36 días. Es lo que queda para que acabe el año -festivos mediante- y, a estas alturas, el pesimismo en torno a la posibilidad de alcanzar un pacto de rentas con los agentes sociales se extiende en el Gobierno. Pese a que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se mostraba esperanzada este miércoles en poder reactivar la negociación tripartita tras las elecciones en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo cierto es que en los ministerios del área económica del Ejecutivo más curtidos en la dinámica de diálogo social empieza a darse por perdido el ansiado pacto de rentas, según revelan a La Información fuentes gubernamentales que ya dan por hecho que no habrá 'foto' en 2022.
El pasado 2 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez a la necesidad de alcanzar "un gran pacto de rentas" para hacer frente a la escalada de precios agravada por la guerra recién iniciada por Rusia en Ucrania. Fuentes del Ejecutivo admiten ahora que "todo se ha hecho mal" en torno a ese objetivo. Para empezar, porque los interlocutores sociales ni siquiera entendieron desde el principio a qué se estaba refiriendo el Gobierno cuando hablaba de un pacto de rentas, como quedó constancia en las escasas reuniones vacías de propuestas. La postura aséptica de algunos miembros del Consejo de Ministros no ayudó, como tampoco lo hizo la negativa de la patronal y los sindicatos a ceder en sus pretensiones.
Transcurridos nueve meses desde el germen de la que parecía ser la gran estrategia contra la inflación -al estilo de los Pactos de la Moncloa- no hay ni rastro del pacto de rentas. Ni se le espera. Así lo admiten ya en privado en el propio Gobierno. "Es imposible", zanjan con contundencia las fuentes consultadas. Todo parecía indicar que el Ejecutivo estaba esperando a que la patronal culminase su proceso electoral -que se cerró este miércoles con la reelección de Antonio Garamendi como presidente para otros cuatro años- pero la realidad es que, con el Índice de Precios de Consumo (IPC) todavía en tasas tan elevadas, "hay muy pocas probabilidades, si no ninguna" de que los empresarios se sienten a negociar, admiten fuentes gubernamentales.
"Vamos a ver si después de estas elecciones y con el resultado que salga podemos reactivar este pacto de rentas, porque yo creo que la voluntad de todos los agentes sociales está ahí y a ver si se alinean todos los incentivos y podemos terminar de acordar ese tema, que sería muy importante para nuestro país". Las palabras pronunciadas por Calviño este miércoles se veían desinfladas por miembros del Gobierno apenas horas después. En un tono notablemente más pesimista, fuentes gubernamentales consultadas por este medio rebajaban las expectativas y admitían que, al menos en lo que queda de año, no va a ser posible alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos.
Todo apunta, por tanto -y siempre según las fuentes consultadas-, a que los incentivos a los que se refería Calviño difícilmente van a alinearse. Primero, porque el principal eje de ese gran pacto de rentas debería ser la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en el Gobierno creen que con el IPC todavía disparado en tasas anuales superiores al 7% a la CEOE y a los sindicatos, que son los encargados de negociar en esa mesa bipartita, les va a resultar muy complicado (si no directamente imposible) llegar a un acuerdo sobre la subida salarial, que es la piedra angular del AENC. Y segundo, porque en lo que queda de año todavía hay que negociar asuntos tan importantes como la segunda parte de la reforma de las pensiones o el estatuto del becario, y esas materias, inevitablemente, van a copar las reuniones de la mesa de diálogo social.
Otro de los temas clave sobre la mesa es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y aquí las fuentes consultadas ya dan por descontado que el acuerdo se cerrará únicamente con los sindicatos, sin contar con la patronal. Cierto es que la actualización del salario mínimo es una potestad exclusiva del Ejecutivo, pero por ley debe consultarse con las organizaciones sindicales y empresariales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya tiene asumido que Antonio Garamendi no va a poner su firma en un acuerdo para subir el SMI, pero no va a "hacer ruido" con este tema y optará, como en otras ocasiones, por consensuar la cifra con CCOO y UGT en una negociación "rápida", según revelan fuentes conocedoras de la hoja de ruta prevista para la vuelta del puente de diciembre.
El Gobierno estaba esperando a que pasaran las elecciones de la CEOE para retomar las negociaciones pendientes (pensiones, estatuto del becario...) pero en el caso del salario mínimo hace tiempo que perdieron la esperanza. El renovado líder de la organización empresarial lleva meses rechazando públicamente un nuevo incremento de los costes laborales, pero tras resultar elegido por los socios de la patronal para otro mandato de 4 años todo apunta a que endurecerá el tono contra el Ejecutivo y no pondrá fáciles los pactos, ya que esa es una de las demandas que el sector crítico le ha venido haciendo en el último año (desde que pactó la reforma laboral). En el Ejecutivo no ignoran esa realidad que se vive en Diego de León.
En un eventual pacto de rentas todos deben poner de su parte y el Gobierno considera que ya ha cumplido. Con medidas como el tope al gas, la rebaja del IVA de la luz, el descuento en los carburantes, las subvenciones al transporte, la limitación de los alquileres y las ayudas a los hipotecados, o la mejora del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas, entre otras del escudo antiinflación, el Ejecutivo ha ayudado a mitigar el impacto de la escalada de precios sobre los bolsillos de los ciudadanos. Pero no es suficiente. Los empresarios deben subir los sueldos en medidas razonables y los sindicatos deben aceptar una inevitable pérdida de poder adquisitivo. Así lo han demandado organismos como el Banco de España o, más recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), incidiendo en la necesidad de evitar una espiral inflacionista. El pacto ni está ni se le espera.
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