierno está defendiendo en Bruselas, según refieren diferentes fuentes gubernamentales, es que la Comisión tenga en cuenta de cara a ese primer examen las reformas que el Ejecutivo ya incluyó en los Presupuestos del Estado de 2021 y las iniciativas legales que en diferentes ámbitos relacionados con la digitalización, la transición ecológica y otros ejes priorizados por Bruselas se han ido activando o presentando en los últimos meses, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal o la Ley de Ciberseguridad 5G.

De hecho, así se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, donde el peso de las medidas ya adoptadas o ya anunciadas es sensiblemente mayor que el de las nuevas reformas a abordar en el futuro, muchas de las cuales apenas se han perfilado. Es el caso de algunas de las reformas más importantes que Europa reclama a España como la reforma laboral, la reforma de pensiones o la reforma fiscal. En el caso de las dos primeras, España ha justificado la falta de concreción sobre determinados aspectos en que se están negociando en el marco del diálogo social para obtener un acuerdo que apuntale su sostenibilidad en el tiempo - uno de los aspectos que más se valoran en Europa - y en el de la reforma fiscal también se ha lanzado el asunto hacia adelante a la espera del resultado de los trabajos del Comité de Expertos constituido por Hacienda.

El asunto no ha sido pacífico, según reconocen fuentes del Ejecutivo. Los técnicos de la Comisión Europea, escamados ya con España por la falta de implementación de las recomendaciones realizadas en los últimos años, han exigido casi desde el principio resultados tangibles en materia de pensiones y de mercado de trabajo hasta el punto de reclamar al Gobierno, allá por el mes de enero, algún avance en estas materias antes del verano. Con las meses de negociación con los agentes sociales abiertas, Moncloa parece haber logrado un acuerdo con Bruselas para posponer esta exigencia al año 2022, a juzgar por el compromiso trasladado la semana pasada por la vicepresidenta Calviño en sede parlamentaria y por el anuncio realizado este pasado martes por el ministro de Inclusión y Seguridad, José Luis Escrivá.

La negociación sobre los detalles

La discusión con la Comisión se centra ahora en determinar cuál será el grado de maduración de las reformas que se le va a exigir a España para acceder a los 16.000 millones de euros. De otro modo, si bastará con que el Gobierno haya aprobado los proyectos legales en el Consejo de Ministros o si Europa va a exigir que hayan superado también el trámite parlamentario. El Gobierno ha advertido a Bruselas en el Plan de Recuperación que uno de los riesgos o problemas con los que se puede encontrar a la hora de cumplir los compromisos del plan es el eventual rechazo que las medidas pudieran tener en el Parlamento.

Este martes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya ha avanzado que el proyecto de pago por uso para sufragar el coste de mantenimiento de la red de carreteras del Estado se aparcará, lógicamente, si no logra el respaldo presupuestario del Parlamento, por mucho que tenga el respaldo de la Comisión Europea.

El tema no sólo preocupa en el Gobierno. El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reprocharon este martes en sendos actos públicos al Gobierno que no haya intentado ni buscan un acuerdo político amplio al menos sobre las reformas más centrales del Plan de Recuperación, como si se ha hecho por ejemplo en otros países como la Italia de Mario Draghi, donde el plan ha contado con el respaldo del 86% de la Cámara.

Sin gobierno en Cataluña y tras el revés de las elecciones en la Comunidad de Madrid, la falta de apoyos políticos al plan del Gobierno puede convertirse en un lastre a la hora de cumplir los objetivos que marque la Comisión y como consecuencia de ello para desbloquear los fondos europeos. Frente a ese riesgo el principal argumento del Gobierno es su confianza en que los partidos políticos den su apoyo a lo que consideran como un 'plan de país'.

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