España acumula 118 brotes de coronavirus desde el inicio de la desescalada, de los cuales 67 están activos en estos momentos. El Gobierno no oculta su preocupación al respecto e incluso empieza a valorar la posibilidad de volver a decretar el estado de alarma: "Sería el último recurso, pero no lo podemos descartar", admitía ayer el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. En este contexto, inquieta especialmente la situación en las empresas que van progresivamente retomando la actividad y que, según ha constatado el Ejecutivo, son focos de posibles rebrotes. Por eso, se ha tomado la decisión de habilitar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a vigilar que las compañías cumplen con las medidas sanitarias de prevención de la Covid-19 en los centros de trabajo. Una medida disuasoria que busca poner la venda antes de la herida bajo amenaza de multa de hasta 41.000 euros.
Con carácter extraordinario y urgente, el Gobierno ha puesto en marcha una acción inspectora específica para vigilar el cumplimiento de las normas de salud pública como medida de refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, donde se señala a las empresas como "lugares de posibles rebrotes". "Los centros de trabajo constituyen espacios proclives a la propagación del virus, como demuestra el hecho de que una parte importante de los rebrotes de contagio habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, se haya producido en los centros de trabajo", dicta el Real Decreto Ley que recoge las últimas medidas de reactivación económica en el ámbito de la vivienda y los transportes.
El texto, ya en vigor, habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los de prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas "para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el incumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública". En concreto, los inspectores supervisarán que las empresas cumplen con la desinfección adecuada de los centros de trabajo, proporcionan agua y jabón o geles hidroalcohólicos, adaptan las condiciones de trabajo organizando turnos y garantizando la distancia interpersonal de metro y medio entre los trabajadores y adoptan medidas para evitar la coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.
El incumplimiento por parte del empleador "constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social". Esto implica que los empresarios se arriesgan a multas de entre un mínimo de 2.046 euros hasta un máximo de 40.985 euros por no garantizar la seguridad de sus trabajadores y, con ello, generar riesgos de posibles rebrotes del virus en zonas geográficas concretas. Hasta ahora los inspectores y subinspectores se limitaban a advertir a las empresas y dar parte a las autoridades sanitarias, pero a partir de este momento se les otorga la competencia de poder imponer sanciones.
Esta nueva tarea de vigilancia no ha sido bien recibida en el cuerpo de inspectores y subinspectores, que acumulan tiempo quejándose del exceso de encargos a los que tienen que hacer frente con una plantilla mermada. "No se puede incrementar la actividad sin reforzar la institución", denuncia la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, quien matiza que entre inspectores y subinspectores de prevención de riesgos laborales apenas cuentan con 1.050 efectivos para toda España. Desde el sindicato consideran que medidas como esta quedarán en "papel mojado" si no se ponen los medios a disposición para llevarlas a cabo.
La Inspección lleva años pidiendo refuerzos, pero sus necesidades se han visto desbordadas por la crisis sanitaria. A su labor habitual de control sobre condiciones laborales, accidentes de trabajo, fraude a la Seguridad Social, falsos autónomos, salario mínimo interprofesional, registro horario... se han sumado nuevas tareas a raíz de la situación provocada por la Covid-19. En concreto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha lanzado una campaña específica para detectar incumplimientos o prácticas irregulares en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a la que ahora se suma la vigilancia sobre las empresas para garantizar que se cumplen las medidas en materia sanitaria, algo que es competencia de la Inspección de Sanidad, según denuncia Ercoreca.
En este sentido, el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, señaló recientemente que "el esfuerzo inversor que han supuesto los ERTE para proteger el tejido productivo y preservar el empleo, debe ir acompañado de un esfuerzo colectivo para prevenir situaciones de fraude, irregularidades y abusos". Sin embargo, los inspectores defienden que con los medios de los que disponen no tienen capacidad para hacer frente a la carga de trabajo y han pedido en varias ocasiones a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que refuerce la plantilla. Por el momento, desde el sindicato de inspectores aseguran que el Gobierno no les ha trasladado ningún plan concreto para apuntalar el organismo en el corto plazo.
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