Comunidades indígenas de las etnias maya, huasteca, náhuatl, entre otras, asentadas en al menos seis estados de México, no tuvieron oportunidad de tener "una consulta libre, previa e informada" debido a "actos y omisiones" de servidores públicos "que otorgaron a una empresa el permiso" para la liberación al medio ambiente de ese cultivo, reportó la CNDH.
"Se trata de un caso en que se acreditó la violación al derecho humano a la consulta" en 2012, enfatizó la CNDH.
El organismo dirigió el señalamiento a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
Estas instancias dijeron por la noche en un comunicado que aceptan la recomendación del Ombudsman "relativa al derecho a una consulta libre, previa e informada, en favor de las comunidades indígenas, sobre el otorgamiento de permisos" dados en 2009 y 2012 para la siembra de soja genéticamente modificada.
Las dependencias indicaron que desde hace meses crearon un grupo de trabajo para hacer un "protocolo base de consulta a pueblos y comunidades indígenas", que se aplicará en las zonas donde se pretenda plantar organismos genéticamente modificados.
Una de las situaciones denunciadas por los indígenas es que en el estado de Yucatán, por ejemplo, el polen que recolectan sus abejas "está contaminado por la presencia de transgénicos", lo que podría poner en riesgo sus exportaciones de miel a la Unión Europea, destacó la CNDH en su recomendación.
La CNDH pidió que al menos durante el trámite del permiso a la empresa, cuyo nombre no reveló, se efectúe la consulta "y se valore implementar medidas para evitar que se afecte este derecho" en otras comunidades.
La plantación de semillas genéticamente modificadas ha despertado diversas protestas en especial por el maíz, base primordial de la dieta de los mexicanos.
En 2009, el gobierno autorizó la siembra de maíz transgénico a Monsanto, una de las empresas más grandes del mundo de semillas genéticamente modificadas, y otras firmas, pero cuatro años después organizaciones civiles ganaron un amparo que impide a las autoridades otorgar más permisos para la liberación de ese grano modificado.
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