El Gobierno ordena cerrar el grifo y abre las primeras grietas en el 'escudo social'

"Los riesgos para la economía de retirar los incentivos antes de tiempo son mayores que los riesgos presupuestarios de seguir manteniendo esas ayudas". La advertencia realizada esta misma semana por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no podía ser más oportuna. Casi al mismo tiempo que De Cos pronunciaba esas palabras durante su intervención en la Junta Directiva de CEOE, la negociación para prorrogar las ayudas públicas de los ERTE por causa de fuerza mayor encallaba por las maniobras del Gobierno para tratar de rebajar la gravosa factura del mecanismo restringiendo su alcance a un puñado de sectores y reduciendo el esquema de ayudas públicas vinculado al mismo.

El Gobierno tardó menos de 48 horas en rectificar y abrir la mano para no buscarse un problema de consideración con la herramienta que se ha convertido en el mayor emblema del celebrado 'escudo social'. La última propuesta del Ejecutivo garantiza en gran medida el nivel de cobertura de los ERTE por causa de fuerza al menos hasta el próximo 31 de enero. Sin embargo, en el camino de esta última negociación, aún por cerrar, ha dejado a empresarios y sindicatos pruebas inequívocas de su voluntad de empezar a cerrar el grifo del gasto público derivado de ese escudo protector. 

Si por el flanco del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, las maniobras han estado orientadas a reducir las exoneraciones sobre las cuotas a la Seguridad Social que se prevén en los ERTE por causa de fuerza mayor; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, empezó la negociación planteando la suspensión del principio del 'contador a cero', según el cual las prestaciones recibidas por los trabajadores cubiertos por un ERTE no consumían los derechos a prestación generados antes de la pandemia. Finalizado el estado de alarma Trabajo consideró que era el momento de acabar con este beneficio, pero la oposición de los sindicatos ha llevado a la ministra a admitir su prórroga...con su correspondiente coste presupuestario.

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Con el vencimiento de los ERTE por causa de fuerza mayor - que todavía protegen a unos 773.000 trabajadores, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo - a la vuelta de la esquina, el próximo 30 de septiembre, el Gobierno ha optado por mantener el nivel de protección en este instrumento, pero la cuestión presupuestaria continúa estando ahí y sigue entorpeciendo algunas otras negociaciones en el contexto del llamado 'escudo social'.

Las grietas del 'escudo social'

Una de esas negociaciones se refiere a la eventual creación de un nuevo subsidio especial de 430 euros para garantizar una renta a un colectivo de 550.000 trabajadores y trabajadoras que o bien agotaron su prestación durante el estado de alarma quedándose sin ninguna cobertura pública o bien perdieron el empleo y no tenían generados los derechos suficientes como para tener acceso a una prestación pública. El asunto se vendió como una negociación muy avanzada a principios de agosto, cuando saltó a las páginas de los medios de comunicación, pero cuando ya estamos a mediados de septiembre se encuentra estancada, según admiten fuentes sindicales.

La razón es, una vez más, económica. Según las fuentes consultadas, al tanto de la negociación, el Gobierno pretende limitar el radio de acción de ese subsidio al estado de alarma, de forma que únicamente compense el periodo durante el que no se percibió prestación entre el 14 de marzo y el 21 de junio a razón de 430 euros al mes. El argumento del Ejecutivo es que si el subsidio está pensado para compensar una situación en la que las personas que se quedaron sin empleo no pudieron buscar otra colocación su alcance no puede extenderse al proceso de desescalada. 

La posición de CCOO es diferente. Entiende que si la idea es cubrir únicamente el estado de alarma, lo que se debería hacer es prolongar la vigencia de la prestación por desempleo que se agotó en su día, no crear un subsidio; y que si la solución es un subsidio éste debe persistir en tanto persistan las causas que lo justifican, es decir, las restricciones generadas por la pandemia. Desde CCOO se señala que con la propuesta del Gobierno el subsidio alcanzaría a 200.000 personas, mientras que con la suya alcanzaría casi a 600.000. Lógicamente, esa ampliación tendría un coste económico, que desde el sindicato se estima en 200 millones de euros y que al parecer el Gobierno no está dispuesto a asumir.

Otro frente abierto es la prórroga del Plan 'Me Cuida', el dispositivo habilitado por el Gobierno en los primeros compases de la crisis para permitir a los trabajadores adaptar su jornada o incluso reducirla al 100% para cuidar a familiares en situación de vulnerabilidad e impedir su exposición a la Covid-19 y que reconocía también la situación de baja laboral por accidente de trabajo para los casos de trabajadores que quedaran en cuarentena. El plan, sin embargo, no incluyó al final ninguna medida de protección para los progenitores que se vieran obligados a quedarse en casa por las cuarentenas que tuvieran que aplicarse a sus hijos por los eventuales rebrotes que se pudieran dar en el ámbito escolar, pese al anuncio que realizó en su día el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La posibilidad de una ayuda pública para dar cobertura a los progenitores que tuvieran que quedarse en casa por los aislamientos aplicados a sus hijos volvió a ser deslizada desde el Gobierno en plena ola de críticas por la falta de planificación de la 'vuelta al cole' pero en seguida volvió al cajón. La maniobra no ha gustado a los sindicatos que ahora exigen la instauración de ese subsidio para acordar la renovación del Plan 'Me Cuida' que caduca el próximo 22 de septiembre y que el Gobierno ya ha manifestado su intención de prorrogar. Los sindicatos advierten de que no lo apoyarán si no va acompañado de una dotación económica.

En los sindicatos temen también que este repliegue en el gasto afecte a una de las medidas más simbólicas que el Gobierno se había comprometido a abordar: la reversión del recorte del 60% al 50% de la base reguladora de la cuantía de las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes en el paro que decretó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en el contexto de su plan de ajuste presupuestario. La ministra de Trabajo se comprometió en su día a abordar este asunto de manera urgente, pero los sindicatos temen que la renacida preocupación gubernamental por el control del gasto dé al traste con una medida cuya aplicación esperan para este mismo año.