El Gobierno ha aprobado un cambio normativo para facilitar la contratación de profesionales sanitarios retirados de la vida activa, haciendo compatible la pensión de jubilación con la actividad laboral. La medida ha recibido la luz verde del Consejo de Ministros este martes, a propuesta del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y busca movilizar a los profesionales jubilados para hacer frente a la pandemia, a pesar de incluirse este colectivo en los denominados "grupos de riesgo".
Se pretende así que los hospitales y los centros sociosanitarios puedan afrontar con más dotación de personal profesional la actual ola de contagios, en línea con las medidas que ya había venido adoptando tanto el Ministerio de Sanidad como las distintas comunidades autónomas, que desde el inicio de la emergencia sanitaria ampliaron la contratación de profesionales a médicos residentes, jubilados y estudiantes de último año, por ejemplo, como apoyo al personal en activo.
Ahora el Gobierno da un paso más haciendo compatible el desempeño de la actividad con el cobro de la pensión de jubilación. Desde el Ministerio de Inclusión explican que se trata de "posibilitar que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía", pero evitan concretar las condiciones hasta que la medida esté plasmada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La fórmula mixta de trabajo-pensión, que es está incluida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha sido defendida por organizaciones de médicos, que la consideran beneficiosa para determinados periodos de tiempo como el verano o la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia, siempre que tuviera un anclaje jurídico que proteja a los profesionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este colectivo es considerado de riesgo por razón de edad, por lo que muchos sanitarios podrían rechazar acudir de manera voluntaria a este llamamiento.
Complemento de maternidad
En paralelo, el Gobierno ha aprobado un nuevo complemento de maternidad para las pensiones que tendrá una cuantía fija de 400 euros desde el primer hijo -hasta ahora solo se podía acceder a partir del segundo hijo-, con el que se pretende reducir la brecha de género en las pensiones del 30% actual a menos del 5%. El Ejecutivo calcula que en 2021 podrán acceder a este complemento unas 30.000 mujeres, aunque no será exclusivo para ellas, sino que también podrán acceder a él los hombres que acrediten que su paternidad afectó a su carrera profesional.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un cambio para que la enfermedad provocada por el SARS-CoV2 pase a considerarse una enfermedad profesional para los trabajadores sanitarios. Con la pandemia se aprobó que la covid-19 fuera accidente de trabajo para el personal sanitario y sociosanitario para todas las prestaciones de la Seguridad Social, ampliando así la cobertura de estos trabajadores. En los casos de fallecimiento se consideró accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se produjera dentro de los cinco años siguientes al contagio y derivado del mismo. Ahora pasará a ser enfermedad profesional, con lo que se tendrá en cuenta a lo largo de la vida del trabajador.
Asimismo, dentro del paquete de medidas promovidas por el departamento de Escrivá, el Ejecutivo ha aprobado una serie de cambios para mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que la prestación llegue a un mayor número de beneficiarios. Una de las mejoras que se introducen es la eliminación del límite de dos titulares. Hasta ahora sólo pueden beneficiarse de la prestación dos personas convivientes en el mismo hogar, de forma que se amplia el grupo de personas. Se flexibiliza, por tanto, el concepto de unidad de convivencia actual. Asimismo, el Gobierno da entrada entre los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo a nuevos colectivos, como las personas sin hogar, un grupo hasta ahora excluido y que se incorpora.
Desde CCOO saludan que "los avances producidos en el ámbito del diálogo social hayan facilitado las reformas que mejoran la protección social para reducir la brecha de género y el reconocimiento de enfermedad profesional de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios afectados por Covid". Si bien al mismo tiempo, la organización sindical lamenta que "el Ministerio de Seguridad Social mantenga un nivel de completa opacidad en buena parte de sus actuaciones, especialmente sobre el Ingreso Mínimo Vital, y promueva desde la misma una constante revisión legislativa de las figuras sin la más mínima participación sindical".
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