El Gobierno ha aprobado una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
Estas medidas se enmarcan en el real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta de las ministras de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Marato, indicó que estas medidas van a permitir a las empresas reducir sus costes de energía y "garantizar la competitividad". "Representan un apoyo a la competitividad de una industria que crea valor y riqueza", dijo. Así, el objetivo de estas medidas es conseguir una disminución de los costes energéticos para los consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación el sistema y los mercados de electricidad.
Además, el Gobierno procederá a prorrogar la vida útil de las instalaciones de cogeneración, que benefician especialmente a la industria. Estas medidas se producen tras los anuncios de cierre por la multinacional Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), que emplean a casi 700 trabajadores.
Creación de redes de distribución de energía cerradas
En concreto, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permite la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.
Asimismo, la normativa establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de estas redes, y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.
Estatuto del consumidor electrointensivo
Además, el real decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.
Para estas, empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, y con este estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado, señala el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en un comunicado. Así, la creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores a escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.
Por otra parte, también se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años.
Actividad productiva durante tres años
El Gobierno impondrá a las empresas que reciban ayudas obligaciones para que mantengan el empleo y su actividad productiva. Maroto señaló que el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%.
La ministra destacó que es "relevante" vincular las ayudas a estas obligaciones para "mantener el tejido productivo y dar continuidad" a la industria, evitando así casos de cierres y marchas de empresas una vez expirado el periodo de caducidad de esas subvenciones. Maroto subrayó que esta medida permitirá que las empresas "se arraiguen con el territorio" y que las ayudas concedidas tengan por objetivo "generar y mantener el empleo".
Asimismo, la titular de Industria adelantó que antes de que finalice el año se procederá al pago de las ayudas de compensación de costes de CO2, una de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2).
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