El Gobierno aprobó en diciembre en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley de Industria, que ha quedado en el limbo a la espera de su tramitación parlamentaria. Hasta el mes de febrero no se retoma el periodo ordinario de sesiones, cuando tendrá que ser admitido por la Mesa y superar el periodo de presentación de enmiendas en Comisión antes de iniciar un largo proceso de tramitación. La previsión es que tanto el trámite como la negociación se demoren durante meses, lo que situará a las formaciones políticas en fechas electorales. Y teniendo presente la importancia de esta norma para las comunidades históricas, conseguir los apoyos de los grupos de ERC o PNV va a suponer un auténtico reto para los socios del Ejecutivo, en plena campaña permanente hasta la cita de las electorales.
El equipo liderado por Sánchez quiere que esta ley salga adelante en esta legislatura, como confirman fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a La Información. Aunque la aprobación no tiene por qué darse antes de que la titular de la cartera salga del Gobierno para asumir su rol de candidata en las elecciones municipales de Madrid. La extensión del trámite hace previsible que Reyes Maroto abandonará su asiento en el equipo de Gobierno sin sellar su proyecto más ambicioso, pero los grupos del Parlamento consultados por este medio ponen en duda que la norma pueda aprobarse antes de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de elecciones generales.
Dudan que se apruebe en esta legislatura
Las formaciones de la oposición creen que el Gobierno ha sido demasiado optimista en sus cálculos. A los escasos once meses que quedan de legislatura hay que descontar el mes de agosto, puesto que tampoco se celebran sesiones y este margen se estrecharía si finalmente el presidente del Gobierno decidiese adelantar la cita electoral. Por eso, fuentes del grupo parlamentario EAJ-PNV no descartan que el proyecto de la Ley de Industria quede en papel mojado si también se tiene en cuenta el parón legislativo que provocarán los comicios municipales y autonómicos. En la misma línea se han pronunciado los grupos de ERC o Ciudadanos.
Por el momento, la negociación no ha comenzado, según confirman desde el grupo del Partido Nacionalista Vasco, aunque el Gobierno ya les ha trasladado su voluntad de acuerdo y solicitado que trasladen sus puntos prioritarios. Esta normativa, que acapara menos titulares que la iniciativa en materia de vivienda o la posible reforma de la 'ley mordaza', resulta de gran importancia para el Gobierno ya que la actual lleva en vigor desde 1992 y también para las distintas fuerzas políticas, que coinciden en la necesidad de modernizarla para adaptarse a los nuevos tiempos del sector. Si bien, desde el PNV fijan una línea roja antes del inicio de conversaciones: que la nueva ley no persiga recentralizar ni vulnerar las competencias que ostentan las comunidades autónomas en este campo.
La competencia autonómica como línea roja
Para el Ministerio este no parece ser el objetivo, dado que Maroto durante la presentación del anteproyecto destacó que la nueva norma tenía la meta de "afianzar la solidez de la economía española" a través del impulso de una industria "alineada con la digitalización, la sostenibilidad y la economía circular", involucrando al conjunto de las Administraciones Públicas, los agentes económicos y sociales y al conjunto de las fuerzas políticas. Sin embargo, al encontrarse en fase de audiencia pública, el texto puede sufrir distintas modificaciones antes de llegar a la Mesa del Congreso de los Diputados.
En este sentido, las fuentes de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja consultadas apuntan a que la negociación no debería complicarse si el proyecto impulsado por el Ejecutivo busca poner la industria en el centro de la economía a través de la cooperación entre los diferentes actores. Sin embargo, reprochan que la propuesta, anunciada por primera vez en 2018, forma parte de la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030, que las comunidades autónomas no contribuyeron a diseñar.
En 2023 no se celebran elecciones autonómicas en el País Vasco ni en Cataluña, ya que los representantes de sus cámaras se han renovado durante la pandemia. Sin embargo, estas negociaciones, de gran calado en el ámbito autonómico, también se leen en clave nacional. El próximo curso político va a verse especialmente condicionado por las estrategias y propuestas que lleven a cabo los partidos a título individual, con el fin de situar temas en la agenda y hacerse con los votantes en potencia. Algo que se puede traducir en una traba para los grupos del Ejecutivo, que buscan cerrar un acuerdo, mientras los grupos independentistas destacan que no es necesario sacar una nueva normativa nacional para impulsar la industrialización.
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