El Gobierno cumple su amenaza y tramita el impuesto a las fortunas de más de tres millones de euros como enmienda parcial al proyecto de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas. En su lista de enmiendas conjuntas, el Ejecutivo determina que la prestación del gravamen a bancos se exija también a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras sujetas al control del Banco Central Europeo (BCE). Según han confirmado a Efe fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, se trata de una enmienda conjunta del PSOE y UP que se registrará este jueves antes de que acabe el plazo para presentar las enmiendas parciales al mencionado proyecto de ley.
El impuesto a las grandes fortunas, anunciado por el Gobierno en el marco de los presupuestos de 2023, tendrá carácter temporal -ya que estará en vigor en 2023 y 2024-, será deducible del impuesto de patrimonio y tendrá tres tramos que gravarán los patrimonios a partir de 3 millones de euros. Por otra parte, también se habilita la potestad de gravamen sobre las participaciones accionariales en entidades no residentes con activos inmobiliarios subyacentes radicados en España. A juicio de PSOE y Podemos, esto corrige una "discriminación injustificada" respecto del residente, ya que el no residente elude el gravamen por el hecho de interponer una persona jurídica no residente.
Enmienda pactada con Podemos
La medida, pactada por los socios del Gobierno el pasado mes de septiembre, contemplaba un tipo del 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5 millones, del 2,1% para patrimonios de entre 5 y 10 millones y del 3,5% para patrimonios de más de 10 millones de euros. Entonces se calculó que podría recaudar 1.500 millones en dos años, antes de deducir lo pagado por el impuesto de patrimonio. Además del impuesto a las grandes fortunas, las enmiendas del PSOE y UP podrían incluir también la limitación a la compensación de pérdidas de filiales dentro de los grandes grupos consolidados.
Esta medida fue acordada también entre los socios del Gobierno para los presupuestos de 2023 e implica que en 2023 solo se podrán compensar el 50% de las pérdidas de filiales, pudiendo aplicar el resto en 2024. Con ello se incrementará la recaudación en 2.439 millones y solo afectará a 3.609 empresas, un 0,2% del total.
Por su parte, el coordinador de Economía del Grupo Popular en el Congreso, Jaime de Olano, considera un "verdadero atropello a la democracia" que PSOE y Unidas Podemos incluyan la creación de un gravamen a las grandes fortunas mediante una enmienda a la proposición de ley que se tramita en la Cámara baja para regular los nuevos impuestos temporales energéticos y entidades financieras. Para los 'populares', la enmienda supone un ataque al procedimiento legislativo y a las instituciones, ya que ese mecanismo impide que los demás grupos parlamentarios presenten sus alternativas y modificaciones al nuevo gravamen. De Olano asegura no recordar que se haya dado "jamás" la creación de un impuesto vía enmienda.
Según confirmaron a Europa Press fuentes del grupo confederal, el PSOE y Unidas Podemos están trabajando en una enmienda para incorporar en dicha norma el prometido impuesto a las grandes fortunas y así acelerar su tramitación. "Esto es la primera vez que ocurre en democracia, al menos que yo recuerde, y es un verdadero atropello", ha denunciado el diputado en el Congreso. Además, el diputado también ha lanzado críticas sobre el rechazo de PSOE y Podemos a la propuesta del PP de realizar nuevos informes y comparecencias de expertos en torno a los impuestos a energéticas y bancos. "Esto es un verdadero atropello a la democracia española, al poder legislativo y a la separación de poderes perpetrado por Pedro Sánchez", ha sentenciado el diputado del Partido Popular.
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